Exclusivo: ¿Una oscura alianza entre militares y el ELN?

La incautación de un gigantesco arsenal de municiones de propiedad de las Fuerzas Militares, en un barrio popular del municipio de Melgar, fue la pista con la que las autoridades establecieron la existencia de una presunta red de venta de armamento al ELN en el interior del Ejército, que incluso estaría relacionada con el atentado que perpetró esta organización contra la estación de Policía del barrio San José, de Barranquilla, el 28 de enero de 2018, en el que fallecieron seis uniformados y 41 personas resultaron heridas.

No se trató de una incautación cualquiera, según información de inteligencia militar y de la Fiscalía, es la segunda más grande que se haya dado en los últimos diez años. Con un agravante, esa munición habría salido, según las investigaciones, con complicidad de dos uniformados, desde el fuerte militar de Tolemaida, donde está el Centro Nacional de Entrenamiento de las Fuerzas Militares (Cenae).

Gracias a este operativo, y las indagaciones que realizaron de forma conjunta la Policía Judicial, inteligencia de la Fuerza Aérea, contrainteligencia del Ejército y el CTI de la Fiscalía, lograron recaudar testimonios, videos, documentos y horas de grabaciones con las que las autoridades capturaron al teniente coronel del Ejército Óscar Alexander Amado Pinzón; al sargento viceprimero Pablo Aliecer Caro Soler, ayudante del Comando del Batallón Especial Energético de San Carlos, en Antioquia; y a los civiles Manfred Perea Rivas, Albenio Lozano Pretelt, quienes presuntamente eran los encargados de recibir el arsenal de manos de los militares para entregárselo al ELN.

La primera ficha de este rompecabezas fue encontrada cuando, el 4 de noviembre de 2020, se realizó la incautación de 14.837 cartuchos calibre 5.56, que estaban listos para ser enviados a Cali a través de contenedores en un camión de mensajería. Este arsenal fue guardado y alistado en una habitación en el barrio Icacal de Melgar, que había sido presuntamente arrendada por los dos militares. Se trataría del teniente coronel Amado Pinzón y el sargento viceprimero Caro Soler. En ese lugar se dieron cita con otros dos hombres que llegaron a Melgar, se hospedaron en un hotel del centro, y luego fueron hasta la habitación alistaron el arsenal y lo enviaron.

En ese momento no hubo capturas, las autoridades se dedicaron a hacer seguimiento y la trazabilidad de la munición. Tres pistas los llevaron a la guarnición militar de Tolemaida. La primera era que dos militares habían sido quienes arrendaron la habitación que funcionaba como depósito del armamento. La segunda, la cercanía con esta base ubicada a solo 30 kilómetros.

Pero la ficha concluyente fue que la munición coincidía con el material bélico que estaba a cargo de uno de los batallones ubicados en el fuerte militar de Tolemaida. Se trataba de siete lotes, pero el más representativo era el que, de acuerdo con la información en poder de SEMANA, estaba registrado con el código P120 de 2008. Para las autoridades, no se trataba de una casualidad.

En ese momento, el coronel Óscar Alexánder Amado Pinzón era director de la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico (Cenae) y el 10 de agosto de ese año, apenas tres meses antes de la incautación, el coronel Amado, de acuerdo con un acta en poder de las autoridades a la que tuvo acceso este medio, citó a las personas a su cargo para que certificaran la entrega de 30.000 cartuchos de ese lote P120 “para proceder a su desmilitarización”. Es decir, a la destrucción de esos cartuchos que, de acuerdo con un comité técnico, resultaban obsoletos. Sin embargo, análisis periciales de la Policía Judicial señalan que estaban en condiciones de ser utilizados.

Seis días después, el 10 de noviembre, en una inspección, funcionarios de la Policía Judicial encontraron 3.600 cartuchos más, con una nueva coincidencia. Formaban parte del mismo lote P120, los que fueron encontrados en Melgar. Por estos hechos, la inspección general realizó un informe con hallazgos gravísimos, según quedó consignado en un acta del 10 de noviembre de ese año, en el que denuncian el tráfico de material de guerra y la existencia de esos cartuchos que se habían reportado como destruidos.

Audios en poder de SEMANA dejan en evidencia cómo los otros dos capturados, los civiles Manfred Perea Rivas y Albenio Lozano Pretelt coordinaron todo para recoger la munición. “Le cobré 600 pesos por transportar cada una de las 15.000, que no se baje de ese precio”, a juicio de los investigadores se refieren a los cartuchos 5.56 del lote P120 que fueron incautados.

El mismo día de la incautación, el 4 de noviembre, cuando se dirigían a la habitación que supuestamente habían alquilado los militares para depositar el arsenal, en otro audio, señalan “estoy a una hora de llegar a Melgar, apenas llegue van a ver si está la encomienda para retirar que el amigo de Cali está pendiente de recibir el material”. En este caso se refieren a 14.837 que serían entregados al ELN en la capital del Valle del Cauca.

Los civiles Perea Rivas y Lozano Pretelt, al parecer se dedican a más negocios oscuros, en el seguimiento que empezaron a realizar las autoridades, en interceptaciones telefónicas legales del 5 de febrero de 2021, hay una conversación en la que se refieren a un negocio de venta de camisetas de Nacional que serían enviadas a Panaca, según los analistas de inteligencia se trata de un cargamento de marihuana que tenía como destino Panamá.

Pero hay un audio que llama la atención de las autoridades y que deja sobre la mesa las transacciones que supuestamente hacían con los militares Amado Pinzón y Caro Soler. Se refieren a “un inconveniente con los precios porque cerraron la fábrica, y cogieron un carro saliendo con bastante. El amigo dijo que no se puede mover porque trasladaron a un poco y echaron a los otros dos, por eso cerraron la fábrica”. La referencia es al traslado de los militares, luego de la incautación y hallazgos que encontraron las autoridades en Tolemaida.

Pero ¿Cuál es el vínculo entre esta presunta organización criminal y el atentado contra la estación de Policía del barrio San José, de Barranquilla, el 28 de enero de 2018? Una fuente denunció que había militares que estaban vendiendo armas y municiones al frente de guerra urbano Darío de Jesús Ramírez Restrepo del ELN, que opera en la costa norte del país, y que realizó el acto terrorista. Además, en otro audio se hace referencia a un grupo de personas dedicadas a la comercialización de armas y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, en Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín y Tolima.

La defensa del coronel Amado rechaza los señalamientos pues en la descripción de las personas que arrendaron la habitación para almacenar la munición hablan de una persona de menos de 1,70 de estatura, y el militar mide más de 1,80 y pesa más de 100 kilos. Además, presentaron una serie de documentos que, a su juicio, demostrarían que, mientras alistaban el material para enviarlo por una empresa de mensajería a Cali, el coronel estaba en Tolemaida.

Adjuntaron pantallazos de conversaciones por WhatsApp en los que los miembros de la Escuela Militar de Entrenamiento de Reentrenamiento Táctico (Esert), se encontraban reunidos para atender una inspección del Ejército. También presentaron fotocopias del libro de minuta de entradas y salidas diarias por la guardia San Fernando en el Fuerte Tolemaida que demuestra la ausencia de salidas o de entradas del coronel Óscar Alexander Amado Pinzón en esos días.

Se trata de una compleja investigación que podría dejar al descubierto los tentáculos del ELN en el interior de las Fuerzas Militares para apropiarse de armas, uniformes, material de guerra y hasta información que les ha permitido realizar actos terroristas contra las guarniciones militares. Los procesados se han declarado inocentes, pero, por su parte, los investigadores de la Policía Judicial, la Fiscalía, inteligencia y contrainteligencia, han armado el rompecabezas que relaciona estos hechos. La última palabra la dictarán los jueces.