Exgobernador del Amazonas, Carlos Rodríguez, vuelve a ser imputado por la Fiscalía; ahora por peculado que supera $17.000 millones

El exgobernador del Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez, vuelve a estar en el ojo del huracán, pues esta vez la Fiscalía lo imputó por presuntamente estar involucrado en un peculado que superaría los 17 mil millones de pesos.

“Los hechos Investigados ocurrieron en 2015 cuando, al parecer, el mandatario al presentar el proyecto de inversión denominado: Desarrollo de soluciones energéticas híbridas para abastecimiento de energía eléctrica en el departamento del Amazonas, ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), le habría ordenado a sus colaboradores que se expidiera certificaciones que indicaran que él mismo hacia parte del plan de desarrollo departamental; situación que no correspondía a la realidad”, indicó el ente acusador.

Igualmente, revelaron que “presentó ante DNP una certificación de la empresa EEASA para así demostrar que el proyecto tenía sostenibilidad cuando no era así, porque esa empresa no tenía la concesión del servicio de energía en la región y tampoco la posibilidad de la sostenibilidad del proyecto”.

De acuerdo con las indagaciones adelantadas por la Fiscalía, el proyecto de inversión y los contratos que surgieron de él nunca debieron tramitarse ni celebrarse, puesto que existían alertas del Ministerio de Minas que advertían al exgobernador sobre la inconveniencia de seguir con el proceso de selección; no obstante, así lo continuó.

“Estas acciones habrían sido las que motivaron la millonaria afectación a las finanzas de la administración. Los elementos de prueba recaudados indican que el exmandatario habría vulnerado los principios de pertinencia, viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión, pues se trata de recursos pertenecientes al Sistema General de Regalías”, aseguraron los investigadores.

Ya había sido imputado

Hay que recordar que en mayo del presente año, la Fiscalía General de la Nación presentó al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, por su presunta responsabilidad en diversas irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía.

Según las investigaciones del ente acusador, en marzo de 2015, Rodríguez Celis acudió al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Centro-Sur para solicitar la aprobación del proyecto y financiar su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, se habrían desconocido varios requisitos fundamentales para obtener la autorización correspondiente.

Entre las irregularidades encontradas por la Fiscalía General se destaca que la propuesta no estaba incluida ni respaldada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012-2015, como exige la ley. Además, el proyecto carecía del respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (Enam), entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.

Según las pruebas recopiladas, la Gobernación presentó dos certificaciones para subsanar estas anomalías. Una de ellas contenía información falsa, pretendiendo justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, a pesar de que no había ninguna mención real al respecto. La otra certificación estaba suscrita por una empresa que suministró energía antes que Enam, sin contar con la capacidad para certificar o viabilizar técnicamente el proyecto.

Estas acciones llevaron a los funcionarios del Ocad a ser inducidos a error y autorizar la inversión en el proyecto de generación alternativa de energía. Sin embargo, posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y Enam alertaron al exgobernador sobre las deficiencias previas detectadas y la inconveniencia de continuar con el proceso contractual.

A pesar de las advertencias, el entonces mandatario procedió a celebrar el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, para desarrollar soluciones energéticas híbridas en comunidades indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu en el Amazonas, junto con el contrato de interventoría 957 del mismo día, por un valor superior a los 26.869 millones de pesos.