“Existe un riesgo de autocensura debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza”

Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa alertan, mediante un comunicado, que existe un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la “escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que da indicios claros de la intencionalidad de las agresiones y su sistematicidad, sin que exista un reproche público por parte de las autoridades”.

El comunicado expone lo siguiente:

Manifestamos nuestra extrema preocupación frente a las alarmantes cifras de violencia en el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Entre el 28 de abril y el 3 de mayo (6 días) se han documentado 70 agresiones y 76 víctimas, de las cuales destacamos 32 agresiones, 7 robos y eliminaciones de material, 9 obstrucciones, 5 detenciones ilegales, 5 de acciones arbitrarias en redes sociales, 3 daños a infraestructura, 3 casos de negación al acceso a la información, 2 amenazas, 2 hostigamientos, 1 estigmatización y 1 exclusión. Aún están en proceso de documentación otros 15 casos, de los cuales se advierten al menos 3 agresiones, 1 amenaza, 3 detenciones ilegales, 3 obstrucción

Las agresiones se han concentrado en mayor medida en Antioquia (10), Bogotá (19), Valle del Cauca (9), Risaralda (4) y Santander (4), donde se han presentado más expresiones ciudadanas y el principal agresor sigue siendo el Estado: 62 % de las agresiones son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales.

El Estado colombiano ha demostrado su incapacidad para brindar a la prensa el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público. En el marco de las protestas, la prensa cumple una función esencial al recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad.

Las agresiones a las que la prensa ha sido sometida en los últimos 6 días revelan un nivel de violencia sin precedentes, así como el propósito inequívoco de impedir el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Se han documentado 40 ataques provocados por la Policía Nacional, entre ellos, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad–, que no son contingencias, por el contrario, son ataques dirigidos para intimidar, generar miedo y censurar a la prensa. Quienes son atacados con mayor vehemencia por parte de las fuerzas públicas son aquellos que registran abusos de la fuerza contra los manifestantes.

Genera extrema preocupación la sistematicidad de las agresiones contra la prensa por parte de las fuerzas públicas a pesar de estar debidamente identificados con chalecos y cascos. En particular, un periodista recibió un disparo en el casco (1 intento de homicidio), 4 periodistas reportaron ser golpeados con bombas aturdidoras, 4 periodistas reportaron que agentes del Esmad les apuntaron a las caras (2 de ellos reportaron haber sido insultados por un agente de la fuerza pública mientras le apuntaba con una escopeta calibre 12, cuyo uso fue suspendido por orden de la Corte Suprema de Justicia en 2020), 5 periodistas comunicaron a la FLIP que fueron agredidos y retenidos ilegalmente (1 de ellos conducidos a una zona aislada); 6 periodistas que estaban haciendo cubrimiento fueron acorralados por agentes motorizados; al menos 2 fueron lesionados por bombas lacrimógenas y 1 por impacto de bala de goma.

Resulta desconcertante que el Gobierno y las entidades de control aún no se pronuncien sobre la gravedad y sistematicidad de estos hechos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno se niega a reconocer la sistematicidad de las agresiones a la prensa en el contexto de manifestaciones sociales: en el marco de la concertación del Decreto 003 de 2021, la FLIP hizo hincapié en la necesidad de incluir de manera expresa una obligación para la fuerza pública de no agredir periodistas cuando ocurriesen focos de violencia, toda vez que en las protestas del 2019 ya se había advertido este patrón de violencia. La respuesta del Gobierno fue desconocerlo y limitarse a hacer una referencia genérica a la garantía de la libertad de prensa.

Por otro lado, los periodistas y medios de comunicación son actualmente sujeto de estigmatización por parte de algunos funcionarios públicos. Criticar a los medios de comunicación y periodistas por difundir las cifras sistematizadas por las organizaciones de la sociedad civil y las denuncias hechas en las redes sociales, en lugar de la información oficial, es un síntoma de un Estado antidemocrático. Este llamado de las autoridades falta al principio periodístico de la confrontación de fuentes e impone una versión oficial, violando así el valor de la diversidad de voces, elementos también característicos de una democracia.

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni intimidatorias. Por ello, pedimos a:

1. Al presidente Duque y al ministro del Interior que emitan un rechazo público frente a los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.
2. A los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, a que rechacen todo tipo de agresión contra la prensa. De igual manera, que se abstengan de hacer señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico. Estos señalamientos pueden incitar a la violencia o verse como autorizaciones indirectas de futuras agresiones.
3. A la Procuraduría General de la Nación para que asuma poder preferente en las investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables.
4. A los entes de control y a los alcaldes y gobernadores del país que entreguen cifras transparentes sobre los hechos de violencia que han rodeado las manifestaciones sociales, como compromiso con la máxima publicidad en el acceso a la información en Colombia.
5. Al Gobierno nacional, a los entes de control y a los alcaldes y gobernadores del país que brinden cifras desagregadas y se informe cómo se están gestionando las denuncias ciudadanas, incluidas aquellas en contra de los miembros de la fuerza pública.