Exclusivo: SEMANA revela detalles de los interrogatorios del escándalo de MinTic ante la Fiscalía

El escándalo por la cuestionada adjudicación del multimillonario contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para dotar de 7.000 puntos de conectividad en las zonas más apartadas del país llegó a la Fiscalía y ya es una noticia criminal. Los protagonistas desfilaron por los pasillos del búnker, y frente a cinco funcionarios, entre ellos el director anticorrupción, Eduar Alirio Calderón, rindieron diligencias de interrogatorio. SEMANA conoció los detalles de esas versiones, que incluyen, además de una explicación sobre el proceso de adjudicación del contrato, graves señalamientos en contra de un reconocido empresario de la construcción vertical, quien también estaría comprometido en la presunta falsedad de otra garantía bancaria.

Los investigadores tienen bien definida la ruta y no perdieron tiempo en los interrogatorios. Se enfocaron en el proceso para obtener las garantías bancarias que usó la Unión Temporal Centros Poblados en la adjudicación del millonario contrato. La Fiscalía hizo un recorrido por las diferentes etapas de la licitación y la trayectoria de quienes figuran como representantes legales de las empresas vinculadas: las que integran la unión temporal, las encargadas de la interventoría, los intermediarios del banco y hasta la firma que debía certificar la legalidad de las garantías presentadas.

Los citados explicaron a los investigadores cuál fue su papel en la adjudicación del contrato de conectividad, pero, cuando llegaron a la pregunta sobre las garantías, las responsabilidades empezaron a saltar entre los protagonistas. Mientras que el representante de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, aseguró que a través de la corredora de seguros Rave obtuvieron las garantías, los señalados se defendieron al advertir que lo dicho por Duque es falso.

En la Fiscalía, asimismo, estuvo Libardo Polanco, representante de SES Colombia, la firma que contrató el MinTICpor más de 400 millones de pesos como consultora y analista de riesgo. Su trabajo era verificar, contrastar y confirmar la autenticidad de las garantías que presentó Centros Poblados, pero, pese al millonario pago, no advirtió las irregularidades.

Se defendieron señalando que, partiendo del “principio de la buena fe”, les resultó “improcedente” negar el valor del documento presentado por el contratista. “De haberse vulnerado la buena fe, se adoptarán las medidas que correspondan frente aquellos que deban asumir la responsabilidad por este tipo de actuaciones irregulares”, dijo Polanco.

Por su parte, Duque, de Centros Poblados, le dijo a la Fiscalía, según reza en su declaración, que por medio de Juan José Laverde, representante de Rave, buscaron la forma de obtener las pólizas. Sin embargo, ante la imposibilidad, le ofrecieron un intermediario, el empresario Jorge Alfonso Molina, cuyo nombre también quedó en el interrogatorio de Laverde en la Fiscalía y en el que no dudó en dejarlo como el responsable de obtener las garantías del banco Itaú.

“Él manifestó que poseía un lote en la ciudad de Santa Marta de alto valor comercial, pignorado a través de una banca de inversión al banco Itaú CorpBanca Colombia. Por ese motivo, tenía la facilidad de conseguir los cupos de crédito y garantías bancarias”, aseguró Duque.

Las preguntas en el interrogatorio a Duque, representante de Centros Poblados, se concentraron en las garantías bancarias, aunque les señaló a los investigadores que asumió el cargo en octubre de 2020 cuando el proceso, los documentos y las garantías estaban en el último capítulo, previo a la adjudicación. “Nunca nos sentamos en un computador a realizar una garantía”.

En poder de la Fiscalía hay cuatro denuncias por la falsedad en las garantías: la primera, del MinTIC, en la que aseguran que confiaron en las revisiones y controles de la interventoría; la segunda, del banco Itaú, al alertar de la ilegalidad de la garantía, que era falsa; la tercera, de Centro Poblados, en la cual dejaron al corredor de seguros Rave como el responsable de obtener la garantía. Ante el señalamiento, la firma Rave también se defendió con una cuarta denuncia.

Hay una más, presentada por el representante legal de Nuovo Security, Efraín González, quien asegura que su firma fue falsificada y puesta en el millonario contrato con Centros Poblados para la compra de equipos. Nuovo Security fue la empresa que recibió una consignación de 58.000 millones de pesos del anticipo girado por el MinTIC a una cuenta bancaria con sede en Delaware, Estados Unidos.

Las responsabilidades

En su declaración, el representante de Centros Poblados dejó claro cómo informaron al MinTIC sobre los procesos que cumplían en la medida de las exigencias, entre ellos, la garantía bancaria. “El Ministerio no pidió soportes de la garantía, pero sí lo hizo con la póliza extracontractual y los entregamos”, dijo Duque.

El mismo contratista, que estuvo por casi tres horas frente a los fiscales anticorrupción, explicó en su declaración que SES Colombia, la firma que contrató el Ministerio con la idea de confirmar la legalidad de la garantía bancaria, la revisó en dos oportunidades y la validó.

Esta misma empresa le dijo al Ministerio, su contratante, que actuaron “en derecho”, y, por eso, el PDF con la garantía lo “tomaron como válido”. Rave, la corredora de seguros, que, según Centros Poblados, puede dar fe del trámite de la garantía, dijo a la Fiscalía, a través de su representante, Juan José Laverde, que en 45 años “solo han gestionado pólizas, más de 150.000 en ocho años, todas sin dudas, pero ni una sola garantía bancaria”. Esto, para insistir en que el contratista del Ministerio le miente a la Justicia.

Centros Poblados reiteró que en las audiencias de caducidad el Ministerio no permitió la práctica de pruebas para buscar una solución “negociada” y así evitar una millonaria demanda contra el Estado. En su criterio, se violó el debido proceso con una sanción tan severa como la caducidad, que genera una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años y embargos inmediatos a las cuentas; un castigo que ni siquiera se aplicó en el “carrusel de la contratación en Bogotá” cuando existían otras alternativas como la cesión del proyecto. Por eso, ya anunciaron una demanda contra el MinTIC.

El intermediario

En lo que sí coincidieron quienes rindieron interrogatorio en la Fiscalía –Laverde de Rave, Duque de Centros Poblados y Robert Gómez de Novotic, empresa que integra la Unión Temporal– fue en el nombre del intermediario para obtener la garantía bancaria: el empresario Jorge Alfonso Molina.

En las preguntas de la Fiscalía queda claro que esta persona se encuentra plenamente identificada por el ente acusador. Sin embargo, quienes lo nombraron en los interrogatorios lo buscaron y no respondió. SEMANA también trató de comunicarse con Molina y, después de varios mensajes, tampoco atendió los llamados.

Se trata, según las declaraciones en la Fiscalía, de “un reconocido empresario de la construcción que ha requerido nuestros servicios siendo tomador de pólizas de seguros para contratos estatales; trámites en los que le hemos asesorado desde hace aproximadamente tres años y una gran cantidad de pólizas emitidas a sus empresas y sus socios”, explicó el representante legal de Rave, al referirse a Molina,quien terminó por convertirse en el eslabón perdido de esta investigación.

Desde Centros Poblados, su representante le dijo a la Fiscalía que ellos llegaron a Molina mediante Rave, y fue ese intermediario quien garantizó, usando la experiencia del corredor de seguros, la legalidad del trámite y el acompañamiento en el proceso de licitación hasta el escenario en el que fueron certificadas y avaladas las garantías bancarias.

En el expediente de la Fiscalía reposa información de este empresario y cómo su nombre aparece en importantes proyectos de infraestructura con el Estado desde 1996. Incluso, en la declaración del representante de Rave, se explica que Molina figura en otro proceso licitatorio que requirió, al igual que el contrato de conectividad del MinTIC, garantías bancarias, obtenidas bajo la misma dinámica: a través de la intermediación de Molina ante el banco Itaú, esta vez para la empresa Saeb Atlantic.

“Me informaron, mediante conversación telefónica sostenida el día 30 de junio de 2021, que habían oficiado al banco Itaú solicitando que certificara la autenticidad de la garantía bancaria que obra en el proceso licitatorio en el que participan como oferentes”, dijo Laverde.

Ante este segundo hecho de garantías obtenidas, presuntamente con la intermediación de Molina, el banco Itaú advirtió que esos documentos están en el mismo grado de ilegalidad o falsedad que los entregados por Centros Poblados en la licitación del MinTIC. “Las garantías de seriedad de la oferta presentada por Saeb Atlantic en el proceso licitatorio ante la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) también es falsa”, aseguraron.

Ese escenario de otra presunta ilegalidad deberá ser indagado por la Fiscalía, pues se estaría frente a una actuación sistemática de Molina, quien se presenta como un importante contratista. Él, en efecto, ha logrado la adjudicación de cuantiosas licitaciones con el Estado, pero con maniobras presuntamente ilegales.

¿Sobornos?

En las declaraciones también se entregaron detalles de un evento particular que quedó en la denuncia radicada por la corredora de seguros Rave. En el documento se advierte que al increpar a Molina por las dudas en las garantías bancarias, este aseguró que todo estaba arreglado, “que no había razón para preocuparse, ya que las cartas de garantía bancaria habían sido verificadas no solo por los funcionarios del banco, sino también por parte de las entidades públicas y demás proponentes”.

Pero las denuncias fueron más allá. Juan José Laverde, representante de Rave, le aseguró a la Fiscalía que tras reclamarle a Jorge Molina por la creciente polémica sobre la legalidad de las garantías, el intermediario le solicitó 50 millones de pesos para una supuesta reunión con directivas del banco para aclarar la situación, que, en criterio de Molina, surgió porque una funcionaria no conocía la negociación que adelantaban para obtener las garantías.

En la misma denuncia, afirman no entender por qué Molina, el intermediario de Centros Poblados, le solicitó a Rave los 50 millones de pesos, que, aclararon, no fueron entregados. Los hechos narrados a la Fiscalía serán objeto de investigación no solo para establecer la razón para pedir el dinero, sino para determinar quién se convertiría en el receptor de esos recursos.

Decisiones

La Fiscalía se encuentra en lo que denominan “trabajo metodológico”: emiten órdenes a la Policía Judicial, se recuperan algunas pruebas y, por supuesto, se llama a responder a quienes aparecen mencionados en este escándalo. Todos los citados entregaron su versión de los hechos y, al final, casi coinciden con la última respuesta: “Estoy dispuesto a atender todas las citaciones que sean necesarias para que estos hechos se aclaren”, dijo Duque, de Centros Poblados a la Fiscalía.

Luego de realizar los interrogatorios, analizar la información obtenida en las diligencias de inspección judicial y los documentos entregados por las partes en este proceso, la fiscal del caso deberá definir si llama a diligencias de imputación de cargos por delitos relacionados con la administración pública, como la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

De forma paralela, se adelantan indagaciones en la Procuraduría, en la que algunos de los protagonistas también rindieron diligencias de declaración, entre ellos, Luis Fernando Duque, de Centros Poblados, y Juan José Laverde, de la corredora Rave.