Los pecados del exgobernador Efrén Palacio, según la Fiscalía

En su anhelo de sustentar la acusación contra el exgobernador del Chocó Efrén Palacios, el fiscal Carlos Iván Mejía explicó que los contratos de salud que se celebraron en el departamento durante la administración del investigado dirigente el único propósito era recibir recursos del erario y no satisfacer las necesidades de salud de la ciudadanía.

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En audiencia pública desarrollada este martes ante la Corte Suprema de Justicia, el representante del ente investigador explicó que la actuación del procesado atentó de tal forma contra los principios de contratación, que ni siquiera se verificó cuáles serían los beneficiarios de los medicamentos, tras la celebración de varios contratos por 4.000 millones de pesos que jamás cumplieron sus objetivos.

En el 2013 Palacios, entonces gobernador de Chocó, le dio su visto bueno al secretario de Salud, Guillermo Vergel, para que esa dependencia celebrara contratos de prestación de servicios, aparentemente, para crear una red de suministro de medicamentos para la población vulnerable del departamento.

Sin embargo, la probable falta de ejecución de los convenios y su celebración sin estudios previos, pese a la voluminosa cuantía de los mismos, alertaron a la Fiscalía respecto a la probable ilegalidad de la gestión contractual.

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El ente investigador encontró que, en efecto, no se adelantaron estudios previos que permitieran prever las necesidades de la población, ni la capacidad de las droguerías contratistas para suministrar los medicamentos. Al parecer, según algunos testigos, el afán era obtener los recursos que permitieran a Palacios cubrir deudas derivadas de gastos de campaña.

Por eso, a finales del 2015, esa autoridad judicial imputó cargos al dirigente por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

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Este martes, cuando le correpondió al fiscal Mejía explicar en qué consiste la acusación, el funcionario judicial indicó que la Gobernación obvió el desarrollo de las etapas previas que exige la ley -a sabiendas de que ello constituía una ilegalidad- porque su intención era dar apariencia de legalidad a una gestión que solo buscaba obtener recursos del erario.

Dijo que la celebración de ese tipo de contratos le permitía saltarse los estudios previos si los convenios no superaban los 38 millones de pesos, por lo que resulta evidente la ilegalidad del trámite de esta contratación, que suma 4.000 millones de pesos.

Además, explicó que el propio indiciado escogió a las contratistas e incumplió las exigencias de la Ley 80 de 1993, para asegurarse de que su secretario de Salud, Guillermo Vergel, asegurara la apropiación de los recursos, que no buscaban beneficiar a los chocoanos, sino satisfacer sus intereses particulares.

Adicionalmente, dijo que aun cuando la gestión la haya celebrado dicha dependencia, la responsabilidad es del entonces gobernador no sólo por ser el ordenador del gasto sino porque se evidencia que la Secretaría la creó el propio Efrén Palacios meses antes de la celebración de los contratos.

Dijo que es tan evidente el interés del indiciado de llevar a su exsecretario a celebrar esos convenios bajo ese ilegítimo interés, que incluso le ofreció mantenerlo seis meses más en el cargo o nombrarlo asistente de la Gobernación.

Todo estuvo tan bien planeado por Efrén Palacios, dice la Fiscalía, que se cercioró de que el auditor médico que vigilara esta gestión contractual fuera su compadre Eldipio Asprilla, pues quien estaba al frente de esa labor no le generaba al jefe de la administración departamental la suficiente confianza para asegurar esta "defraudación".