Exgerente de TransMilenio y expresentante de Recaudo Bogotá van a imputación de cargos

Para este martes está programada la audiencia de imputación de cargos en contra del exgerente de TransMilenio Jairo Fernando Páez Mendieta y la exrepresentante Legal de Recaudo Bogotá Nohora Patricia Acero, en el maco de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades que se habrían presentado para la celebración del contrato en 2011, que tenía como objetivo el recaudo de los dineros del sistema masivo de transporte en la capital de la República.

Para el ente investigador, tanto Páez como Acero obviaron los controles y vigilancia del proceso de licitación, dándole el visto bueno a una empresa conformada por los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla, tíos del entonces concejal de Bogotá Felipe Ríos. En este sentido, se señala que de haber adelantando una revisión habrían evidenciado el conflicto de intereses que existía en este caso.

Por su vínculo de familia en primer grado, los Ríos no podían contratar con el Distrito. Sin embargo, estos hechos no fueron tenidos en cuenta cuando se le permitió su participación libre en la licitación.

Como prueba de esto se encuentra el documento formado por la propia Nohora Patricia Acero, en el que advierte que la empresa interesada no contaba con una inhabilidad, esto pese a que la conformación de la empresa rezaba así: Recaudo Bogotá estaba conformada por City Móvil Colombia S.A.S; Land Developer Inc y LG CNS Co Ltda. En estas aparecían los nombre de los empresarios mencionados y reconocidos.

En el caso del entonces gerente de TransMilenio se le reclama que no se tomó el trabajo para identificar plenamente a los integrantes de Recaudo Bogotá, incurriendo así en una omisión de sus funciones en materia contractual.

Por estos hechos, la Fiscalía General le imputará a Acero el delito de fraude procesal, mientras que Páez tendrá que responder por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ya la Fiscalía General vinculó a los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla, y al exconcejal Felipe Ríos, por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, e interés indebido en la celebración de contratos.

Los hechos en mención tienen relación con la adjudicación del millonario contrato para el recaudo en el sistema de TransMilenio durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Pese a que para ese momento Felipe Ríos Velilla era concejal de Bogotá, no presentó ningún impedimento cuando se enteró que la empresa de sus tíos estaba participando en la licitación.

El cabildante también guardó silencio y no dijo nada cuando la empresa ganó el tan anhelado contrato que tenía una vigencia de 20 años. “Era su deber legal de acuerdo con la ley, que cuando sobrevenga al acto de nombramiento oposición alguna inhabilitada o incompatibilidad del servidor público debe advertirlo inmediatamente a la entidad”.

Para sustentar su dicho, la fiscal del caso citó las actas del Concejo de Bogotá, resaltando que en ningún momento el Concejal manifestó “ningún tipo de interés (...) respecto del sistema de transporte y mucho menos advirtió alguna inhabilidad o incompatibilidad para el transporte masivo de Bogotá”.

En un segundo momento, la Fiscalía explicó de qué forma los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla incurrieron en el mismo delito que fue imputado a su sobrino: violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Para la fiscal Monsalve, los empresarios sabían que su sobrino estaba en el Concejo de Bogotá y a través de otras empresas lograron participar de la millonaria contratación del sistema de recaudó en TransMilenio.

“Ustedes conocían que con su accionar estaban afectando el bien jurídico del Administración Pública, toda vez que sí sabían que se encontraban en el régimen de incompatibilidades, ustedes lesionaron el bien jurídico sin justa causa al momento de que firmaron el contrato, tenían conciencia que intervenir en el trámite de aceptación del contrato les exigible respetar las leyes del régimen legal de inhabilidades incompatibilidades”, señaló la fiscal Ángélica Monsalve.