Exclusivo: presentan denuncia internacional por corrupción electoral y escándalo de ´petrovideos´ revelados por SEMANA

SEMANA conoció en exclusiva una carta firmada por el abogado internacional, Víctor Mosquera, dirigida a la Comisón Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la cual se presenta una denuncia sobre la falta de transparencia y actos de corrupción en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia este 2022.

La denuncia está dirigida a Joel Hernández, relator para Colombia de la CIDH, y señala que el objetivo es poner en su conocimiento el hecho de que se han registrado “gravísimos hechos de persecución política” en contra de los candidatos presidenciales, violencia y constreñimiento hacia los sufragantes, falta de transparencia de los organismos de control, compra de votos, fraude electoral, entre muchos otros. Además, se incluyen en la denuncia detalles del escándalo de los ´petrovideos´ revelados por SEMANA.

“Así mismo, de acuerdo con el Informe del 15 de marzo de 2022, de la Misión de Veeduría Electoral de la OEA en Colombia, en las pasadas elecciones al Congreso de la República se presentaron graves irregularidades tales como: violencia política contra las mujeres, desinformación, falencias en la participación política de mujeres y pueblos indígenas, violencia electoral, quejas por parte de distintos actores sobre el procedimiento de voto en el exterior, entre otros”.

La denuncia tiene varios puntos importantes. En primer lugar, advierte el abogado Mosquera, la falta de transparencia por parte del registrador nacional del Estado Civil.

El documento recuerda que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigación preliminar en contra del registrador por las irregularidades que se presentaron en la jornada de las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022, principalmente por “fallas en los dispositivos usados para estos comicios, extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica a los votantes, omisión en la capacitación de los jurados, omisión en el control de las votaciones, contratación irregular de la empresa INDRA S.A. por conflicto de intereses y transparencia; entre muchos otros”.

Otro punto del que habla la denuncia son las posibles afectaciones del derecho al voto y corrupción al sufragante en las elecciones legislativas:

“Se presentaron irregularidades en el registro de cédulas, traslado de nuevos puestos de votación, compra de votos, proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14 (tachones, mal diligenciamiento, errores aritméticos, falta de votos registrados), uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral y constreñimiento al elector. En este sentido, para el 24 de abril de 2022, en la procuraduría cursaban 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación”, señala.

Los otros puntos de la denuncia son los siguientes:

Fraude electoral a favor de un partido: “El 13 de marzo de 2022, durante el reconteo de votos realizado por la Registraduría Nacional para las elecciones legislativas, aparecieron más de un millón de votos a favor del partido político Pacto Histórico. Esto genera gran duda e incertidumbre teniendo en cuenta que el software usado en las elecciones legislativas es nuevo, la relación que existe entre el Registrador con la empresa proveedora del software y su cercanía con el candidato presidencial Gustavo Petro del partido Pacto Histórico”.

Participación de gobernadores, alcaldes y concejales en Política: “Durante las elecciones presidenciales se han abierto más de 12 investigaciones preliminares en contra de los alcaldes, gobernadores y concejales por participar en política, aun cuando existe una prohibición para ello”.

Posibles pactos de candidatos presidenciales con criminales: “El viernes 8 de abril de 2022, Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro, visitó la Cárcel la Picota, donde sostuvo varias conversaciones con ex altos mandatarios condenados por corrupción, parapolítica, concierto para delinquir entre otros delitos respecto de la propuesta presidencial del Gustavo Petro sobre el ´perdón social´. Entre ellos se encontraba Iván Moreno, Samuel Moreno, condenados por corrupción, y Álvaro García (el gordo García) condenado por la masacre de Macayepo. Frente a estos hechos, ni Gustavo Petro, ni Fernando Petro han podido explicar por qué se está hablando con personas condenadas por corrupción (Samuel e Iván Moreno), parapolítica y Masacres (el gordo García) del perdón social”, señala el quinto punto de la denuncia

Así mismo, el documento se refiere a la senadora electa Piedad Córdoba: “La senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba visitó la Cárcel la Picota en cuatro oportunidades. En estas visitas la señora Piedad Córdoba ingresó a la cárcel la Picota como abogada, a pesar de que no estaba litigando, lo que llamó la atención de las autoridades. Así mismo, durante estas visitas se reunió con varios extraditables, a quienes les ofreció no ser extraditados si Gustavo Petro es elegido presidente. Entre ellos se encuentran José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, exjefe de la Oficina de Envigado; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo lindo; Juan José Valencia, alias Andrea, a cargo de las finanzas del Clan del Golfo, y John Freddy Zapata, conocido como alias Messi, integrante del Clan del Golfo”.

Interceptaciones en las campañas políticas a los candidatos presidenciales: “El 17 de mayo de 2022, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, denunció que en una de sus sedes administrativas de la campaña en Medellín fue hallado un micrófono. A través de este micrófono se estaban se estaba transmitiendo información en tiempo real de lo que se discutía en dicha sede, lo que fue considerado como una chuzada. Esto después de que el abogado del candidato Gustavo Petro manifestara que iban a infiltrar la campaña del excandidato Federico Gutiérrez”.

Además de estos, otros puntos tocan temas como el hostigamiento en contra de candidatos presidenciales, estrategias ilegítimas de desacreditación por parte de campañas de candidatos presidenciales hacia otros candidatos, entre otros.