La fila de los inconformes

Antes del choque de trenes del 22 de mayo, cuando la Corte Constitucional le concedió al exministro Andrés Felipe Arias una tutela para revisar su condena proferida por la Corte Suprema, el exfiscal Gustavo Moreno, desde Estados Unidos, se había adelantado en esta histórica carrera.

El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía aceptó cargos en Colombia en 2017. Pero, inconforme con la sentencia condenatoria, decidió impugnarla ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Moreno pidió dos cosas: enmendar su aceptación de cargos, y descontar de su sentencia a cuatro años y diez meses de prisión el tiempo que pasó recluido en una cárcel en Estados Unidos.

En octubre del año entrante, Moreno terminará de saldar sus deudas con una corte del sur de Florida y regresará a Colombia. Al aterrizar, encontrará que la Corte Suprema le tiene preparado un amargo recibimiento. Tres magistrados del alto tribunal –Hugo Quintero, Fabio Ospitia y Jorge Humberto Moreno– fallaron por primera vez un caso de doble conformidad para aforados en Colombia. Y al contrario de las cuentas del exfiscal, el debate judicial terminó en un fuerte jalón de orejas.

Los abogados del exministro Andrés Felipe Arias siguen en consultas para radicar la impugnación de su sentencia condenatoria a 17 años de cárcel.

El exfiscal Moreno aceptó a regañadientes los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada en una accidentada audiencia a mediados de 2018. Allí manifestó que había presiones de la Fiscalía sobre su familia para que encendiera el ventilador, afirmación de la que se desdijo durante la misma diligencia.

Al sentenciarlo, la Corte Suprema le consideró la aceptación de cargos y le aplicó el máximo descuento permitido, del 50 por ciento sobre los dos delitos. Ahora, en la revisión solicitada, Moreno volvió a cuestionar la audiencia y reclamó por una supuesta incongruencia entre los hechos que aceptó y los que quedaron en la condena.

Primer regaño: los tres magistrados consideran inadmisible que Moreno pretenda pasar por alto una aceptación de cargos, frente a la cual tampoco variaron posteriormente y de manera fundamental los hechos. En la imputación y en la sentencia queda claro que Moreno presionó al exgobernador Alejandro Lyons para que le pagara a cambio de favorecerlo en las investigaciones en su contra. Y que para amedrentarlo se valió de la información privilegiada de la Fiscalía.

Por medio de su abogado, el exfiscal también calificó de “irracional, desproporcionada e inmotivada” la limitación impuesta por la corte para comenzar a descontar la pena solo cuando regrese al país. Los magistrados consideran curioso que con argumentos “escuetos” intenten desconocer que estar en el exterior impide materialmente ejecutar su sentencia en Colombia. Así las cosas, la decisión quedó en firme.

Los otros

Con este pronunciamiento, Moreno se convirtió en el primer aforado en conseguir la revisión. Pero no es el único en la fila. Detrás suyo vienen los exsenadores Martín Morales Diz y Bernardo ‘el Ñoño’ Miguel Elías; los exgobernadores Alejandro Lyons (Córdoba), José Alberto Pérez (Guaviare), José Luis González Crespo (Casanare), Whitman Porras (Arauca), y los exmagistrados de Cúcuta Fernando Castañeda Cantillo y Félix María Galvis.

Whitman Porras, Bernardo Miguel Elias, Martín Morales Diz, Alejandro Lyons.

Todos fueron sentenciados entre enero y julio de 2018, un periodo de transición para la justicia que se convirtió en una especie de limbo. A comienzos de ese año el Gobierno sancionó el acto legislativo que creó la doble instancia para aforados. No obstante, para cuando los procesos de estos ocho llegaron a su fin no se habían creado las nuevas salas a cargo de implementar la norma.

Por ello, la tensión subió a la Corte Constitucional y en agosto de 2019 esta resolvió una tutela en favor de Morales Diz, el exsenador de La U condenado por bacrimpolítica y parapolítica, para que le admitieran la impugnación. Los magistrados de la Sala Penal actuaron en consecuencia y crearon el mecanismo mediante el cual tres magistrados, que no hubieran participado del primer pronunciamiento, tendrían que encargarse de la revisión. Además –señalan–, las reglas de juego tendrían que ser las mismas de una apelación para segunda instancia.

Esto ocurrió un año antes de que la Corte Constitucional fallara el caso de Arias. De modo que el camino para el exministro no será desconocido ni inexplorado. Deberán resolver su impugnación tres magistrados que no se hayan pronunciado en la primera sentencia y que no tengan líos por conceptos emitidos alrededor del caso de Agro Ingreso Seguro. Estos requisitos dejan por fuera a la magistrada Patricia Salazar, a Eyder Patiño y a Eugenio Fernández Carlier. Un par de magistrados están estudiando apartarse del debate cuando llegue la impugnación.

Entretanto, los abogados de Arias buscan, hasta entre los magistrados auxiliares, los nombres de quienes conocieron del caso para evitar que también participen en este nuevo pronunciamiento.

La justicia ha respaldado la legitimidad de la sentencia que condenó a Arias a 17 años. Aun así, una de las estrategias de la defensa del exministro será depurar al máximo la baraja de candidatos a conformar la sala que revisará la sentencia. Pero como van las cosas, este es el menor de sus problemas. Pues de fondo está claro que detrás del recurso de la doble conformidad no hay ningún paraíso de absoluciones.