Exigen alto al fuego humanitario a grupos armados en el Cauca

Por medio de un comunicado, cinco senadores y un exministro exigieron este sábado a todos los grupos armados ilegales que actúan en el departamento del Cauca, un alto al fuego humanitario indefinido en esa región del suroccidente del país.

"Ante el asesinato sistemático de líderes sociales, no basta con negar en palabras la autoría de los hechos. Se requieren acciones con efectos corroborables: a todos los grupos armados que actúan en esta región y en el país, les exigimos un alto al fuego humanitario de carácter indefinido, y a la Fuerza Pública respeto irrestricto de los derechos humanos. A todos les pedimos que respeten la autonomía de las comunidades étnicas", dice el comunicado.

El pronunciamiento, que surge tras la publicación del reportaje "Cauca grita con dolor", en la edición de SEMANA que empezó a circular este sábado, lo firman los senadores Iván Cepeda Castro, Antonio Eresmid Sanguino y Aída Avella Esquivel; igualmente, el senador y exgobernador del Cauca Temiístocles Ortega y el dirigente indígena caucano y senador Feliciano Valencia. También lo suscribe el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y exministro caucano Camilo González Posso.

Feliciano Valencia, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, tres de los senadores firmantes.

El comunicado señala que en el Cauca "se vive una de las más peligrosas situaciones que existen hoy en el país para las personas que ejercen liderazgos comunitarios, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas". Y resalta que, desde el inicio de la pandemia, se han registrado al menos 37 muertes violentas en ese departamento, incluyendo una masacre y enfrentamientos armados diarios en los cuales la población civil ha quedado en medio del cruce de disparos.

"Pedimos que se responda con actos al clamor de las comunidades, los movimientos sociales y de paz, la Iglesia y al llamado internacional que han formulado el Secretario General de la ONU, António Guterres, y el papa Francisco para un cese mundial de hostilidades en medio de la emergencia sanitaria", dice finalmente el pronunciamiento.

En el reportaje de SEMANA se relata con detalles cómo y por qué llegaron estos niveles de barbarie, que el año pasado dejaron una cifra cercana a los 1.000 muertos. Disidencias, ELN, Clan del Golfo y carteles mexicanos operan en ese departamento. Aquí el texto:

Cauca grita con dolor: radiografía de la violencia en esa región

Quizá la mayor preocupación que hoy vive el Cauca es que se normalice la barbarie. Desde hace un poco más de dos años, en las áreas rurales de esa región los pobladores viven al límite de ser alcanzados por una bala de fusil. Hay miedo, dolor, zozobra, grupos armados con mentalidad de mafiosos mexicanos, masacres, pero todo sigue como si nada: la violencia parece sentirse cómoda en este lugar.

En los 29.000 kilómetros cuadrados y 42 municipios del Cauca hay al menos seis grandes estructuras criminales herederas de las Farc, agrupadas en el Comando Coordinador de Occidente. También hay presencia del Clan del Golfo, herederos del paramilitarismo y de dos frentes del ELN. Todo ese coctel delictivo libra una guerra por el control de cultivos ilícitos, laboratorios de procesamiento, rutas estratégicas para sacar la droga hacia el Pacífico caucano, explotación ilegal de reservas naturales de donde extraen oro y tráfico de armas que entran por el sur de Colombia.

A pesar de la guerra declarada, esas estructuras criminales solo han combatido tímidamente entre ellos. En contraste, contra la población civil despliegan una sevicia solo comparable con la de los años noventa, cuando las Farc y paramilitares arrasaban pueblos completos y masacraban cientos de personas ante la mirada atónita del país. En el recrudecimiento de la violencia en el Cauca han asesinado a más de 3.200 personas en los últimos cuatro años, según datos de la Policía Nacional. Matan políticos, guardias indígenas, líderes sociales, ambientales, dirigentes campesinos, excombatientes de las Farc, presidentes de juntas de acción comunal, afrodescendientes, niños. Y a todo aquel que desacate una orden como salir cuando los violentos decretan toque de queda, por ejemplo.

El arzobispo de Popayán, Luis José Rueda Aparicio –recientemente trasladado por el papa Francisco a Bogotá– dice que el nivel de violencia en ese departamento cayó a niveles infrahumanos. Cauca tiene todo lo que la criminalidad anhela: dos cordilleras, amplias zonas rurales, bosques, montañas, cultivos de marihuana en el norte, coca en el sur, abandono estatal, salida al océano Pacífico, ríos que albergan oro, pasos porosos y, lo más importante, su ubicación en el suroccidente, cerca de Ecuador, allá en la otra Colombia donde los hechos no copan los titulares de prensa.

El ELN opera con los frentes José María Becerra y Manuel Vásquez en el sur del Cauca, donde controlan los cultivos de coca.

Cuando Colombia y el mundo tratan de hacerle frente a la covid-19, en el Cauca, de lejos, ese es uno de los males menores. Desde el inicio de la cuarentena nacional, el 21 de marzo, han asesinado a 37 personas, según cálculos del gobernador Elías Larrahondo. Esto, en un departamento con 1.464.000 habitantes, es una cifra alta, y más en una temporada de confinamiento.

Los líderes sociales componen el grueso de esa lista de asesinatos en cuarentena: 28 fueron brutalmente atacados por estas estructuras criminales. Uno de ellos, Álvaro Narváez, fue masacrado junto a tres de sus familiares mientras cenaban en su casa en Mercaderes, sur del departamento. Disidentes de las Farc llegaron fuertemente armados y descargaron tres proveedores de fusil –cada uno de 35 cartuchos– sobre la humilde vivienda.

El resurgir de la violencia

¿Por qué ese nivel de violencia y el recrudecimiento del conflicto en el Cauca? La respuesta depende de la orilla política que la emita. Elías Larrahondo, gobernador del Cauca, cree que el Gobierno nacional no ha hecho lo suficiente. “Hay territorios donde hace falta que llegue la institucionalidad, especialmente con inversión”, asegura.

En el Cauca hubo un periodo de paz durante menos de 24 meses, tras la salida del sexto frente y la columna Jacobo Arenas de las Farc en el marco del proceso de paz. La dicha duró hasta 2017, cuando narcotraficantes aportaron su brazo financiero para rearmar a aquellos excombatientes inconformes con lo pactado en La Habana.

Los narcos necesitaban una fuerza de choque para hacerles frente a los indígenas, que, con el fin del conflicto, iniciaron un proceso de armonización del territorio. Ese plan espiritual contempla desterrar los cultivos ilícitos de sus corregimientos y veredas.

Los grandes cultivos de marihuana de los 13 municipios del norte empezaron a peligrar por la acción decidida de la guardia ancestral. La primera estructura en aparecer en Miranda, Corinto, Caloto y Toribío, denominada el ‘triángulo de oro de la marihuana’, fue la columna disidente Dagoberto Ramos.

En su primera comunicación hicieron circular una lista con más de 100 nombres de comuneros indígenas declarados objetivo militar. Las organizaciones ancestrales respondieron con la misma estrategia aplicada con las Farc: esperar una citación formal para ponerles los puntos sobre las íes respecto al control territorial y armonización del territorio. Pero las disidencias no hablan, actúan. Desde 2017 hasta el primer trimestre de 2020 asesinaron a 121 guardias y gobernadores indígenas solo en el norte del departamento, límites con Valle del Cauca, Tolima y Huila. Un genocidio silencioso y sistemático.

Con los primeros asesinatos las disidencias dejaron claro que sus principales aportantes eran emisarios de carteles mexicanos. Los cadáveres aparecían con señales de tortura, desmembramientos y mensajes terroríficos para sembrar miedo y obligar a masivos desplazamientos.

La estrategia del miedo no impresionó a los indígenas, acostumbrados a hablarles sin titubear a las Farc y llegar con mingas gigantes a los campamentos para reclamar por las acciones violentas contra sus comunidades.

Con las disidencias quisieron hacer lo mismo, pero nunca las encontraron. Se mueven rápido y no permanecen en el mismo lugar. Atacan con pequeños grupos y siempre a objetivos previamente estudiados. Operan como una gran banda de sicarios que se refugia en las montañas y vela por que nadie interrumpa la línea del narcotráfico en ninguna de sus fases.

Los indígenas optaron por organizarse y plantar guardia las 24 horas en sus territorios. Creyeron que la unidad espantaría a los violentos, pero no sucedió. En el Cauca comenzaron a hablar de dobles y triples asesinatos y masacres contra nativos. En 2019 hubo 46 crímenes contra comuneros y seis masacres en el norte. Una de las más sonadas ocurrió el 29 de octubre en zona rural de Tacueyó, corregimiento del municipio de Toribío.

La gobernadora indígena Cristina Bautista, molesta por los constantes asesinatos y el reclutamiento de menores en su comunidad, juró en una minga que la próxima vez se enfrentarían a los violentos para defender el territorio. “Si hablamos, nos matan, y si nos callamos, también”, dijo ante una multitud. Sus palabras aún retumban en las montañas que rodean a Tacueyó.

Ese trágico 29 de octubre llegaron cuatro disidentes hacia el mediodía a la vereda La Luz. Entraron a una de las casas ubicadas sobre la carretera destapada y sacaron a la fuerza a dos niños. Sin sonrojarse, los montaron a un carro y dejaron el mensaje de que ahora le pertenecían a la Dagoberto Ramos. La guardia indígena bloqueó el paso con una camioneta blindada de uno de los líderes amenazados, retuvieron a los violentos y rescataron a los secuestrados.

Ahí mismo, y bajo el sol que a esa hora en el Cauca quema pero no calienta, discutieron qué hacer con los disidentes. Los interrumpió el estruendo envolvente de armas de largo alcance disparadas desde cerca. Más de diez minutos bajo el fuego. Algunos comuneros, sin más defensa que el bastón de mando, se lanzaron por un abismo de más de 20 metros; otros se refugiaron en la camioneta blindada, y los más desafortunados recibieron de lleno los disparos de fusil. Cristina murió. También cinco guardias indígenas.

Un día después, ya en la noche, disidentes volvieron a la escena del crimen y quemaron los restos de la camioneta blindada, destruida bajo la lluvia de balas.

En la vereda La Luz hubo una gran minga los días siguientes. Llegaron indígenas desde todos los rincones del Cauca. Con bastones de mando al aire juraron que nunca darían un paso atrás. El miedo no se podía descifrar en sus rostros y palabras. La muerte no los amedrenta, pero los nuevos inquilinos de la violencia en esa región del país solo hablan ese lenguaje.

Nadie se salva

Mientras los indígenas trataban de defenderse unidos en el nororiente con la madre tierra y la palabra, del otro lado, en el noroccidente, el municipio de Suárez aún era presa del miedo. Había transcurrido un mes y medio de una de las peores masacres del pueblo cuando la columna disidente Jaime Martínez, dueña de este lado del Cauca, asesinó a la candidata liberal a la alcaldía, Karina García; su madre Blanca Otilia Sierra, y cinco personas más.

Interceptaron la comitiva de la candidata puntera en las encuestas el primero de septiembre en el corregimiento Betania. Venían en una camioneta blindada y las recibieron con ráfagas de fusil. El vehículo resistió las balas durante más de 20 minutos. Incluso los disparos se escuchaban en el casco urbano y el rumor corrió por todas las calles: “Hay combates en la montaña”.

A esas alturas nadie sospechaba que la víctima era Karina, expersonera de Suárez y líder social. Tras los disparos, los atacantes incendiaron la camioneta y cuando los ocupantes trataron de salir, los remataron con tiros de gracia, antes de devolverlos al interior del vehículo. Al otro día, las autoridades no hallaron a la candidata ni tampoco los cuerpos. Hablaron en las primeras horas de un secuestro cometido por las disidencias.

Hacia el mediodía todo quedó confirmado: el carro ardió toda la noche y los restos de los ocupantes quedaron fundidos entre metales. Johany Noscué, alias Mayimbú, excombatiente de las Farc raso y sanguinario, comanda la columna Jaime Martínez. Alcanzó a pasar algunos días en una zona veredal para hacer tránsito hacia la vida civil, luego de dejar las armas. Pero atendió nuevamente el llamado de la guerra.

Controla desde las montañas de Jamundí, límites con el Valle, hasta Cajibío, centro del Cauca. Tiene una fuerte relación con el cartel de Sinaloa. Mayimbú cuenta con un peaje en la salida norte hacia el mar por la ruta de la subregión del Naya. Sus hombres ponen la droga en manos de los mexicanos en Puerto Merizalde y estos la llevan hasta Centroamérica.

Quienes lo conocen dicen que no habla mucho, es controlador y pierde la paciencia muy fácil. Semanas antes de la masacre de Karina, el líder disidente la citó a ella y a otros candidatos a las montañas de Suárez. Alonso Giraldo, padrastro y padrino político de la candidata, dijo en su momento que Mayimbú dio un parte de tranquilidad a los aspirantes. Prometió no interferir en la campaña y les pidió socializar sus propuestas a realizar de llegar a la alcaldía. Sin embargo, días después la asesinó.

El poder de las disidencias creció en corto tiempo. Sus armas se quintuplicaron y la guerra entre las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez dejaba cada tanto dos o tres cuerpos desmembrados y torturados sobre la vía Panamericana, su frontera invisible para demarcar el territorio.

Ese dominio les permitía citar a funcionarios a las montañas para rendir cuentas. Edward García, exalcalde de Corinto (2016-2019), se negó varias veces a ese llamado y para evitar represalias trasladó su despacho a Cali, a 61 kilómetros de distancia. Porque las disidencias pueden hasta desplazar del municipio al propio alcalde. “Todo eso me atemorizó y por eso me tocó salir del municipio. Desde agosto del año pasado tuve que abandonar mi casa”, dijo en noviembre de 2019. Furiosos por el desplante del funcionario, secuestraron por un mes a su hermano menor.

La unificación criminal

La creación del Comando Coordinador de Occidente acabó con las disputas entre las disidencias, que ahora tiran para un solo lado: conquistar todo el departamento.

Los frentes José María Becerra y Manuel Vásquez, del ELN, así como pequeñas estructuras del Clan del Golfo, controlaban sin contrapesos el sur, donde están la mayoría de los cultivos de coca. Las disidencias de las Farc, comandadas por el frente Carlos Patiño, entraron a principios de 2020 a disputar la coca y las rutas del sur, que tienen una salida al mar por la subregión del cañón del Micay, entre El Tambo y Argelia, cerca de Nariño.

Allí, dirigentes campesinos y de organizaciones sociales tenían un proceso adelantado de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. A todos los amenazaron y les dieron dos días para abandonar sus hogares. Los que no se fueron hoy forman parte de las listas de líderes asesinados en Colombia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este año se han presentado 104 homicidios de líderes sociales, 30 de ellos en el Cauca. A esta lista se suman siete personas cuyo único pecado fue pertenecer a la familia de las víctimas.

En los últimos cinco años las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo han asesinado a 236 líderes en el Cauca. Las voces de los líderes resuenan incómodas en medio de un escenario de guerra y narcotráfico. Pero como dice el escritor Eduardo Galeano, “...cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare”.

En el Cauca ni siquiera se salvan los niños, siete de los cuales han muerto asesinados durante la cuarentena. El último caso ocurrió en Suárez, cuando dos menores de 9 meses y 5 años fueron baleadas junto a su padre por violar la cuarentena.

La lucha del Cauca tiene hoy dos frentes: evitar que estos hechos se conviertan en parte del paisaje, de la rutina diaria de un departamento pujante, y atraer la mayor atención posible para un plan integral que permita arrebatarle el control a los violentos. Necesitan del Estado y de organismos internacionales. Porque solos no pueden.