Estos son los 10 puntos cruciales de la polémica reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho, ¿quiere acabar el sistema?

La tormenta desatada por la anunciada reforma a la salud promete marcar el rumbo del presidente Gustavo Petro durante el resto de su mandato. Sin haber sido radicada, la iniciativa dividió las posiciones en el gabinete y está generando fracturas en la coalición que respalda al mandatario en el Congreso. El proyecto, según sus críticos, podría poner en peligro la vida de los colombianos. ¿Qué modelo defiende la ministra Carolina Corcho? ¿Por qué le llueven rayos y centellas?

SEMANA conoció en exclusiva un decálogo del Ministerio de Salud que resume la apuesta y que circula de forma restringida entre los médicos que asesoraron a Corcho en los últimos meses. El documento contiene los diez puntos clave de la reforma. En esencia, se habla de un sistema de salud y seguridad social público y descentralizado. Por ninguna parte se mencionan a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), una señal de que van a desaparecer y sus funciones serán asumidas por el Adres, que manejará los dineros.

La descentralización busca que haya oficinas del Adres en los 32 departamentos, con directivos que atiendan las necesidades de los usuarios. Por eso, se elimina la intermediación de las EPS entre el Gobierno y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Las Empresas Sociales del Estado (ESE) dejarán de existir, “pero se conservará toda su estructura locativa y operativa a la fecha vigente”.

En el documento se establece que la atención estará a cargo de entidades públicas, mixtas y privadas, tal como ocurre hoy. Asimismo, se habla de garantizar la continuidad de los usuarios, así como la integralidad, oportunidad y eficiencia. También se busca controlar los riesgos. Contrario a lo que ocurre hoy, se contempla que médicos, odontólogos, psicólogos, entre otros profesionales, lleguen hasta las viviendas en zonas apartadas e identifiquen los riesgos de los pacientes.

Este es el decálogo de la reforma que no resuelve grandes interrogantes como los que ha planteado Alejandro Gaviria, exministro de Salud: “¿Qué va a pasar con los pacientes? ¿Cómo va a ser el flujo de recursos? ¿Cómo será el manejo de la transición?”.

Determinantes sociales

El primer punto está lleno de lugares comunes y establece que los colombianos tienen “derecho a agua potable limpia, disposición de residuos e higiene adecuada, disponibilidad de alimentos sanos para la adecuada nutrición, derecho a vivienda digna, acceso a energía eléctrica, condiciones de trabajo dignas, acceso a transporte, ningún tipo de discriminación, paz, acceso a información a salud”, entre otras.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Propone que el mapa sanitario del país esté conformado por territorios saludables, de acuerdo con las características epidemiológicas, sociodemográficas, económicas, geográficas y de servicios públicos de cada región. La dirección y administración del sistema estará a cargo de unidades técnico-administrativas dependientes de los niveles departamental, distrital y municipal, y del Ministerio de Salud. Por cada 20.000 habitantes habrá un Centro de Atención Primaria en Salud o un centro médico. Las alcaldías y distritos definirán el lugar y tendrán la responsabilidad de garantizar las sedes.

Sistema se inspección y vigilancia

Un capítulo del proyecto está dedicado a cómo será el Sistema Integrado de Inspección, Vigilancia y Control. Se pretende que la Supersalud sea una instancia autónoma e independiente, con funciones de organismo de control, presupuesto propio, presencia y funcionamiento en todo el territorio, “cuya función será garantizar a la población residente en Colombia el pleno disfrute del derecho fundamental a la salud”.

Actualmente, la Supersalud depende del Ministerio de Salud. De hecho, el superintendente Ulahy Beltrán López fue posesionado por Carolina Corcho y es uno de los más acérrimos defensores de su polémica reforma.

El superintendente dejará de ser nombrado a dedo. Dicho cargo lo ocupará, según la reforma, quien obtenga el mayor puntaje en un concurso de méritos coordinado y reglamentado por el Consejo Nacional de Salud, la Comisión Nacional del Servicio y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dignidad de los trabajadores

Otro capítulo se refiere a la dignidad de los médicos, profesionales y trabajadores de la salud. Esta semana se conoció que el presidente tendría facultades extraordinarias para sacar adelante una reforma laboral para dicho sector. Los profesionales tendrán un reconocimiento de sus derechos laborales, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Habrá una política de trabajo digno y decente, es decir, firmarán un contrato laboral estable con el Estado, respetando la autonomía profesional. Actualmente, la mayoría de los especialistas de hospitales públicos tienen contratos de prestación de servicios.

Política de formación

Se habla de una “política de formación, capacitación y actualización del recurso humano en salud”. Se establece que, en adelante, el Estado asumirá los entrenamientos y actualizaciones del personal médico, y no como ocurre actualmente, que los profesionales destinan dinero de sus bolsillos para ampliar su conocimiento.

“Cada organismo rector y las instituciones del sistema competentes planearán y diseñarán los programas de educación y prácticas, sumado a la estrategia de ubicación del recurso humano en salud en todo el país. Las instituciones (clínicas y hospitales) públicas, privadas y mixtas destinarán recursos y tiempo de trabajo utilizado en la actualización y educación continua de los trabajadores de la salud”, se lee en el manual. Además, se prevé concentrar las especialidades médicas según las necesidades de las regiones.

Financiación del sistema

Según el instructivo, todos ponen: “Las empresas, los trabajadores, independientes y rentistas de capital deben aportar, sin excepción, a fondos de seguridad social”. La diferencia es que los colombianos no pagarán a las EPS sino al Adres.

Red de hospitales públicos

La reforma se refiere al futuro de la red de hospitales públicos. Habrá un fortalecimiento prioritario de la red de servicios de salud en todos los niveles, priorizando la atención primaria integral. “Los hospitales universitarios jugarán su papel como centros de conocimiento y referencia de pensamiento, de formación profesional, investigación e innovación en beneficio de la salud de la población”, especifica el documento.

Sistema público de información

Tal como lo anticipó SEMANA, existirá un sistema público de información. Estará en línea las 24 horas y usará los últimos recursos tecnológicos de big data, un conjunto de tecnologías que han sido creadas para recopilar, analizar y clasificar los datos que generan los usuarios en Internet. La idea “es recuperar el máximo de información económica, clínica, científica, tecnológica, técnica y administrativa, con el fin de preservar recursos económicos y epidemiológicos, y contar con los elementos oportunos para la toma de decisiones”.

Política farmacéutica

SEMANA estableció que también se contempla una política farmacéutica e innovaciones tecnológicas. Se creará un organismo independiente de evaluación periódica, científica, técnica y económica en todas las tecnologías de la salud para poder aceptarlas. Asimismo, desarrollará y actualizará continuamente la política farmacéutica del país. “Desde la autonomía profesional, las organizaciones científicas, académicas y gremiales desarrollarán mecanismos de autorregulación para la prescripción de medicamentos y tecnologías de la salud”, dice el oficio.

Derogatoria de las leyes

La reforma busca la derogatoria de toda la normatividad contraria a la Ley Estatutaria de Salud, es decir, toda la regulación orientada al aseguramiento comercial, las resoluciones sobre afiliaciones, listados de exclusiones, entre otras. SEMANA estableció que la transición se contempla a dos años. Iniciará desde el día siguiente de la sanción presidencial de la ley, en caso de que sea aprobada por el Congreso.

Se conformará el Consejo Nacional de Salud durante los primeros meses de vigencia de la ley, y el Gobierno tendrá que poner en funcionamiento el Fondo Único Público para la Salud durante los seis primeros meses. Por su parte, el Ministerio de Salud hará un estudio para determinar oficialmente las deudas que tienen las EPS.

El presidente Petro ha salido a defender la reforma a la salud. El punto es hasta dónde estará dispuesto a ceder para reformular la iniciativa, tras los repartos de los expertos. Además, hay un gran interrogante sobre lo que pasará en el Congreso, pues cada vez hay más voces críticas frente al revolcón que se pretende generar.