Exfuncionario de MinTransporte, que filtraba información para el cartel de la chatarrización, fue inhabilitado por 10 años

Aunque fue un proceso investigativo largo, la Procuraduría acaba de sancionar a una de las fichas clave en el escandalozo carrusel de la chatarrización, que explotó en 2017 y que era encabezado por una de las cabezas del gremio de los transportadores de carga, el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Pedro Aguilar Rodríguez. Estas irregularidades no habrían sido posibles sin la filtración de información de Harry José López Hernández.

Por eso, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años al extécnico administrativo del Ministerio de Transporte, Hernández, por proporcionar información confidencial y privada de la institución.

“El Ministerio Público verificó que el servidor público brindaba a terceros datos privilegiados que estaban relacionados con el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt); de esta manera, se evidenció que suministraba la información y, además, recibía dádivas por la entrega de la misma en reiteradas ocasiones”, señalaron desde la Procuraduría.

Según la investigación penal realizada por la Fiscalía, López, quien trabajaba en el Ministerio de Transporte desde 1991, durante cuatro años, fue una de las personas que permitió la continua defraudación al Estado.

Para la entrega de información exclusiva, sensible y confidencial, López supuestamente recibía giros habituales de cinco millones de pesos, con la finalidad de alterar el sistema por el cual se realizaban los trámites de chatarrización, y contaba con la colaboración o complicidad de exsecretarios de Tránsito de diferentes municipios.

El ente de control confirmó que Harry José López Hernández fue condenado por el delito de cohecho propio a una pena de 50 meses de prisión y una multa de 41,7 salarios por la Fiscalía y, actualmente, tiene una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Por lo anterior, en fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la falta de López Hernández como gravísima, a título de dolo.

En su momento, se determinó que por cada camión, la red de chatarrización obtenía cerca de 50 millones de pesos y el centro de la mafia de la chatarrización estaba en el Registro Único Nacional de Transito (Runt) y que, en algunos procesos de desintegración de camiones de carga pesada, se alteraba fraudulentamente ese sistema.

Justo ahí era clave la participación de López en los ilícitos, pues para ese momento era el coordinador del Runt en el Ministerio de Transporte y el cálculo era que más de diez mil vehículos habían sido chatarrizados de forma fraudulenta.