Exintegrantes del Bloque Oriental de las Farc entregaron información a la JEP sobre 172 secuestros: “no eran retenciones, eran secuestros”

En una audiencia histórica ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 33 exintegrantes del Bloque Oriental de las desaparecidas Farc presentaron sus declaraciones en relación con los secuestros cometidos durante el conflicto armado en diversas regiones de Colombia. Estos comparecientes afrontaron preguntas de la magistratura, el Ministerio Público y 252 víctimas acreditadas, junto con sus representantes legales. Esta maratónica diligencia se extendió durante cuatro semanas, del 27 de julio al 25 de agosto.

Los exguerrilleros manifestaron su “pesar” por los secuestros perpetrados y expresaron su “arrepentimiento” ante las víctimas y sus familias. A través de sus testimonios, reconocieron la gravedad de los hechos y la necesidad de la no repetición. El Bloque Oriental de las Farc es la unidad con mayor cantidad de secuestros reportados y posee el mayor número de comparecientes sometidos a la JEP, así como el mayor número de víctimas acreditadas en el Caso 01, que se enfoca en los secuestros.

Los comparecientes relataron la coordinación entre diferentes frentes para llevar a cabo secuestros en Bogotá y Cundinamarca. Mencionaron la existencia de un campamento de secuestrados en Sumapaz, en donde mantenían a entre 20 y 30 cautivos de diversos frentes. A lo largo de la audiencia, los exguerrilleros presentaron mapas manuales para explicar la estructura de los campamentos y las rutas de traslado de los secuestrados.

“Lamentamos lo que sucedió, entendemos que el secuestro generó graves afectaciones, no solo a las víctimas directas, sino a sus familiares”, “Los relatos de las víctimas nos han hecho ser conscientes de todo”, “La muerte de ninguna persona es justificable, pedimos perdón (...) Estamos completamente convencidos de que este es el camino a la no repetición”, son algunos de los testimonios que entregaron los comparecientes.

La JEP indagó sobre 172 hechos de secuestros que, en muchos casos, llevaron a desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado. Entre ellos, los secuestros derivados de cinco tomas perpetradas por las extintas Far en El Billar y Puerto Rico, Caquetá; Mitú, Vaupés; Miraflores, Guaviare, y Uribe en Meta.

Durante la diligencia, “los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconocieron la coordinación de varios frentes para secuestrar personas en el Cundinamarca y Bogotá”. Sobre el secuestro del periodista Guillermo Cortés Cano, conocido como la ‘Chiva’ Cortés, a sus 74 años, los comparecientes reconocieron: “Hubo situaciones inhumanas, por nosotros sacar adelante esa negociación”.

Las víctimas, entre ellas miembros de la fuerza pública y civiles, presentaron preguntas a los exintegrantes de las Farc, indagando sobre las condiciones de cautiverio y los hechos particulares de secuestros. Uno de los casos emblemáticos fue el del subintendente Luis Peña Bonilla, secuestrado durante la toma de Mitú en 1998 y asesinado en cautiverio en 2003. Los exguerrilleros admitieron su responsabilidad y revelaron detalles sobre los secuestros de 61 policías.

Del total de víctimas que participaron en esta audiencia, 44 son miembros o familiares de integrantes de la fuerza pública y 208 son civiles. Los representan la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), la Fundación IPS para el desarrollo humano del sur colombiano (FUNIPSI) y la Corporación Mil Víctimas.

“Tenemos que reconocer que no eran retenciones, eran secuestros. Ya nosotros entendemos qué es un secuestro”, dijo un compareciente, exintegrante del Bloque Oriental de Farc-EP durante la audiencia ante la JEP.

La audiencia también abordó la situación en distintas regiones de Colombia, como Ariari, Duda-Guayabero, Llanos del Yarí, entre otras. Los excombatientes reconocieron el impacto en la comunidad y las familias afectadas por los secuestros de docentes y otros actos violentos.

Las versiones colectivas de los exintegrantes del Bloque Oriental serán incorporadas al expediente de la investigación y se contrastarán con otras fuentes de información. Las próximas etapas incluirán las audiencias de observaciones de las víctimas, seguidas por la atribución de responsabilidad individual a los máximos responsables regionales. La JEP ha buscado, a través de este proceso, esclarecer los hechos y contribuir a la construcción de la verdad histórica en busca de la reconciliación nacional.

Este año, la Jurisdicción ha atribuido responsabilidad a 25 comparecientes, exmandos medios de la extinta guerrilla de las Farc-EP. La otra decisión se conoció en el marco del Caso 02 que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño, en donde se halló como máximos responsables a 15 antiguos integrantes de las columnas móviles Mariscal Sucre, Daniel Aldana y el Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano de las extintas Farc.