Exclusivo: las escandalosas prebendas que recibió una exgobernadora que tenía un predio en islas del Rosario, pero no pagaba el arriendo

El 6 de marzo de 2015, dentro de la feria de contratos que el Incoder firmó justo antes de su liquidación, entregó un jugoso predio en islas del Rosario. Se trata del terreno conocido como Estero de Canapote, uno de los más hermosos parajes del sector.

El terreno tiene una extensión de 1.700 metros cuadrados, y como todos los otros vinculados al escándalo fue arrendado por monedas, el canon mensual de arrendamiento se firmó por 869.071 pesos más IVA, es decir, que en ese momento pagaba cerca de 511 pesos por metro cuadrado.

Tal como sucedió con otros terrenos del polémico episodio, fue suscrito por ocho años, con posibilidad de prórrogas y renovaciones, y la beneficiaria fue Leonor Serrano de Camargo, exgobernadora de Cundinamarca.

Pero esa es la menor de todas las sorpresas. El desarrollo del contrato fue tan tortuoso que terminó en una investigación por varios presuntos incumplimientos por una de las mujeres más poderosas del país, quien también fue senadora.

Una fuente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le confirmó a SEMANA que hacia 2019, la exgobernadora comenzó el proceso para terminar el contrato que le asignó el Incoder, y recurrió hasta una tutela para que le respondieran su solicitud. Cuando finalmente la atendieron, se dieron cuenta de una serie de presuntos incumplimientos que la propia exfuncionaria admitió, a través de sus abogados.

SEMANA tuvo acceso a la resolución en la que se decide no sancionar las gravísimas irregularidades que uno de los mismos funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras relató, que los defensores de la exgobernadora confirmaron y que las inspecciones en campo detallaron.

La primera de ellas es que, pese a que pagaba solamente 861.071 pesos cuando arrancó el contrato, la exgobernadora entró en mora y no pagó el arriendo correspondiente.

De hecho, dentro del proceso figura que “según reporte de cartera elaborado por la subdirección administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Tierras con corte 13 de agosto de 2020, el arrendatario del predio denominado Estero del Canapote se encuentra actualmente con un saldo pendiente por valor de $ 6.218.056,40″.

La segunda es que el predio estaba al garete y en pésimas condiciones, al punto que dentro de las diligencias la ANT dice que hay “constancia del avanzado estado de abandono y deterioro del predio y del uso de este por parte de pescadores de la zona”.

La tercera es que la póliza de cumplimiento, que se exige para los contratos que se firman en el sector público, al parecer no estuvo lista a tiempo; de hecho, Seguros del Estado se refirió al tema dentro del proceso y pidió “acudir a la posibilidad de que la ANT dé aplicación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

Esta propuesta resulta muy escandalosa, porque el no pago del arriendo configuraría una de las causales para la terminación del contrato y la eventual aplicación y pago del seguro convenido.

Por su parte, los defensores de Leonor Serrano, en varias audiencias adelantadas dentro del proceso, no solo admitieron que no pagó el arriendo, sino que confirmaron que el predio estaba abandonado.

“Hay una disposición inmediata de poner al día el predio en cuanto a lo patrimonial, los cánones no pagados sin ningún tipo de discusión; segundo, el frente a las obligaciones de hacer, en este caso mantener el predio libre de invasiones, a veces pernoctan pescadores”, aseguraron en una diligencia, tal como quedó consignado en el acta.

Y agregaron que, pese a los incumplimientos manifiestos, la exgobernadora era la más interesada en resolver el lío. Uno de sus apoderados declaro que “la doctora Leonor Serrano de Camargo es una persona con una trayectoria publica notoria y de muchísimo tiempo, y ella ha estado muy inquieta porque ella no ha tenido respuesta y ella ha sido funcionaria publica en todos los niveles, y pues su situación personal frente a esos deberes no quiere entorpecer ni ser la causante de incumplimientos, no quiere ver su nombre de por medio en una situación de estas”.

Por eso, pidieron un arreglo amistoso y solicitaron “suspender mientras se ponen al día las obligaciones, y una vez se pongan al día se archive el presente procedimiento, compromiso de poner al día las obligaciones del contrato, esto sería todo de parte de la arrendataria”.

Increíblemente y pese a que todos y cada uno de los graves incumplimientos por parte de la exgobernadora podrían implicar hasta la terminación del contrato y el pago de una multa -según varios juristas consultados por SEMANA-, la ANT aceptó la propuesta de sus abogados y de la aseguradora, y ordenó una nueva visita al terreno en islas del Rosario.

Luego de esa inspección en campo, el proceso señala que “se evidenció que, en el predio se efectuó labor de limpieza de todo el predio donde se recogió escombros, limpió la maleza, recolectó la basura, entre otros actos de limpieza, también cesó la presencia de los pescadores como anteriormente se observaba”, y también confirma que “mediante estado de cuenta generado por la Subdirección Administrativa y Financiera se evidencia que a la fecha el predio “Estero del Canapote” contrato 005-16, no presenta mora en el pago de los cánones de arrendamiento, y se allegó la póliza de cumplimiento n.° 37-44-101036813 expedida por Seguros del Estado”.

Es decir, la exgobernadora subsanó, autorizada por la ANT, todos los gravísimos incumplimientos que estaban demostrados. La entidad, en lugar de declarar la cancelación del contrato, imponer la multa correspondiente y hacer efectiva la póliza del seguro, exoneró a Leonor Serrano de Camargo el primero de diciembre de 2021, decretó el episodio como “hecho superado” y ordenó terminar el proceso y archivar la investigación.

El final de la historia es todavía más sorprendente. La exgobernadora, una de las mujeres más acaudaladas del país, pagó los arriendos atrasados, cancelando casi 17 millones de pesos y se salió con la suya, pues consiguió cederle el contrato, con autorización de la ANT a otro beneficiario, en enero de 2022.

SEMANA intentó conversar con la ex funcionaria para escuchar sus comentarios sobre el caso, pero no fue posible localizarla.