Exclusivo: personas muertas e inexistentes, la radiografía del posible detrimento patrimonial en Bogotá con los kits en pandemia

La Contraloría Distrital dio apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de 15 alcaldes locales de Bogotá por irregularidades en el contrato que los Fondos de Desarrollo Local firmaron con la Cruz Roja Seccional Bogotá - Cundinamarca para entregar kits de alimentación y aseo a las familias más pobres de la ciudad durante el inicio de la pandemia de la covid-19.

El primero en anunciar el proceso fiscal en contra de los alcaldes locales fue el concejal del partido Centro Democrático Jorge Colmenares, quien desde meses atrás ha venido denunciando las irregularidades en la entrega de estos kits.

Según lo dio a conocer el cabildante en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, en medio de la presentación que la administración distrital hizo del nuevo cupo de endeudamiento, la Contraloría encontró un detrimento patrimonial de cerca de 3.000 millones de pesos, por haberse entregado kits a personas muertas y a personas que no aparecen ni el Archivo Nacional de Identificación ni en los registros de Migración Colombia, entre otras irregularidades.

Esta investigación se ordena luego de que el cabildante haya exigido la reapertura de la misma después de que la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría haya ordenado su archivo en 2020, según el concejal Colmenares, por posible injerencia política.

“Quien fungía como director de Reacción Inmediata, Pastor Borda, tiene cercanías con el partido Liberal, al igual que el entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y por eso fue que ordenó archivar la investigación dos meses y de no ser por mi solicitud de reapertura, hoy el proceso estaría cerrado”, aseguró Colmenares.

Luego del anuncio hecho por el concejal Jorge Colmenares, SEMANA indagó por esta investigación y tuvo acceso exclusivo al auto por el cual se ordena el proceso de responsabilidad fiscal.

La Contraloría encontró que del total de 447.716 kits de alimentación y aseo entregados, 46.250 registros de entregas presentan inconsistencias.

La primera de ellas, según lo constató la Contraloría, es el hecho que existen números de cédulas que se encuentran registrados como beneficiarios en varias localidades, a tal punto que varias personas recibieron kits hasta en cinco oportunidades.

Un total 7.066 personas recibieron dos veces el kit alimentario y de aseo, siendo Ciudad Bolívar con 1.627 casos, Usme con 1.076 y Kennedy con 967, las localidades con personas duplicadas en los registros.

En total, son 15 las localidades en las que se entregaron kits por duplicado. Dentro de este listado está incluso Sumapaz, que es una localidad netamente rural. Usme, por su parte, fue la localidad en la que se llegó a entregar el kit en cinco ocasiones a cuatro personas diferentes.

De otro lado, tras consultar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría evidenció que del total de 447.716 números de identificación, 403.271 fueron válidos y 44.445 presentaron inconsistencias. Siendo Kennedy y Ciudad Bolívar las ciudades con más irregularidades.

De las inconsistencias, 9.786 fueron por cédulas canceladas, 18.389 fueron por personas que no se encontraron en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y 16.270 por inconsistencias en los nombres.

En relación con 18.389 números de identificación que no fueron encontrados en el ANI, se remitió oficio a Migración Colombia con el fin de que verificara si esos números correspondían a personas extranjeras. Se identificaron 5.862 coincidencias, lo que significa que 12.527 registros no forman parte ni del ANI ni de Migración Colombia.

Ahora, al restar las personas que sí fueron identificadas por Migración Colombia, pero sumando las personas que reclamaron hasta cinco veces el kit, la Contraloría halló inconsistencias en 46.520 registros.

Del total de las inconsistencias, 9.786 fueron por cédulas canceladas y la Contraloría encontró que 9.366 era por fallecimiento antes de la fecha en que se recibieron los kits. Esto quiere decir que insólitamente se entregaron 9.366 kits a personas muertas por un total de 1.082 millones de pesos.

Esa cifra, según la Contraloría, se constituye como detrimento patrimonial, “pues sin lugar a duda alguna era imposible que los difuntos fueran beneficiarios del programa que abanderó el gobierno distrital”.

Ahora, en cuanto a los registros que no forman parte ni del ANI ni de Migración Colombia, más registros cruzados como inconsistentes, la Contraloría encontró 12.971 personas inexistentes en estos, lo que quiere decir que a la fecha no hay prueba que demuestre que ese total de kits haya sido entregado a personas que realmente existen. Esos kits entregados ascienden a 1.499 millones de pesos.

Por esos kits que se entregaron tanto a personas muertas como inexistentes, la Cruz Roja cobró un valor de 1 % por administración y 6 % por logística.

Esto quiere decir que los Fondos de Desarrollo Local de las 15 alcaldías pagaron a la Cruz Roja 322 millones de pesos por ayudas humanitarias sin que el contratista cumpliera con las condiciones previstas para las entregas. Para la Contraloría es evidente que el contratista incluyó registros para soportar entregas que resultas inexistentes.

De esta manera, la Contraloría cuantifica el detrimento patrimonial en este contrato en 2.904 millones de pesos. Kennedy con 570 millones de pesos y Ciudad Bolívar con 458 millones de pesos, son las localidades con mayor detrimento.

Los alcaldes locales a los que se les abrió proceso de responsabilidad fiscal fueron los de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Engativá, Usme, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Suba, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.

El único alcalde local al que no se le abrió investigación, y que formaba parte inicial de la denuncia del concejal Colmenares, fue al alcalde de Antonio Nariño.

No obstante, cabe aclarar que aparte del proceso en la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación sí adelanta investigación en contra de los 16 alcaldes por posibles irregularidades.

Como si fuera poco, además del detrimento patrimonial, la Contraloría evidenció que solo el 42,85 % de la población beneficiaria realmente estaba clasificada en la base maestra del Sisbén, y de dicho porcentaje, solo el 32,49 % estaba catalogada en pobreza extrema.

Eso quiere decir que los kits, además de haber sido entregados a personas muertas e inexistentes, se entregaron a personas que realmente no los necesitaban.