Excontralora Sandra Morelli se declaró inocente por millonario arrendamiento para sede de la entidad

“Me declaro inocente y no acepto cargos”. De esta forma la excontralora General, Sandra Morelli Rico respondió a la pregunta del magistrado de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en el inicio del juicio que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades en la celebración del contrato para el arrendamiento de la nueva sede del organismo en el occidente de Bogotá.

Este martes, después de siete años, comenzó formalmente el proceso contra la exjefe del ente de control fiscal (2010-2014) por firmar en marzo de 2012 un contrato interadministrativo cercano a los 2.600 millones de pesos para trasladar las oficinas principales que estaban ubicadas en la torre Colseguros en el centro de Bogotá hasta el edifico de Gran Estación II.

Por estos hechos, fue acusada por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales agravado y peculado por apropiación a favor de terceros. La Fiscalía General sostiene que con su actuar generó un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos.

En este sentido se indica que no existió una justificación alguna para realizar el respectivo trasteo y pagar un arriendo tan costoso. El caso tiene un agravante teniendo en cuenta que como Contralora General tenía la responsabilidad de vigilar el patrimonio de la Nación y tomar acciones dirigidas a evitar cualquier tipo de afectación.

Frente a esto consideran que se trató de una actuación “dolosa e irreflexiva” motivada por un capricho, puesto que existían otras opciones más económicas. En el escrito de acusación, que fue radicado en 2014, se advierte que existió una falta de valoración antes de firmar el respectivo contrato.

Igualmente, no se presentaron nunca estudios técnicos o económicos que le dieran sustento a la viabilidad de dicho contrato, ni se realizó una consulta para verificar otras opciones por lo que se vulneraron los principios de contratación pública. En el documento se señala que existió una “caótica estrategia administrativa” que afectó directamente los recursos públicos.

El actuar de Morelli fue catalogado como indolente puesto que nunca tuvo en cuenta las afectaciones y consecuencias presupuestales y patrimoniales. Una de las pruebas documentales recolectadas durante la investigación señalan que en un momento se le presentó a Sandra Morelli una propuesta “para mejorar los lineamientos de la sede física, y por tanto obtener una solución mixta”, pero fue descartada de inmediato.

“Se le censura que pagara un canon mensual de 2.515 millones de pesos para oficinas funcionales por un mueble que durante dicho periodo no podía ocupar ni usar, y durante este tiempo se realizarían las obras para convertirlo en funcional”, precisó el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema en la lectura del escrito de acusación.

En la celebración de los contratos 233 y 234 de 2012, detalló la Fiscalía General, se presentó una clara vulneración a los principios de buena fe y de economía. “La excontralora obró con desprecio hacia las normas establecidas y solo por capricho firmó el traslado de las dependencias de la entidad que funcionaban en sus sedes de la Torre de Colpatria, del Cardenal Crisanto Luque y de las Bodegas de Álamos (…) como cabeza del ente de control, impulsó, dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que a cualquier costo le permitiera contar con los recursos públicos, para acceder de manera irregular a una nueva sede, a pesar del detrimento que ello representaba”.

Sandra Morelli omitió las recomendaciones hechas por el Ministerio de Hacienda para que se hiciera un traslado temporal mientras se arreglaba la sede principal y las otras oficinas. Esto teniendo en cuenta que existía vigente un contrato de arrendamiento, lo que aumentó el daño patrimonial.

El próximo año se iniciará el juicio y se espera que se conozca un fallo de fondo, es decir, si se comprueba la tesis de la Fiscalía responsabilizando a Morelli de estos delitos o si, por el contrario, se emite una sentencia absolutoria.