Exdirectivo de la multinacional Cemex prende el ventilador

Este jueves la justicia colombiana legalizará ante un juez el acuerdo judicial que dará un giro en el escandaloso caso que compromete a por lo menos tres ex altos directivos de la compañia cementera Cemex. El exvicepresidente jurídico, Camilo González, recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá y procesado por los delitos de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito agravado, prendió el ventilador y se comprometió a delatar a altos ejecutivos de la multinacional. 

El caso lleva ya dos años dando vueltas en la justicia. El año pasado la Fiscalía sacó las primeras medidas de aseguramiento por la forma en que la multinacional adelantó el millonario negocio para adquirir la mina caliza —un lote de 400 hectáreas ubicadas en el municipio de Maceo, en Antioquia— con el que la firma buscaba ampliar considerablemente la operación en Colombia hasta en un millón de toneladas. El lote estaba en ese entonces afectado dentro de un proceso de extinción de dominio contra José Aldemar Moncada, uno de los cerebros del desfalco a la Dian por recobros por exportaciones falsas de chatarra, condenado por lavado de activos. Antes de que pudiera dar su versión fue asesinado en 2016 con lo que dejó un importante vacío para la investigación. 

Hasta ahora, el ejecutivo de más alto perfil involucrado es el exvicepresidente de Planeación de Cemex, Edgar Ramírez Martínez, quien fue declarado contumaz por un juez de Bogotá desde mediados de 2018 y también estaría en Estados Unidos cerrando un acuerdo de cooperación judicial. La justicia también dictó medida de aseguramiento contra Eugenio Correa Díaz, representante de la firma C.I. Calizas, quien estuvo a cargo de cerrar el negocio y está procesado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

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La Fiscalía los responsabiliza de haber adelantado la negociación con el pago de por lo menos 40.000 millones de pesos conociendo que sobre el millonario lote recaía la afectación. El lío estalló el viernes 23 de septiembre de 2016, cuando Cemex Latam Holdings informó a la Superintendencia Financiera que había suspendido de sus cargos al vicepresidente de Planeación de Cemex Latam y Cemex Colombia, Édgar Ramírez Martínez, y al abogado general de la compañía y representante legal, Camilo González Téllez. De inmediato presentó su renuncia Carlos Jacks, director ejecutivo de Cemex Latam Holding y de Cemex Colombia.

Luego, trascendió que en una reunión realizada en la casa matriz de México, varios ejecutivos entregaron los resultados de una auditoría interna relacionada con un importante proyecto en Colombia. Este incluía la compra de unos terrenos de propiedad de la firma C.I. Calizas y Minerales y los derechos sobre una mina de caliza y una zona franca, en inmediaciones del municipio de Maceo, nordeste antioqueño. Estos activos tenían un valor de 22,2 millones de dólares. El objetivo de Cemex era construir una nueva planta de cemento en 400 hectáreas. A los directivos mexicanos les llamó la atención que en todo el desarrollo del negocio se hubieran hecho pagos sin ceñirse a los protocolos establecidos por Cemex sobre gobierno corporativo y código de ética.

Una investigación interna de la multinacional llevó a que el abogado penalista Jaime Granados interpusiera una denuncia penal que tiene hoy respondiendo a los tres implicados. El abogado Jaime Granados se abstuvo de hacer comentarios frente al principio de oportundad que será presentado ante un juez esta semana. 

Los cargos

Ramírez Martínez como exvicepresidente de Planeación de Cemex es el empresario de más alto rango identificado. Según la Fiscalía, suscribió varios de los otrosíes de los memorandos de entendimiento, entre los cuales se reconoce un desembolso de 3 millones de dólares con intereses de 4 por ciento. Además, habría participado en la triangulación de dineros usados para la compra de un apartamento.  

González Téllez, quien pasará a ser testigo de la Fiscalía colombiana, habría suscrito memorandos de entendimiento y  “conocía de la existencia del predio en extinción de dominio. Sabía quién era el cuestionado Moncada Moncada, su propietario", dijo el ente investigador durante la imposición de la medida de aseguramiento.

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Este exejecutivo, al parecer, sabía de las advertencias de otros directivos sobre esas irregularidades y sin embargo suscribió los otrosíes, que llevaron a que fueran girados 8 millones de dólares. Correa Díaz, en su condición de representante C.I. Calizas y Minerales, es señalado de haber recibido más de 40.000 millones de pesos. De esto queda soporte en su cuenta bancaria, entidad financiera de Cartago (Valle del Cauca). 

Desde diciembre de 2016, la cementera recibió requerimientos de información por parte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos para determinar si había incurrido o no en violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).

A través de un comunicado de prensa, Cemex también confirmó que el 12 de marzo de 2018 en relación con sus operaciones en Colombia y ciertas otras jurisdicciones. "CEMEX, S.A.B. de C.V. tiene la intención de cooperar ampliamente con la SEC, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y cualquier otra entidad investigadora". También manifestó que no está en posibilidad de predecir "la duración, ámbito o resultado" de cualquiera de las investigaciones. 

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El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizaron una visita a la Superintendencia de Industria y Comercio en agosto de 2018, entidad que sancionó por más de 200.000 millones a Argos, Cemex Colombia y Holcim Colombia por cartelizarse para manejar el precio del cemento en el mercado. Los agentes americanos se llevaron información recogida en la entidad como correos electrónicos y documentación que fue usada por la entidad en el proceso que concluyó que estas compañías mantuvieron un ambiente colaborativo, no competitivo, o de colegaje extraño a un mercado en competencia.