Se acabó la guachafita: llegó Betto a espantar las mafias de la contratación en el ICBF

Los 4,6 billones de pesos que se destinan en Colombia para la atención de la primera infancia son un atractivo para los corruptos. Pese a que todo país pone el foco en su futuro y la inversión en la niñez es algo sagrado –en especial de la más desprotegida–, la contratación relacionada con la prestación de servicios de alimentación y educación para los menores de edad ha sido blanco de innumerables escándalos.

Hace un año estalló el caso del director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Sucre, Juan Francisco Ortega, quien fue sorprendido en una fiesta, bolígrafo en mano, firmando contratos en estado de alicoramiento y con un fajo de billetes en el bolsillo. La imagen que surge de ese caso describe parte de lo que ha sucedido en la contratación con recursos para los niños. El cuadro de denuncias regionales alrededor de contratos con posibles irregularidades registra dos episodios en Cauca, por el delito de cohecho; 11 investigaciones en Sucre, entre las que hay desde falsedad en documento hasta interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. En Magdalena también hay dos situaciones, una de ellas por el delito de proselitismo (presiones para obtener un fin).

El saqueo a la bolsa de recursos para la infancia ha sido persistente. Solo en 2020, cuando la Contraloría General activó la vigilancia a las inversiones durante la crisis por covid-19, la Diari (grupo de reacción inmediata) identificó 69 alertas alrededor del Programa Canastas Nutricionales, del ICBF. Desde marzo encontraron contratistas que entregaron 28.018 raciones a 15.580 beneficiarios que ya habían fallecido.

Acabar con esas mafias que buscan atajos en la contratación para robarse la plata pública para la niñez es la meta en la que está ahora el ICBF, que en noviembre del año pasado adoptó a Betto, una especie de robot salvavidas en el mar de corrupción alrededor de la contratación. Esta semana la herramienta tecnológica hizo su primera tarea: seleccionó a los oferentes habilitados para prestar servicios en el instituto, que maneja los programas para la atención de los niños de cero a cinco años.

Nunca pasa nada

Con inteligencia artificial, Betto pretende blindar los recursos para la infancia ante posibles ataques como los ocurridos en el pasado o los que simplemente se quedan en murmullos como que ‘en los territorios, algunos funcionarios públicos cobran 15 millones de pesos por asignar un contrato del ICBF y nunca pasa nada o pasa poco’.

En 2017, por ejemplo, la Fiscalía procedió a capturar a tres personas que habían cometido presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato con el ICBF en Magdalena. El objeto contractual era suministrar alimentos a menores de edad y madres gestantes y lactantes, pero pasaron la cuenta con sobrecostos tasados por las autoridades en más de 339 millones de pesos. La justicia a veces falla o se demora.

En el caso del exfuncionario de Sucre, quien tiene una investigación penal en curso, este acudió a una tutela para pedir el reintegro a su cargo en el ICBF. La acción la interpuso en Lorica (Córdoba). Acudir a una plaza jurídica distinta a la del lugar de origen se utiliza en ocasiones para buscar una mejor oportunidad de obtener un fallo a favor.

En la tutela, el exdirector territorial alegó que con su destitución estaba comprometido su mínimo vital para sobrevivir. Pero el ICBF obtuvo las planillas de cotización a la seguridad social y comprobó que era falso que no tuviera ni para comer.

Presiones políticas en los territorios

La selección de contratistas en los territorios ha estado en las garras de presiones políticas para adjudicar contratos y cobrar comisiones que van entre 7 y 10 por ciento del valor del contrato. Quitar el 10 por ciento de los 4,6 billones de pesos destinados a la infancia es dejar a miles de niños sin el pan diario o arrebatarles la posibilidad de tener una educación inicial que, científicamente, es la que determina el desarrollo cerebral requerido por el ser humano para potenciar su talento en cualquier desempeño futuro.

“En los primeros cinco años se dan las conexiones neuronales más rápidas en toda la vida. Quitar esa posibilidad es hacer un daño muy grande al capital humano de un país”, sostuvo Lina María Arbeláez, directora general del ICBF.

La rapiña por la plata pública en los contratos es tal, que incluso hay amenazas contra la integridad física de funcionarios que dicen no. Lo común es que lleguen a transar. Por eso el ICBF le entrega ahora la selección de contratos a un tercero: un software al que nadie puede manipular ni amenazar, al que le agregaron criterios objetivos con los cuales hasta algunas fundaciones grandes van a salir afectadas, pues dentro de Betto hay inteligencia artificial para detectar y eliminar de la lista de elegibles a quienes han sido sancionados por alguna irregularidad.

Primera tarea de Betto

Betto ya tiene en sus registros a los 1.153 contratistas únicos habilitados para brindar atención a la primera infancia en 1.103 municipios del país. Pero quizás no implica que sea el fin de la corrupción. También hay fallas de la justicia en la mitad. “Me gustaría ver más sanciones efectivas contra los que han hecho corrupción con los dineros del ICBF”, dice Arbeláez. Eso sí, la expectativa con Betto es alta.

El presidente Iván Duque, durante el lanzamiento de la herramienta en 2020, dijo: “Seguramente nos vamos a enfrentar a carteles de contratistas que tratarán de deslegitimar la tecnología”. Enfatizó que van a dar la batalla para defender el Artículo 44 de la Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los demás.

Para poner a funcionar a Betto se invirtieron 855 millones de pesos, con la esperanza de que la plata pública para la primera infancia cumpla el propósito de servir a la niñez y no se quede en los bolsillos de contratistas corruptos.

En Colombia hay 4,8 millones de niños de cero a cinco años, de los cuales 2,3 millones pertenecen a Sisbén 1 y 2. De este grupo, el ICBF atiende a 1,7 millones. Antes de la pandemia la cifra de beneficiarios era de 1,13 millones.

Identificó niños por fuera de programas

Además de seleccionar contratistas, Betto analiza el índice de desempeño de cada uno, su capacidad operativa y financiera y les otorga puntajes adicionales cuando no tengan sanciones. También hizo otra tarea crucial: la identificación de 161.500 niños de zonas rurales dispersas y con altos índices de pobreza multidimensional que no habían tenido acceso a la educación inicial.

Para José Andrés O’Meara, director de Colombia Compra Eficiente, esta transacción, llevada a cabo en el Acuerdo Marco de Precios de Servicios de Nube Pública, estructurado por esta agencia, “no solo representó para el ICBF un ahorro de 14 por ciento del presupuesto asignado al proceso contractual, sino que le permitió acceder de manera rápida y eficiente a los servicios de tecnologías de información para construir una herramienta de analítica e inteligencia artificial que aproveche el poder de los datos en beneficio de la transparencia, la participación de oferentes y la selección objetiva”. Sin embargo, la presencia de Betto no implica que todo en materia de contratación quedará en manos de un robot.

¿Y el comité de contratación?

El comité de contratación que venía operando para tomar decisiones en los contratos del ICBF seguirá adelante, pero tendrá otra funcionalidad. “Ese comité decía este contrato sí, este no. Ahora recibirá lo que Betto selecciona y procederá a verificar que los datos consignados en los documentos sean veraces, pues hay mucho caso de falsificación. Los territorios tienen una función técnica, no política”, sostuvo la directora del ICBF.

La inversión en comida y educación de la infancia es algo en lo que el país no debe escatimar. Por eso es urgente proteger esos recursos. No en vano los cálculos de James Heckman, nobel de Economía, señalan que, por cada dólar que se destina a la primera infancia, las naciones se ahorran 17 dólares en el futuro. El retorno que se logra amerita el esfuerzo.