Excomandante de un batallón en el Meta deberá responder ante la JEP por falsos positivos

Varios mandos militares entre los que se encuentra el teniente coronel retirado Héctor Alejandro Cabuya de León, quien fuera comandante del Batallón de Infantería Número 21, Batalla Pantano de Vargas, deberán explicar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), acerca de más de 110 casos de presuntas víctimas de falsos positivos.

De acuerdo con la documentación reunida por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, para la presentación del material ante la JEP, y que tuvo acceso la emisora La W, se tuvo en cuenta un análisis detallado de las versiones presentadas por 68 comparecientes que ejercieron cargos militares en esa sede militar ubicada en el municipio de Granada, Meta, entre los años 1999 y 2007.

En este informe se indica que al parecer estas ejecuciones extrajudiciales obedecen a una misma lógica de planeación, ejecución y ocultamiento durante varios años, por lo que es posible determinar que se llevaron a cabo bajo las órdenes de diferentes comandancias como si fuera una política sistemática.

Para el director ejecutivo de este colectivo, César Santoyo, es importante que los esfuerzos para lograr la ‘paz total’ que pretende el actual Gobierno nacional cuenten con un testimonio abierto de quienes cometieron los crímenes contra la población civil, en las diferentes audiencias que se cumplen ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Hacemos un llamado a la JEP para que se avance en la investigación de otras unidades militares de los Llanos Orientales involucradas en estos crímenes, tales como la Séptima Brigada, la Brigada Móvil Número 12, la Brigada Móvil Número 4, el Gaula Meta y todas las adscritas a la IV División que perpetraron estos Crímenes de Lesa Humanidad en el territorio”, manifestó.

Cerca de 6.500 casos de víctimas de falsos positivos ocurrieron en Colombia entre los años 2002 y 2008, con un registro de 394 casos en el departamento del Meta, que se ubicó en el segundo lugar de este macabro indicador por detrás de Antioquia.

JEP responsabiliza a la Fuerza Pública por más 94 casos de reclutamiento de menores en el conflicto armado

El reclutamiento de menores, un fenómeno espantoso del conflicto armado en Colombia, no es un asunto que haya quedado en el pasado. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó a 94 víctimas de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de miembros de la Fuerza Pública.

Dicho hallazgo, señala la JEP, se dio de manera preliminar en el universo provisional de hechos que se estableció en el marco de la investigación que realiza la Jurisdicción en el Caso 07: ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, subcaso Fuerza Pública.

En otras palabras, según la justicia transicional, los casos están relacionados con hechos, presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

Según el auto de la Sala de Reconocimiento conocido por SEMANA, con corte a enero 30 de 2023, el Caso 07 ha recibido 49 informes que se refieren a hechos de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto, 36 han sido presentados por instituciones u organizaciones no estatales y 13 por instituciones del Estado. La Sala realiza su investigación en el Caso 07 tanto por hechos cometidos por las antiguas Farc-EP, como por parte de la Fuerza Pública.

Luego de un ejercicio preliminar de contrastación con más de 13 millones de registros procesados, el Grupo de Análisis de Información (Grai) de la JEP identificó a 94 víctimas únicas de reclutamiento y utilización, cuyo presunto responsable es un agente del Estado. Estas victimizaciones ocurrieron antes del primero de diciembre de 2016.

“Este universo de víctimas registra un pico significativo de hechos que comienza a partir de 2006 hasta 2009, período en el cual se encuentran el 72 % de las víctimas identificadas. Respecto del lugar de ocurrencia, el departamento del Cauca concentra el mayor número de victimizaciones, con el 28 % del total de hechos identificados. Le siguen Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. Asimismo, el 87 % de las víctimas son de sexo masculino. Respecto a las estructuras presuntamente responsables, en 81 casos se relacionó al Ejército Nacional”, señala la JEP.

Y agrega que también se ha avanzado en la identificación de violencias graves a manos de agentes de Estado sufridas por víctimas de reclutamiento y utilización, acreditadas en el Caso 07 subcaso Farc-EP.

“A la fecha se han acreditado 579 víctimas individuales, que fueron reclutadas por esta antigua guerrilla. De sus relatos, la Sala ha identificado que algunas de ellas sufrieron violencias por parte de agentes de Estado, principalmente en los procesos de captura, desvinculación y desmovilización, así como en la conducción de combates”, advierten.

Por ejemplo, en el Auto 039 de 2023, se anunció la revisión detallada 363 expedientes de víctimas y se remitieron 26 de ellos al Caso 08, sobre crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles.

Entre estas remisiones se incluyen hechos ocurridos en la llamada “Operación Berlín”, caso emblemático en donde –en medio de operativos militares– se registraron actos de violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública, como malos tratos y asesinatos, en contra de niños y niñas reclutados por las antiguas Farc.

Para profundizar en la investigación de hechos de reclutamiento y utilización por acciones de la Fuerza Pública, la Sala hizo un llamado a estas víctimas para que presenten su solicitud de acreditación en el Caso 07: ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’.

Las víctimas acreditadas pueden aportar información y participar en el desarrollo de la investigación bajo el principio de su centralidad en el proceso.