El exgobernador Álvaro Cruz pagará 6 años de cárcel

El juzgado 44 Penal de Bogotá sentenció a seis años de prisión al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho tentado y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Además, Cruz deberá pagar 145 millones de pesos.

El proceso en contra del exgobernador había estado lleno de acusaciones y escándalos. El mismo ex vicefiscal encargado había acusado al alto funcionario de entregar dinero a cambio de lograr mejores condiciones en un su proceso ante ese organismo. Por cuenta de este señalamiento, la Fiscalía dio por terminadas las negociaciones que tenía con Cruz con miras de llegar a un preacuerdo y se anticipaba que a la condena solo le faltaba tiempo.

La historia de cómo terminó Cruz involucrado en el denominado carrusel de la contratación de Bogotá es la siguiente: Según ha logrado establecer la justicia, entre diciembre del 2009 y febrero del 2010 (antes de ser gobernador), Cruz estaba al frente de una empresa de ingenieria llamada ICM.

La Fiscalía logró establecer que desde allí, él habría entregado hasta 800 millones de pesos en sobornos para que esa firma se ganara varias licitaciones, entre ellas la reparación de la calle 153 y el arreglo de otras vías. Estos dineros, aparentemente, habrían salido del anticipo de un contrato de 24.000 millones de pesos adjudicado a la Unión Temporal Asfaltos 2009, integrada por Incoasfaltos y la firma ICM Ingenieros. El exgobernador, durante todo el proceso, insistió en que no tiene ninguna participación en esta última empresa y que sólo le ha prestado servicios de asesorías.

Sin embargo, la Fiscalía aseguraba que contaba con material probatorio suficiente para demostrar que aunque Cruz no figuraba legalmente, sí ha fungido como representante de ICM en diversos negocios. Además, su cuñado Jorge Ibán Rozo Barragán era accionista de ICM Ingenieros a través de la firma Inversiones en Infraestructura SAS, y su esposa, Zoraida Rozo Barragán, también llegó a figurar como accionista.

Hubo otro episodio que lo puso en aprietos. En el 2010, ICM Ingenieros, a través de Álvaro Cruz, hizo un negocio con el abogado colombiano Abraham Casallas y el empresario cubano Manuel Dorta-Duque para comprar un terreno de 7,5 millones de dólares en Miami. En dicho negocio, Álvaro Cruz y Luis Guillermo Mesa Sanabria (representante legal de ICM Ingenieros) tenían una participación del 25 %.

A principios de junio, la Fiscalía entrevistó en Estados Unidos al empresario cubano quien dijo que siempre le presentaron a Álvaro Cruz como dueño de la firma de ingenieros y entregó soportes que demostrarían que sí hicieron negocios juntos y no con un homónimo, como llegó a decir Cruz en una entrevista para defenderse de esas acusaciones.

A los testimonios se sumaron los allanamientos de la Fiscalía a la oficina y casa del exgobernador y a la oficina de ICM. En agosto del 2015, cuando Cruz se vio ya arrinconado por la justicia, decidió renunciar a su cargo. En una sentida carta le comunicó al presidente Santos esa decisión.

Durante el año siguiente, el exgobernador se dedicó a defenderse. Los primeros meses parecía claro que podría llegar a un acuerdo favorable con la Fiscalía, sin embargo, un episodio de corrupción enredó esa posibilidad. Según dijo en su momento el entonces vicefiscal Perdomo, Cruz y su esposa le habrían entregado a un procurador llamado Hernán Jovel Muñoz 1.700 millones para direccionar el proceso judicial en su favor.

Por cuenta de esa grave acusación, la esposa de Cruz también terminó involucrada en el proceso penal. Meses después aceptó cargos y fue condenada, pero le dieron el beneficio de prisión domiciliaria.