Exclusivo | Los argumentos con los que piden tumbar la elección de Álvaro Hernán Prada y Altus Baquero en el CNE

Cuatro demandas, en el caso de Altus Baquero y una en el caso de Álvaro Prada, piden tumbar la elección de los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral.

En el caso de Altus Baquero, las sombras de duda vienen desde hace un tiempo. Por un lado Partido Liberal lo incluyó en la lista de aspirantes, pero en esa misma colectividad habían dicho que hubo presiones de esa institución para poner en el sonajero al ahora magistrado. Y efectivamente, terminó llegando al cargo.

Según los demandantes, como también varios miembros del partido Liberal, Baquero no cuenta con los quince años de experiencia requerida para estar en la contienda ya que el abogado se graduó el 22 de agosto de 2007, por lo que al momento de la inscripción no cumplía con el requisito.

“Debe cumplir 15 años de abogado con experiencia profesional, a la fecha de la inscripción en la convocatoria abierta por el Congreso de la República para que los partidos políticos postularan sus candidatos. La fecha de inscripción de candidatos venció el 17 de agosto a las 5 de la tarde y ese día el señor Baquero aún no reunía el requisito de haberse graduado como abogado hace 15 años”, dijo un representante a la Cámara liberal.

Agregó que hay jurisprudencia suficiente en la rama judicial donde queda claro que los requisitos se deben cumplir al momento de la inscripción y no en la elección. De hecho, recordaron el caso de Luis Alberto Rodríguez, quien hizo parte de la lista de elegibles para al Contraloría pero quedó por fuera al no cumplir con el requisito de edad.

Pero además de estas molestias, hay una queja del Comité de Veedurías del Atlántico, en la que se asegura que Baquero, posiblemente, alteró su hoja de vida para ingresar a la Defensoría del Pueblo. Este tema está en manos de la Procuraduría.

Caso Prada

En el caso de Álvaro Prado, SEMANA conoció la demanda en exclusiva. Entre los argumentos, el demandante señala que, en concreto, en el artículo 232 de la Constitución Política se dispone, entre otros requisitos para ocupar una alta magistratura, que el candidato haya desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haya ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

La tesis es que cuando Álvaro Prada fue mencionado como presunto cómplice de fraude procesal y soborno en el Caso Uribe, de alguna manera, se afectó ese requisito. De hecho, la demanda conocida por SEMANA, lo advierte textualmente “ha sido acusado como presunto cómplice del delito de soborno a testigos por parte de la Corte Suprema de Justicia”.

Y reclama que el Consejo de Estado, con ocasión de sus actuaciones “ha debido ponderar la existencia de una investigación penal y su trascendencia en el marco de la institucionalidad. Por ejemplo en casos de pérdida de investidura o cuando debe resolver sobre impedimentos o recusaciones presentados por sus miembros o contra ellos”, señala la demanda presentada por Víctor Javier Velásquez Gil, director de la Corporación Justicia y Democracia.

Explica Velásquez que la posible comisión del delito de soborno a testigo en actuación penal, en calidad de cómplice, “desdice del buen crédito en el ejercicio profesional”.

“En este caso, además, resulta absolutamente contrario a la institucionalidad que un pronunciamiento razonado, fundado y deliberado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sea desconocido por el Congreso de la República. Ningún reparo existió en premiar con su designación a quien menos de dos semanas antes de la misma había sido convocado a juicio penal por las razones aducidas en este memorial”, concluye el demandante.

La demanda pide una medida cautelar y es la suspensión provisional de Álvaro Hernán Prada.