Capturan a exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto

Oneida Pinto ha estado en la cumbre del poder en La Guajira desde el 2015 cuando fue elegida gobernadora con la votación más alta que se haya registrado en 25 años de elección popular. Sin embargo, en este cargo sólo duró 152 días, pues el Consejo de Estado declaró nula su elección, y ahora fue capturada por agentes del CTI de la Fiscalía para que responda por celebración indebida de contratos y peculado, entre otros. Oneida se declaró inocente.

La exgobernadora está vinculada a un proceso por el presunto desvío de 18.000 millones de pesos destinados a la prevención de la mortalidad infantil cuando se desempeñaba como alcaldesa de Albania en el periodo 2012-2015, mandato que no culminó pues renunció para aspirar a la Gobernación.

La Fiscalía General de la Nación ordenó su detención ante la reiterada negativa de comparecer para dar explicaciones por el desvío de los recursos destinados a la prevención de la mortalidad infantil. Aunque tenía por cuarta vez audiencia programada para este 21 de marzo, la destituida gobernadora de La Guajira Oneida Pinto tendría que afrontar su proceso penal en la cárcel. Esto, si el juez acepta la solicitud de la Fiscalía, que alegará que en tres oportunidades fue citada y no acudió.

La Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía ordenó su detención inmediata para que sea presentada ante un juez por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado, falsedad en documento e interés indebido en la celebración de contratos.

Según la investigación, Oneida Pinto, siendo candidata a la Alcaldía del municipio de Albania (La Guajira), ordenó al alcalde de turno, a la Secretaría de Salud y al gerente del hospital San Rafael suscribir contratos y de ellos desviar recursos públicos que serían utilizados en la campaña política en la que resultaría elegida por segunda ocasión como alcaldesa para el período 2012-2015.

A este proceso se encuentran vinculados y cobijados con medida de aseguramiento y beneficio de detención domiciliaria el exalcalde Jean Keller Hernández, quien antes de ejercer dicho cargo había sido escolta y conductor de Oneida Pinto durante el periodo 2004-2007. También se encuentra detenido Émerson Pinto, quien se desempeñaba como secretario de Salud y es primo de la exalcaldesa y excandidato a la Alcaldía para el periodo 2016-2019. Un cuarto procesado es el contratista Carlos Eduardo Gómez Ovalle, hijo del exgobernador y exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal Román Gómez Ovalle.

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Los dineros hacían parte del programa estatal de reducción de la mortalidad infantil en poblaciones vulnerables de esta sección del país, para lo cual dispuso de un monto de $18.000 millones desconociéndose los procesos contractuales de planeación, transparencia, economía y selección objetiva, de acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Con la captura de Oneida Pinto se abre un nuevo capítulo de la interminable cadena de capturas y detenciones en el departamento de La Guajira, pues se encuentran detenidos y condenados los exgobernadores José Luis González Crespo (2004-2006), Hernando Deluque Freyle (2001-2003) y Juan Francisco Gómez Cerchar (2012-2013); y se encuentran detenidos y con investigación los también exgobernadores Jorge Pérez Bernier (2008-2011) y Wílmer González, elegido en noviembre del 2016 en elecciones atípicas, para terminar el período de Oneida Pinto.

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Las capturas de los exgobernadores por casos de corrupción están relacionadas con la tragedia que vive La Guajira y en especial la etnia wayuú. Los principales responsables son la clase política que ha gobernado al departamento en los últimos 25 años de elecciones populares, quienes además se han enriquecido con los planes de alimentación, estudiantes fantasmas, obras inconclusas y acueductos que construyen una y otra vez pero que no funcionan.

Las cabezas visibles de esos grupos políticos son los primos Jorge Ballesteros Bernier y Jorge Pérez Bernier, ambos han sido gobernadores dos veces, ambos han puesto a otros amigos de sus grupos como gobernadores en cuatro períodos y el hijo de Ballesteros, José María Ballesteros, fue gobernador en el período atípico en reemplazo de Kiko Gómez.

Pero en los municipios con mayor calamidad por mortalidad infantil ha habido también hegemonías de clanes familiares. En Uribia y Manaure, dos familias han controlado esos municipios en los últimos 15 años. En Uribia, la dos veces alcaldesa Cielo Redondo, con detención domiciliaria por un caso de corrupción que afectó también a los principales miembros de su gabinete, impuso a dos alcaldes y en las pasadas elecciones hizo elegir a su hijo Luis Eduardo alcalde gracias a la trashumancia de electores venezolanos.

En Manaure, la familia Freyle, en cabeza de Darío Freyle, asesinado a finales del 2014, también impuso una hegemonía de cinco períodos y la última alcaldesa, su hermana Francisca Freyle, no terminó el período porque la Fiscalía dictó orden de captura en su contra por presuntos actos de corrupción.

Y para colmo de males, en Albania el alcalde es el exesposo de Oneida, Pablo Parra, un expolicía que llegó a La Guajira como escolta del exrepresentante a la Cámara Román Gómez Ovalle, padre del encartado por estos mismos hechos Carlos Arturo Gómez Ovalle.

La exgobernadora Oneida Pinto, que no pertenece a las familias tradicionales pero fue elegida con el apoyo de los Ballesteros y de Kiko Gómez, en declaraciones a los medios dijo que llevar soluciones a las rancherías es muy difícil, porque sólo en Uribia hay 22.000 puntos poblados, rancherías con poblaciones variables y en Manaure hay otros 7.000 puntos. Es decir, cerca de 30.000 sitios en zonas rurales donde vive la mayoría de la población, sin vías de acceso, sin hospitales o centros de salud.

Si de algo ha servido la tragedia en la que se presume han muerto más de 5.000 niños en los últimos dos períodos de gobierno, ha sido que el mismo gobierno nacional asumiera directamente la solución de los problemas que agobian a La Guajira, decretando una intervención en donde las decisiones las toman funcionarios de los Ministerios de Educación, Salud y Agua Potable, para proteger los recursos del sistema general de participación de estos tres sectores.

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En La Guajira, según Cristina Plazas, alrededor de los contratos del ICBF había una mafia peor que la del narcotráfico, en la que participaban funcionarios que tenían fundaciones para contratar y por eso el ICBF puso en manos de la Fiscalía toda la información para judicializar y detener a quienes han actuado dolosamente.