Exgobernador de La Guajira fue llamado a juicio por corrupción en el Plan de Alimentación Escolar

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros fue llamado a juicio el exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración de contratos relacionados con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y el servicio de transporte para estudiantes.

Los hechos materia de investigación se presentaron durante el tiempo en que Ballesteros Valdivieso estuvo en el cargo, esto es entre junio de 2014 y diciembre de 2015. En este período se firmaron dos contratos millonarios para garantizar la alimentación y transporte de los estudiantes de las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables en el departamento de La Guajira.

Sin embargo, estos contratos jamás alcanzaron sus objetivos puesto que el entonces mandatario departamental no cumplió con sus deberes de vigilancia y supervisión de los contratos y, en cambio, permitió que se destinaran y pusieran en riesgo los recursos de las regalías en los dos procesos contractuales que avaló.

El primer contrato que se firmó el 19 de marzo de 2015 con el consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira tenía como objetivo suministrar complementos alimenticios en la mañana y almuerzos para estudiantes de prescolar, básica primaria y básica secundaria y media, en 15 municipios durante 125 días. Las pruebas revelan que esto nunca se llevó a cabo.

Dicho contrato registró una adición, por lo que su valor inicial ascendió a los 41 mil millones de pesos. Para la Fiscalía General se habrían presentado diez posibles deficiencias en los estudios previos para la celebración y ejecución del contrato. Entre estos se encontraban errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos, números de raciones previstas, instituciones a cubrir y cantidad de alumnos beneficiados.

La Gobernación, resaltó la Fiscalía General, no habría realizado consulta previa con las comunidades indígenas cuya población menor de edad iba a ser la más beneficiada con el PAE y el trasporte, ni se evaluaron los factores nutricionales y calóricos de las raciones preparadas, puesto que los lineamientos técnico-administrativos que se utilizaron no estaba vigentes.

Esto llevó a que no se les proporcionara un aporte nutricional adecuado a los pocos menores de edad que resultaron beneficiados con el contrato de alimentación escolar. Igualmente, la Gobernación no dispuso de condiciones ni lugares para que los estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre, generando así una afectación.

En la celebración de este contrato se habría presentado un detrimento patrimonial superior a los 13.200 millones de pesos, según el informe realizado por los peritos contables del CTI. En el documento se resalta que existieron sobrecostos y pagos por raciones que nunca se le entregaron a los estudiantes.

En las verificaciones se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $ 1.759 por cada complemento de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de $ 971 unidad. De otra parte, desembolsó $ 2.097 por cada almuerzo, una cifra por encima de los $ 1.320 establecidos por el Gobierno Nacional.

Pese a todas estas falencias, el contrato nunca fue liquidado, beneficiando así al contratista.

El exgobernador también deberá responder por las fallas en el contrato firmado el 6 de mayo de 2015 con la Unión Temporal Anas Watta Kai, que tenía como objetivo garantizar el servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos. El contrato tuvo un valor de nueve mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 88 días.

En este proceso ―reseñó el ente investigador― se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal. Al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir.

En este contrato, curiosamente, se prestó el servicio a municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira.