Exintegrantes de las AUC y las Farc serán imputados por 353 hechos que llevaron a extinción de la UP y el partido Esperanza, Paz y Libertad

La Fiscalía General presentó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a 96 postulados pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a las Farc, acusados de ser presuntos responsables del exterminio de la Unión Patriótica (UP) y del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.

En el marco de la Dirección de Justicia Transicional, un fiscal formuló cargos por un total de 353 hechos delictivos ocurridos entre 1985 y 2006, los cuales han dejado un saldo trágico de 1.255 víctimas de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado.

En relación con la persecución a la UP, el material de prueba recolectado reveló la existencia de 315 crímenes vinculados a la violenta persecución de los miembros de dicho movimiento político. Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y se atribuyen a estructuras paramilitares que operaban en diversas regiones del país. Entre los hechos que serán presentados se encuentran el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, así como la masacre de Segovia en Antioquia ocurrida el 11 de noviembre.

Por otra parte, se formularán cargos relacionados con el fin del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, conformado en su momento por desmovilizados del extinto Ejército Popular de Liberación (EPL). La investigación reveló que el Bloque José María Córdoba y el Frente 5 de las Farc promovieron una ola de violencia contra diputados, concejales y alcaldes que representaban a este partido. Entre los hechos que serán presentados a los postulados destacan la masacre de La Chinita el 23 de enero de 1994 en Apartadó, Antioquia, la masacre del hotel El Pescador el 27 de febrero de 1997 en el mismo municipio, y el atentado al diputado Mario de Jesús Agudelo Vásquez el 14 de abril de 1997 en Bello, Antioquia.

Para las autoridades, estos casos representan un avance en la búsqueda de la verdad y la justicia en Colombia, permitiendo que los responsables de estos graves crímenes sean llevados ante la justicia.

Concejal enviado a la cárcel por nexos con las AUC

Por otra parte, Jairo José Samper Rojas, concejal de Soledad, Atlántico, fue capturado cerca del cabildo municipal y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para enfrentar un proceso en su contra. Se le acusa de ser presuntamente responsable del delito de concierto para delinquir agravado.

La diligencia se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Samper Rojas cumplía con su rutina este jueves al llegar al Concejo municipal y en el sitio lo estaban esperando los investigadores, para notificarlo de la orden de captura que corría en su contra y que hizo necesario detenerlo de manera inmediata para preparar una audiencia de imputación de cargos.

Con base a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (Sistema Penal anterior), el fiscal resolvió la situación jurídica del concejal y le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en un establecimiento carcelario y fue enviado a la cárcel este sábado 3 de junio.

Los investigadores confirmaron que se trataba de la misma persona, cuyo nombre fue estampado en la orden de captura que igualmente fue emitida por un juez de control de garantías en la ciudad de Barranquilla y que claramente coincidía con el registro y la cédula del funcionario.

De acuerdo con los elementos de prueba presentados por el ente acusador, durante su cargo administrativo en el Hospital Materno Infantil de Soledad, entre los años 2003 y 2006, Samper Rojas habría actuado como enlace del entonces Bloque Norte de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Supuestamente, su objetivo era asegurar que se le otorgaran contratos relacionados con el suministro de insumos médicos y otros productos necesarios para el funcionamiento del centro de salud.

Esta investigación se deriva de una compulsa de copias realizada por la Corte Suprema de Justicia. Forma parte de un proceso en curso que busca investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y estructuras paramilitares en el departamento de Atlántico.

El material de prueba recaudado por la Fiscalía y que motivó la orden de captura será presentado ante jueces de control de garantías para imputar delitos relacionados con concierto para delinquir. Será en ese momento que el concejal podrá enterarse de las evidencias que reposan en su contra y, así mismo, preparar su defensa.