“Existe actividades de pesca depredadora por parte de pesqueros nicaragüenses”: la alerta de la Contraloría por el fallo de La Haya

Un fuerte llamado de atención hizo la Contraloría General sobre las implicaciones y consecuencias del fallo de La Haya en el litigio que Colombia sostuvo con Nicaragua. En la alerta, el organismo de control fiscal manifestó que el Estado colombiano perdió todo tipo de jurisdicción marítima y capacidad para controlar las actividades pesqueras dentro de la Reserva de Biosfera SeaFlower.

En este sentido, indicó que después de diez años de la emisión del fallo por el organismo internacional, tras hacer una revisión, se encontró que no existe control en la zona, por lo que se han encontrado actividades de pesca depredadora por pesqueros nicaragüenses, en el área otorgada por La Haya.

Esto, para la Contraloría, representa una amenaza directa a los ecosistemas, al sostenimiento de los recursos naturales y a la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras. Igualmente, se indica que nada ni nadie le exige respeto a Nicaragua frente a las áreas y épocas de veda y tipos de pesca, control del tamaño y cantidad de especies capturadas, o protección de especies amenazadas o en vías de extinción, como tortugas marinas, langosta espinosa, caracol pala, pargo y tiburones, entre otros.

En su alerta, catalogó que la decisión judicial menospreció los derechos de la comunidad raizal, que depende de la pesca para su subsistencia, lo cual va en contravía de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las minorías, y justamente, la comunidad raizal ha sido reconocida como minoría étnica y ancestral y constituye casi el 40 % de la población del Archipiélago.

En su reciente visita a San Andrés, la Contraloría identificó varias obras inconclusas y con serias demoras por un valor de 220.879 millones de pesos.

Dentro de estos proyectos, el ente de control ha clasificado nueve como ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas, representando una inversión de 97.271 millones de pesos. Por otro lado, ha identificado 11 proyectos críticos, con un valor estimado de 123.608 millones de pesos.

La Contraloría General, a través de su delegada para la Participación Ciudadana, ha llevado a cabo un seguimiento y acompañamiento de estos proyectos a través de la ‘Estrategia Compromiso Colombia’, con la que se busca que la ciudadanía “conozca el estado del proyecto y, al mismo tiempo, se lleguen a acuerdos que permitan contar con tiempos ciertos sobre el desarrollo del mismo”.

Uno de los casos destacados dentro de esa estrategia es la reconstrucción del puente de los enamorados, en Providencia y Santa Catalina, cuya ejecución exitosa ha requerido una inversión de 20.682 millones de pesos.

Sin embargo, en cuanto a los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos, el sector de educación encabeza la lista con una inversión de 91.335 millones de pesos, seguido por minas y energía, con 34.974 millones de pesos; y cultura, con 28.004 millones de pesos.

De acuerdo con la Contraloría, los sectores con más proyectos incluidos en el diagnóstico son educación, con seis proyectos; comercio, industria y turismo, así como deporte y recreación, ambos con tres proyectos cada uno.

Los tres proyectos con mayor cantidad de recursos asignados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a los que la Contraloría les puso la lupa especialmente, son los siguientes:

• Construcción y dotación del megacolegio CEMED: este proyecto, ubicado en el sector de San Luis, en la Isla de San Andrés, cuenta con una asignación de 46.551 millones de pesos. Sin embargo, según la Contraloría, se encuentra en estado de abandono y deterioro, siendo catalogado como elefante blanco.
• Planta de generación de residuos sólidos: con una inversión de 34.974 millones de pesos, ha alcanzado un avance físico y financiero del 100 %. Aunque se clasifica como proyecto crítico, se ha enfrentado a dificultades en su puesta en marcha debido a partes deterioradas que han impedido cumplir con los requisitos para ser recibida por el Ministerio de Minas y Energía.
• Construcción y adecuación del colegio Junín, sede bachillerato: con un valor de 17.149 millones de pesos, ha alcanzado un avance físico del 80 % y financiero del 64 %. Se encuentra en seguimiento dentro de la Estrategia Compromiso Colombia, con una fecha de entrega establecida para el 31 de mayo.