Exclusivo | Las cartas bancarias falsas y nuevos hallazgos de la Procuraduría en el escándalo de corrupción de Emcali

SEMANA sigue revelando nuevos detalles de uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años en Colombia: el caso de Emcali.

Y es que son varias investigaciones las que se adelantan en lo disciplinario. Por ejemplo, hace pocos días, la Procuraduría solicitó al gerente encargado de Empresas Municipales de Cali (Emcali), Humberto Serna, la suspensión de la ejecución del contrato que adjudicó la compañía por más de 215.000 millones de pesos a la unión temporal AMI 2022, debido a sobrecostos.

No es para menos. En juego hay más de 215.000 millones de pesos, en un expediente en el que fueron destapadas irregularidades como compras de televisores de 55′' Smart LED cobrados por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos seis millones de pesos; y sillas ergonómicas de uso intensivo 24/7 que aparecen en 17.968.474 pesos.

Recientemente, la Procuraduría realizó una inspección directa señalando que se pudo identificar la existencia de presuntos sobrecostos en los productos contratados, razón por la cual se solicitó al gerente de la empresa contratante “suspender la ejecución del contrato para evitar la posible lesión al patrimonio público derivada de los altos valores”, señaló la entidad.

Y agregó el Ministerio Público: “La solicitud está encaminada a la protección del patrimonio público y fundamentada en la manifiesta desproporción de los valores contratados”.

En la solicitud también se pide la suspensión de los pagos a la unión temporal, ya que, de acuerdo con el ente de control, existe riesgo de “vulnerar el ordenamiento jurídico si los pagos se realizan o continúan realizándose”.

Pero eso no es todo. La Procuraduría tiene entre sus líneas de investigación a varias personas. Hay una indagación en contra de Arturo Fernández Manrique, gerente del área de abastecimiento de Emcali, contra Luisa Fernanda Fajardo Gil, evaluadora financiera; de igual manera, aparece en el expediente Diego Alejandro Silva Arana, en representación del Consorcio Renovación Puerto Mallarino.

En uno de los autos de la Procuraduría, conocido en exclusiva por SEMANA, se menciona precisamente a dos organizaciones: Clarificación Puerto Mallarino y la anteriormente mencionada Renovación Puerto Mallarino, que según información de la Fiscalía General, citada por el Ministerio Público, habrían presentado cartas de crédito de respaldo financiero expedidas por el Banco ltaú, presuntamente falsas.

Señala la Procuraduría que dicha situación llevó a Emcali a requerir a dicha entidad bancaria “certificar si tales documentos eran auténticos o falsificados, contingencia que llevó a la suspensión de una ejecución del contrato, los pagos o cualquier entrega de dineros, hasta tanto no se verificara la idoneidad de los documentos por parte del banco”. Lo mismo ocurrió con otro contrato de mayo de 2021 celebrado por Emcali con el contratista Consorcio Clarificación Puerto Mallarino.

De hecho, la Procuraduría pide, entre las pruebas ordenadas, certificar si dentro de los mencionados procesos contractuales se desarrolló de manera adecuada el de verificación de las Cartas de crédito que presentaron los consorcios presuntamente respaldadas por el Banco Itaú.

La Procuraduría busca establecer si hubo un intento por falsificar dicha documentación.

La polémica

El cuestionado contrato que Empresas Municipales de Cali adjudicó a la unión temporal AMI 2022 para poner en marcha unos medidores de energía inteligentes, no solo contempla la compra de televisores por casi 43 millones de pesos y sillas por más de 17 millones de pesos, sino que además establece un adelanto de 15.119.099.000 pesos.

SEMANA tuvo acceso al contrato y conoció que el compromiso fue firmado el 21 de julio de este año con total conocimiento del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, y del representante legal de la unión temporal AMI 2022, Juan Camilo Ossa Hoyos, por un valor total de 215.879.358.926 pesos.

El contrato empezó desde el momento en que las partes estamparon sus firmas y va hasta el 31 de diciembre de 2028. En el documento se establece que Emcali deberá desembolsar año tras año unos montos fijos, hasta cancelar el valor total del contrato.

El primer pago quedó establecido para este año por un monto de 23.695.031.047 pesos, de los cuales, 15.119.099.000 pesos se pagarían de manera anticipada y “reembolsable”, mientras que el resto (8.575.932.047 pesos) se cancelarían por concepto de “pago de vigencia”. “Los pagos se realizarán dentro de los veinte a treinta días calendario, contados a partir de la aceptación de la factura”, asegura el contrato.

Tal parece que el jugoso adelanto que Emcali debe hacer a la unión temporal AMI 2022 todavía no se ha desembolsado, pese a que el contrato se firmó en julio.

“Lo que tenemos entendido es que este anticipo de 15 mil millones de pesos todavía no se ha desembolsado, pero nos parece muy grave que sin haberse dado este anticipo, ya se estén viendo, en el mismo contrato, sobrecostos en elementos muy sencillos como el material para organizar un puesto de control”, dijo a SEMANA Jhoni Trejos, dirigente del Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali).

Además de compras por valores inflados de un televisor de 55 pulgadas Smart LED que fue cobrado por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos seis millones de pesos; una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 aparece en 17.968.474 pesos, una estación de trabajo tipo administrador en 49.327.594 pesos, un teléfono IP para estaciones de trabajo en 1.368.519 pesos.

“El proceso contractual se ajusta de tal manera que tratan de dejar a un único proponente, lo que pasó con la Unión Temporal AMI, una empresa que acumula contratos en Emcali cercanos a los 200 mil millones de pesos, y además es una compañía que en las denuncias a nivel nacional está relacionada como una de las articuladoras del cartel de las energías renovables”, denunció.

Al hacerle seguimiento, lograron identificar todo tipo de situaciones irregulares. “Organizan el proceso contractual, que la participación sea un único proponente, además de los sobrecostos. Y este es un proceso muy importante para Emcali, que va hasta 2028, y que tiene que ver con todo un tema que tiene el Gobierno nacional dispuesto; se trata de la medición inteligente”, afirmó el dirigente sindical.