Exfiscal será condenado por ordenar ‘chuzar’ al sindicato de pilotos de Avianca

Después de tres años de su captura, el exfiscal 32 Especializado contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo aceptó, mediante un preacuerdo, haber ordenado las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de los integrantes del sindicato de la aerolínea Avianca que, en 2018, convocaron una protesta y cese de actividades para exigir mejores condiciones laborales.

Pese a que en diferentes etapas procesales Martínez Lugo se declaró inocente e incluso tocó las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recientemente manifestó su interés de negociar con la Fiscalía General para buscar una rebaja en su condena. En este acercamiento reconoció su plena responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción, violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y concierto para delinquir.

En la negociación se fijó una pena de siete años de prisión, la presentación de excusas públicas y la indemnización por daños morales y materiales a las víctimas reconocidas dentro del proceso penal.

“(...) En relación con el señor Fabio Augusto Martínez Lugo, se pactará, como contraprestación, su renuncia voluntaria de presunción de inocencia y al ejercicio al derecho de contradicción y defensa, una rebaja de pena equivalente a la tercera parte de la sanción que trae aparejada los delitos que, tanto en concurso homogéneo como heterogéneo, se le presentó y adicionó la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación”, precisa el acta de preacuerdo.

En el escrito de acusación presentado contra Martínez se advierte que se ordenaron actividades destinadas a interceptar las comunicaciones telefónicas de un grupo de personas sin ninguna orden judicial, hecho que está totalmente prohibido. En las actividades adelantadas entre 2017 y 2018 a los negociadores del proceso de paz paz, abogados, empresarios, así como a pilotos, entre ellos a Julián Gustavo Pinzón, líder del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Asdac).

Para evitar llamar la atención de sus actividades ilegales, “disfrazó” junto al excoordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía General, Luis Carlos Gómez Góngora, estas interceptaciones dentro de otras investigaciones. Utilizando sus cargos e influencia habrían dado ordenes directas de interceptar las comunicaciones de estas personas, toda la información recolectada le era enviada a interesados en estos datos, todo a cambio de una importante suma de dinero.

La Fiscalía General determinó que por orden directa de de Martínez Lugo se interceptaron las comunicaciones del ciudadano español Lucio Rubio, Felipe Jaramillo Londoño, Jorge Hernán Flórez Lema, Nidia Jaramillo, Elkin Duván Tulande, Ana Josefa Cruz e Ingrid Lorena Bello, pese a que ningún juez de garantías había ordenado estas interceptaciones ni las personas en mención estaban vinculadas a una investigación.

Para la Fiscalía, tanto Martínez como Gómez Góngora participaron en una una empresa criminal particular, integrada por funcionarios y exfuncionarios públicos, que se dedicó a ofrecer servicios de interceptación ilegal de comunicaciones a cambio de sumas de dinero. Con su accionar –adiciona– se presentó un abuso de sus funciones y una extralimitación en la confianza.

El Tribunal Superior de Bogotá tendrá la última palabra sobre este preacuerdo que busca cerrar un capítulo de las “chuzadas” dentro de la Fiscalía General de la Nación.

Gómez Góngora ya fue sentenciado por haber ordenado desde la Sala Diamante de la Fiscalía General estas interceptaciones ilegales.