Exclusivo: Procuraduría tiene en la mira a cuatro generales del Ejército por operativo contra disidencias de Farc en Putumayo; habrían muerto civiles

El escándalo que se armó en el país luego de que el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, en marzo de 2022, anunciara un contundente golpe contra las disidencias de la Segunda Marquetalia, en el cual murieron 11 personas que supuestamente portaban armas largas, ahora está dando un duro coletazo en la cúpula de las Fuerzas Militares. Cinco generales están en la mira de la Procuraduría porque, como se afirmó en ese momento, entre los muertos habría civiles.

SEMANA conoció un contundente documento de la Procuraduría delegada para el caso en el que toma una dura decisión: pide investigar al mando de la operación militar que ordenó el operativo, entre los que se encuentran generales activos.

Se trata del general Juan Carlos Correa, actual inspector del Ejército, quien era el jefe de Aviación y Asalto Aéreo; el general Freddy Marlon Coy, actual jefe de Operaciones del Estado Mayor, para entonces comandante de la Sexta División, y el general Walther Giraldo, jefe de la Fuerza de Tarea Quirón en Arauca, en ese momento comandante del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales.

No obstante, la lista sigue, y según el documento de la Procuraduría, está el general David Leonardo Gómez, quien era el comandante de la XIII Brigada, actual comandante de la Quinta División. Sin embargo, desde el Ejército explicaron que no tenía jurisdicción de la zona de Putumayo. Y el coronel Carlos Mauricio Salgado, quien era el comandante de la Brigada Especial Contra el Narcotráfico.

Según fuentes de alto nivel, uno de los principales sustentos de esta solicitud de investigación está en que “ordenaron el ataque teniendo claro que el objetivo principal, Carlos Loaiza Quiñones, alias Bruno, encargado de la comercialización de la droga para esa organización criminal, ya no estaba en el sitio, y que había población civil, hombres, mujeres, algunas en embarazo, y niños, en desarrollo de un bazar comunal”.

La orden de operación que se llevó a cabo en la vereda El Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, fue denominada Mahlon 005, emitida por el Comando del Batallón contra el Narcotráfico n.° 3, y además fue acompañada por un informe de patrullaje del 29 de marzo suscrito por el comandante del equipo de reconocimiento.

El reporte fue definitivo para que la orden de iniciar el operativo escalara desde los hombres en terreno hasta el comando. Señalaba que a las “6:40 el PVT (Patrulla Táctica), al mando del SS (sargento segundo) Quiñones, informa al comandante de batallón que se tiene plenamente identificados combatientes ilegales en armas del Gaor-E-48 portando armas largas”.

Más adelante, este informe operativo, indica que a las “7:05 se verifica el tiempo atmosférico, con buenas condiciones para el apoyo de las tropas; se discrimina por parte del equipo TAP (Tirador de Alta Precisión), combatientes ilegales en armas de la estructura Gaor- E-48 sobre el embarcadero, con intenciones de abordar las lanchas y salir del área; se solicita efectuar el disparo, por medio radial tipo Harris, y simultáneamente se efectúan coordinaciones entre los equipos”.

Ya siendo las “7:13 se efectúa el disparo del TAP, teniendo en cuenta la discriminación de un blanco lícito, se informa que se neutraliza a un combatiente ilegal en armas de la estructura”.

La Procuraduría, que de inmediato envió al lugar de los hechos un equipo de investigaciones especiales que durante meses recogió testimonios, documentos, órdenes operacionales, pruebas forenses de balística y distintas evidencias para armar el rompecabezas de lo que sucedió en la vereda El Remanso, fue encontrando las constancias de cómo los comandos en tierra que hicieron la operación pidieron autorización para el ataque, y esta fue escalando en jerarquía hasta llegar al más alto nivel, es decir, los generales.

El coletazo

Precisamente en uno de los documentos, dirigido al comandante del Batallón contra el Narcotráfico n.° 3, el entonces teniente coronel Andrés Cadena, se refiere de esta manera: “Para el día 28 de marzo a las 7:20, el equipo TAP reporta personal armado sobre el sector de la orilla del río, momento en el cual se pide autorización para efectuar disparos; (...) se efectúa el primer disparo por orden del comando superior”. Ahí está justamente la nuez de la investigación que está dando un coletazo al más alto nivel. Según el documento de la Procuraduría que revela SEMANA, “observa este despacho que en los hechos podría verse comprometida la responsabilidad de oficiales militares cuyo rango es de generales de la república y equivalentes”.

La decisión, que toca a lo más alto de la cúpula militar, no es la única que ha tomado la Procuraduría sobre este operativo. Entre las primeras medidas, abrió la investigación y vinculó de manera formal a algunos de los hombres que participaron en terreno, un capitán, un teniente y tres suboficiales. Los llamó a entregar sus explicaciones en versión libre, pero guardaron silencio, acogiéndose a su derecho constitucional.

El bazar cocalero

Uno de los puntos más álgidos de la investigación que adelanta el equipo especial de la Procuraduría, además de establecer posibles ligerezas al momento de ordenar el ataque, tiene que ver con la verificación de si las personas que se encontraban en el lugar eran efectivamente miembros de las disidencias, tal como lo señaló el primer reporte, enviado desde terreno, a las 6:40.

El asunto se pone más espinoso, pues aunque es claro que iban por un objetivo lícito, nada más y nada menos que Carlos Loaiza Quiñones, alias Bruno, principal encargado de la comercialización de droga para la Segunda Marquetalia, este finalmente se fugó y se perdió la finalidad principal de la misión. Además, en el operativo, en el que murieron 11 personas, según los resultados de las primeras investigaciones, no todos eran miembros de ese grupo criminal y se habrían lesionado civiles, violando el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

Y es que el asunto generó un gigantesco debate en medios y en el Congreso, mientras en la zona algunos habitantes aseguraban que fue un ataque indiscriminado contra la población civil y que no se trataba de delincuentes, sino de personas que estaban de fiesta en un bazar. Desde la otra orilla, tanto el ministro de Defensa, Diego Molano, como la cúpula militar tenían su propia versión, y afirmaban que quienes estaban ahí eran delincuentes.

Molano dijo que en el sitio donde ocurrieron los hechos “no se encontraban inocentes campesinos, sino integrantes de las disidencias de las Farc. Según fuentes de inteligencia, estaban vestidos de civil, y se dedicaban al narcotráfico y la extorsión”.

Esta posición fue respaldada entonces por el general Correa, quien afirmó que “la maniobra militar desplegada cumplió con todos los protocolos y lineamientos estipulados en la doctrina militar para el desarrollo de acciones ofensivas”.

Las versiones cruzadas señalaban que sí había una reunión, una fiesta. Para quienes denunciaban que había sido un ataque contra la población civil, el evento tenía como fin reunir fondos para una placa huella. Por el contrario, el ministro Molano lo calificó como un “narcobazar”, de tres días, organizado por la Segunda Marquetalia, para la comercialización de la pasta de base de coca, que sería sacada en lanchas desde El Alto Remanso, para trasladarla a laboratorios y enviarla a mercados internacionales.

Además, en investigaciones y testimonios recogidos por las autoridades hay registros de que, luego del operativo, cuando ingresaron las Fuerzas Militares, pobladores de la zona tomaron algunas armas de quienes estaban en el bazar cocalero y las tiraron al río.

Lo cierto es que este operativo militar no se quedó ahí; un año después, las investigaciones avanzan con paso firme, pero ahora, al estar involucrados generales de la República, será la sala disciplinaria de instrucción de la Procuraduría, recientemente creada, la que dicte la última palabra. Decidirá si los sienta en la silla de acusados o los exime de responsabilidad disciplinaria por las muertes ocurridas en la vereda El Alto Remanso.

Ante la gravedad de los hallazgos de investigación de la Procuraduría que ponen sobre la mesa la presunta responsabilidad de generales de la República en la muerte de civiles en este operativo, respondieron con un escueto comunicado en el que señalaron: “Consultadas las dependencias de la Fuerza encargadas de estos asuntos, hasta la fecha informan que no han recibido notificación alguna sobre el particular. Como es nuestra política institucional, atenderemos los requerimientos de las autoridades judiciales en el marco de la colaboración armónica y en cumplimiento a la ley, tal y como se ha venido haciendo”.