JUSTICIA
Exclusivo: la orden de captura a Iván Márquez por el magnicidio de Álvaro Gómez
Este es el documento con el que el búnker llama al proceso por la muerte del líder conservador al disidente de las desmovilizadas Farc.
La Fiscalía acaba de sumar un nuevo capítulo a la investigación sobre el asesinato de Álvaro Gómez. En una decisión que no se anticipaba, el ente investigador emitió una orden de captura con miras a que Iván Márquez rinda indagatoria ante esos hechos. En el documento, la Fiscalía asegura que “las probanzas legalmente obtenidas permiten inferir que Iván Luciano Márquez Marín, conocido como “Iván Márquez”, pudo tener algún grado de intervención en el hecho. Específicamente, derivado de las intervenciones que públicamente hicieron diferentes ex miembros de la agrupación armada a la cual perteneció, quienes señalaron que la orden de consumar el magnicidio del doctor Alvaro Gómez Hurtado provino del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo FARC - EP, del cual hizo parte en ese momento, el señor Márquez Marín”.
La Fiscalía se refiere específicamente a los testimonios que han rendido algunos de los desmovilizados excompañeros de Márquez. Como se recordara, en septiembre del año pasado, la presidenta de la JEP recibió una carta en representación del antiguo secretariado de las Farc-EP, en la que asumían su responsabilidad en el asesinato de Gómez Hurtado.
La carta había sido recibida el día 30 de septiembre de 2020 y estaba firmada por Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria, y sus abogados. El anuncio de la JEP se dio luego de que la Fiscalía citó a diligencia de declaración a la exsenadora de la república, Piedad Córdoba, luego de que ella dijera que tenía información sobre ese asesinato. “Yo lo que sé sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado no lo voy a volver un tema de farándula, ni mediático, lo voy a decir en la Comisión de la Verdad, porque creo que el país necesita saberlo, porque vuelvo y reitero, aquí se asesina a líderes y líderesas y pareciera que no afectara a la sociedad, y sí afecta, como son las masacres por ejemplo”, había dicho Córdoba en el programa de SEMANA, El Debate.
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Después de la carta a la JEP, el congresista del partido comuneros y ex Farc, Carlos Lozada o Julián Gallo, declaró ante la Justicia Especial Para La Paz que ejecutó la orden del secretariado de las Farc de matar a Álvaro Gómez Hurtado, la cual también fue discutida en el Estado Mayor. Según él, el líder conservador fue atacado por ser considerado “objetivo militar”.
En el documento, la Fiscalía recoge ese testimonio de Julián Gallo. “El doctor Álvaro Gómez Hurtado había sido considerado a lo largo de la historia de nuestra organización como la persona que tuvo bajo su responsabilidad los debates en el Senado de la República en la década del 60, que permitieron el desarrollo y la generación de lo que fue la ofensiva militar por parte del Estado que le dio origen al alzamiento armando de las FARC EP”.
Gallo agregó que ’'lo vivimos en la década de los 80 cuando en medio del proceso de los diálogos con el gobierno se exterminó a la unión patriótica, más de 5.000 mil militantes y dirigentes de la unión patriótica asesinados, lo habían vivido las guerrillas liberales también con el asesinato de varios de los jefes guerrilleros que firmaron acuerdos de paz anteriormente... Todo este contexto es necesario ponerlo de presente para entender, digamos, cuáles son las razones y las motivaciones que llevan a que muchos años después se tome la decisión por parte de las FARC de ejecutar, pues, el homicidio contra la persona de Álvaro Gómez Hurtado”.
El líder de la desmovilizada guerrilla cuenta que también existió una motivación histórica para ese crimen. “Es conocido también por el país el papel que desempeñó el papá de Álvaro Gómez Hurtado, el ex presidente Laureano Gómez, en todo lo que significó esa violencia de los años 50 y posteriormente su hijo como senador de la república”, agregó. Y señaló que a “Álvaro Gómez Hurtado lo reconocemos nosotros como la persona o uno de las personas responsables de haber desatado un conflicto que se prolongó por más de 53 años con el Estado colombiano generando miles y millones de victimas en Colombia. Esas son, digamos, como las razones que permiten entender por qué esa decisión se toma, digamos por parte de la dirección de las FARC EP en ese momento, noviembre de 1995″.
Gallo fue enfático en decir que se trató de una decisión tomada por el Estado Mayor de las Farc, “esa fue una decisión de las FARC y por eso una vez se tuvo conocimiento se comunicó y la dirección de las FARC tomo la decisión”, aclaró.
En ese contexto, la Fiscalía asegura que Iván Márquez, como miembro de ese Estado Mayor también debe responder por ese crimen. Por cuenta de su regreso al monte, la JEP lo expulsó de la justicia transicional y por lo tanto, la competencia de ese proceso quedó en manos de la justicia ordinaria.
Julián Gallo aseguró que para la fecha eran miembros de ese Estado Mayor: “Manuel Marulanda Vélez, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Jorge Briceño, Timoleón Jiménez, Iván Márquez si mal no recuerdo, tal vez se me escapa uno, no, no recuerdo el otro en este momento.”
La decisión de llamarlo a indagatoria con orden de captura se produjo en el despacho de la fiscal delegada ante la Corte Elba Beatriz Silva, quien además ordenó una inspección judicial al expediente de expulsión de la JEP de Márquez.
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El documento señala que “teniendo en cuenta que se investiga el delito de homicidio agravado, el cual tiene una pena mínima superior a los cuatro (4) años, este despacho encuentra procedente dar aplicación al inciso segundo del artículo 336 y por lo tanto ordenará la captura del señor Iván Luciano Márquez Marín, a efectos de garantizar su comparecencia a la diligencia de indagatoria y su consecuente vinculación formal a la investigación”.
Una vez librada la orden de captura se comisionará a los funcionarios adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por un término de veinte (20) días para realizar todas las labores y coordinaciones necesarias que permitan la captura.
Aunque la fiscalía no descarta otras hipótesis que viene investigando hace años sobre el asesinato de Álvaro Gómez como la posible alianza de narcos del norte Del Valle y políticos, quiere avanzar e interrogar a todos los posibles implicados en el caso. Incluso, a aquellos que tengan que ver con la versión de los ex Farc. Al final todas las hipótesis quizás tengan que ver una con la otra: una alianza narcotráfico, Farc y política.
Por orden del fiscal general Francisco Barbosa, funcionarios judiciales hacen un barrido en todos los procesos en los que están involucrado son Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, ya que por haber salido del proceso de paz, tan pronto se concretan sus expulsiones de la JEP, de inmediato quedan en manos del ente acusatorio.
Todos ellos además tienen procesos pendientes en EEUU por narcotráfico, están pedidos en extradición y ofrecen millonarias recompensas en dólares a quien los entregue.