Exclusivo: SEMANA revela los detalles de la nueva condena contra la exsenadora Aida Merlano; esto dice el fallo que pide su captura

A la excongresista Aida Merlano Rebolledo, hoy prófuga de la justicia, le cayó la noche. Acaba de ser condenada a pagar una pena de cinco años y seis meses de cárcel por el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, en medio del gigantesco escándalo de corrupción electoral en la costa Caribe conocido como la Casa Blanca.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, conocida en exclusiva por SEMANA, deja al descubierto cómo la exsenadora formó parte de un coctel que en principio era dulce, y hasta incluía romances con dos poderosos hombres de la costa Caribe, el exalcalde Álex Char y el empresario Julio Gerlein, pero que terminó siendo un trago amargo. Traiciones, ríos de dinero por debajo de la mesa, corrupción, compra de votos, delitos con el único interés de aferrarse al poder y un expediente que aún tiene capítulos por escribir integran esta decisión en contra de Merlano y puede dar un coletazo en las principales casas políticas de la costa.

Merlano ya había sido condenada a 15 años de cárcel. Sin embargo, esa primera decisión fue por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.

La sentencia, conocida en su totalidad por SEMANA, es el resultado de meses enteros en los que los investigadores escucharon, analizaron pruebas, revisaron las cuentas de campaña, vieron videos e incluso contrastaron testimonios como el de Rafael Rocha, coordinador de la campaña de la excongresista en medio del escándalo, quien terminó salpicando a los involucrados.

Rocha, según el expediente, fue claro y contundente. En medio de sus declaraciones, lanzó una frase que puso el dedo en la llaga y advirtió la magnitud del escándalo de la Casa Blanca. “Yo vi a Julio Gerlein llevando bolsas de dinero a la sede de campaña”, dijo, mirando fijamente al magistrado Jorge Caldas, quien presidió la audiencia de este caso.

Según la sentencia, en marzo de 2018 los investigadores encontraron en la Casa Blanca, ubicada en el exclusivo sector de El Golf, en Barranquilla, documentos que hoy son las pruebas que incriminan a Merlano.

Estos documentos demuestran que desde las cuentas corrientes de los hermanos Julio y Mauricio Gerlein, “entre los meses de enero a abril de 2018, se giraron cheques por cantidades elevadas, cuyos beneficiarios fueron personas vinculadas a la campaña”. El fallo señala la existencia de toda una danza de millones con un solo objetivo: llevar a Merlano al Senado de la República.

De acuerdo con la Corte Suprema, en las cuentas de Merlano se demostró que entraron más de 4.314 millones de pesos, y lo permitido por cada integrante de la lista era de 884 millones de pesos. En plata blanca, las cuentas del alto tribunal son claras: 3.430.048.837 pesos es la cifra que consolida el delito y la misma que tendrá que pagar como multa.

Además, cada candidato debía nombrar un gerente para que administrara los recursos y rindiera los informes de ingresos y egresos, lo cual no cumplió Merlano Rebolledo.Precisamente, en el allanamiento del 11 de marzo de 2018, se encontraron en esos documentos la existencia de gastos que estaban nombrados como “Campaña AM”.

Según la Corte, “representaban dineros entregados a personal de apoyo en la actividad proselitista, quienes los suscribían en señal de recibo, arrojando un monto de $1.862.837.000, que ya excedía el límite legal”. En otro aparte de la sentencia, la Corte explica que esta campaña al Senado “fue financiada por Julio Eduardo Gerlein, pareja sentimental de la acusada (en ese entonces), quien en compañía de Edwin Rafael Martínez Salas, José Antonio Manzaneda y Adriana de Jesús Blanco Ceballos acordaron sacar dineros del sistema financiero para sufragar con ellos los costos de la campaña, lo que incluyó compra de votos”.

Cuenta la Corte que Julio Gerlein “dispuso que se giraran cheques a trabajadores y contratistas de Valorcom SAS, empresa de la que fue accionista; a colaboradores de la campaña y allegados a los involucrados directamente con la aspiración de Merlano Rebolledo, lo cual se hizo desde dos cuentas, la suya y la de su hermano, a quien aquel entregó una lista de nombres y cuantías para que girara cheques; con ese actuar los dineros se diseminaban y se aparentaban transacciones propias de las actividades a que se dedicaba Julio Eduardo”.

La Corte Suprema es contundente al señalar que las operaciones iban destinadas a financiar la campaña, pues se realizaron en los primeros meses del año 2018 hasta antes del 11 de marzo, fecha de los comicios.

“Lapso en el cual los hermanos Gerlein Echeverría giraron 82 cheques por un total de $4.313.781.000, cifra similar a la que dijeron haber logrado por un préstamo, lo que se corrobora cuando de la cuenta de Mauricio Antonio se giraron cheques a la de Julio (su hermano) por 2.500 millones de pesos, cantidad similar a la que el último entregó a terceros; a su vez, desde la cuenta de Mauricio Antonio (Gerlein) fueron emitidos 45 títulos por la suma de $1.887.566.000”, dice la sentencia.

¿Pero quiénes cobraban los cheques? En su mayoría, personas que trabajaban para Julio Gerlein, eran sus subordinados. Pero Rafael Martínez Salas, cercano a la excongresista y testigo del caso, contó que el dinero era entregado a Julio Gerlein y terminaba en los bolsillos de Merlano. Ante las dudas de la Corte frente a esta versión, la respuesta fue contundente.

“Un empresario no le va a confiar a una persona que escasamente conoce sumas en efectivo superiores a mil millones de pesos, además de que, de ser cierta la excusa, la tarea de aquel resultaría inútil, como que siempre estaba acompañado por personas de confianza de Gerlein Echeverría, luego estos podrían recibir el dinero”, explicó Martínez Salas.

La Corte concluye que hubo, sin duda alguna, una organización criminal “en la que se admitieron propósitos delictivos intermedios, como la necesidad de portar armas, retener documentos de identidad, comprar conciencias (votos), violar los topes electorales, cada uno de los cuales conserva su autonomía y, por ende, estructura un delito independiente, estándose ante un concurso real de delitos”.

La sentencia de la Corte Suprema deja clara la responsabilidad de Merlano, quien no puede excusarse en el desconocimiento de estos temas por cuanto ya había aspirado a cargos de elección popular.

“Actuó con conciencia y voluntad que se corrobora con la circunstancia de que conocía su deber de nombrar una persona encargada de manejar los recursos y de que esta, o ella como candidata, debían reportar esos asuntos a la autoridad electoral, lo cual decidió no hacer con la única excusa de no considerarlo”. En otras palabras, Merlano sabía lo que estaba ocurriendo y no hizo nada para evitarlo.

La excongresista se voló de forma cinematográfica de un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá. Su destino fue Venezuela, donde es protegida por el régimen de Nicolás Maduro. Sobre este tema también se refirió el alto tribunal, que le reclamó a un juez que ordene su inmediata captura.

Las denuncias de Merlano se convirtieron en un búmeran en el que ella, hasta el momento, es la única castigada por la justicia en Colombia. Habrá que esperar si la mansión denominada la Casa Blanca era también habitada por personas de apellidos Gerlein, Char y Name. La justicia tiene la última palabra.