Exclusivo | Las pruebas contra el general (r) Mario Montoya

Cuando el fiscal Francisco Barbosa firmó la directiva que permitió reactivar las actuaciones en el proceso que estaba en el ente acusador contra el general (r) Mario Montoya por casos de falsos positivos, los detalles eran alarmantes, pues habló de 104 falsos positivos ocurridos mientras era comandante del Ejército Nacional. Sin embargo, la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá de declarar improcedente esa decisión, no dio tiempo al fiscal del caso de explicar las razones para llevar al oficial en retiro a la imputación. Las pruebas se quedaron guardadas.

“Desde que el general Montoya llegó al comando del Ejército instauró para todas las unidades (desde las divisiones hasta los pelotones), incluidas las tropas agregadas al Comando Conjunto n.° 1 Caribe que no estaban bajo su control operacional, una política de comando basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar y comparar a las unidades. Los comandantes de sus unidades subordinadas sabían que Montoya no pedía, él exigía muertes en combate”, se lee en el expediente en contra de Montoya, conocido en exclusiva por SEMANA.

Según las investigaciones, el general fue más allá y su proceder habría sido macabro. “El general Montoya comparaba a las unidades militares utilizando un ranking, en el que el único criterio de evaluación era la cantidad de muertes en combate reportadas. No se valoraban las desmovilizaciones, las capturas, la efectividad en el control militar de área relacionado con la disminución de afectaciones a la población civil, la integridad de la infraestructura o factores similares”, señala el proceso en su contra.

La presión de Montoya habría sido tal que los comandantes de división, brigadas y unidades tácticas terminaron acatando y transmitiendo sus aterradoras órdenes. Puntualmente, el general se aprovechó del Plan de Moral y Bienestar “para que los permisos, cursos, condecoraciones y demás beneficios contemplados fueran otorgados principalmente a los integrantes del Ejército que cumplieran su política de muertes en combate. Dichos beneficios eran concedidos en todos los niveles del mando, es decir, desde los soldados hasta los comandantes de Brigada”, según se lee en el expediente.

Los que no cumplían con esas órdenes, según consta en el proceso, eran sometidos al “escarnio ante todo el Ejército durante los programas radiales. Montoya impartía instrucciones para que los relevaran del mando, no les dieran permisos especiales o cursos, los calificaran en listas inferiores respecto a quienes sí cumplían con la cantidad de muertes en combate que exigía”.

Las primeras sospechas de lo que podría estar ocurriendo llevaron al Ministerio de Defensa a emitir una directiva permanente (la 10 de 2007), hacia junio de ese año. Allí, textualmente, reiteraron las obligaciones “para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida”. De hecho, se creó un comité para hacerles seguimiento a las denuncias por las ejecuciones extrajudiciales.

Se sabe que de las seis sesiones del comité, entre julio y noviembre de 2007, Montoya solo asistió a la primera. A las restantes envió delegados. En dichas reuniones “se analizaron las causas del incremento de los cuestionamientos a las muertes en combate reportadas como resultado operacional por todas las Unidades del Ejército”, dice el expediente.

En lugar de parar, las denuncias se incrementaron y llevaron al comandante general de las Fuerzas Militares a emitir la Directiva 300-28. Montoya, según las pruebas en poder de los investigadores, sabía por qué se había expedido dicha orden. La instrucción para él fue clara desde el 20 de noviembre de 2007, cuando recibió la orden directa de su superior de privilegiar las desmovilizaciones y las capturas sobre las muertes en combate.

A pesar de todas las instrucciones dadas a Montoya, el comando general y el Ministerio de Defensa siguieron recibiendo las “alertas internas y externas en las que se denunciaba que integrantes del Ejército estaban matando a civiles para reportarlos como muertos en combate. El Plan de Moral y Bienestar del Ejército siguió beneficiando a aquellos que reportaban muertos en combate”.

Montoya siguió presionando a sus subalternos con base en un ranking de muertos, sabiendo lo que hacía. Una de las pruebas más comprometedoras contra el general es que impulsó reconocimientos y felicitaciones a oficiales, suboficiales y soldados que cumplieran con la cantidad de muertos en combate que él exigía. Montoya habría ordenado destruir pruebas.

Son contundentes las evidencias que llevaron a la Fiscalía a tomar la determinación de imputar cargos al general Montoya, aun cuando es procesado en la Justicia Especial de Paz, pero no fueron suficientes para que el magistrado le diera paso al fiscal del caso y escucharlos en audiencia formal.

Las víctimas se opusieron a esa decisión del tribunal de frenar la imputación de cargos tras considerar que los hechos y la persona investigada ya está siendo procesada por la jurisdicción especial y de acuerdo a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, es la JEP la que tiene el poder preferente en estos casos por razones de competencia.

Pero fue más allá el magistrado en su argumentación al advertir que esa directiva no solo permite las nuevas actuaciones de la Fiscalía en proceso que ya son materia de indagación y acusación de la JEP, sino que permitiría también las preclusiones. En otras palabras, la misma directiva puede procesar a una persona y también puede exonerarla.

“Más allá nos inquieta que al tiempo que autoriza hacer las imputaciones, también lo hace en las preclusiones. Resulta ser impropio para las normas que ejercen en la Justicia Especial para la Paz”, dijo el magistrado en su decisión.