Judicial

Exjefe de finanzas de hermanos Castaño Gil que pidió pista en la ‘paz total’ fue absuelto por asesinato de tres agentes del CTI

Alberto Jacinto Soto Toro, alias Lucas, fue procesado por participar en los crímenes de los funcionarios que investigaban a los financiadores del paramilitarismo en Antioquia.

17 de febrero de 2023
SALVATORE MANCUSO
PARAMILITARES- DESMOVILIZACION DEL BLOQUE CATATUMBO EN CAMPO DOS (TIBU), NORTE DE SANTANDER. ERNESTO BAEZ Y SALVATORE MANCUSO DICIEMBRE 10 DEL 2004 FOTO LEON DARIO PELAEZ- SEMANA | Foto: LEON DARIO PELAEZ

Jacinto Alberto Soto Toro, conocido con el alias de Lucas, fue absuelto por el juzgado segundo especializado de Medellín dentro del proceso penal que se le adelantó por el crimen de tres agentes del CTI de la Fiscalía General en hechos ocurridos entre el 5 de septiembre de 1997 y el 13 de abril de 1998.

Lucas, quien en diciembre de 2022 había presentado formalmente su solicitud para acogerse a la ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro, fue señalado de haber participado en estos homicidios selectivos, puesto que se buscaba evitar que se investigara a los patrocinadores del proyecto paramilitar en Antioquia.

El mismo Carlos Castaño dijo que en la masacre de Mapiripán murieron 49 personas, pero los cuerpos fueron arrojados al río Guaviare y la identidad de muchas víctimas nunca se pudo establecer. | Foto: Juan Carlos Sierra

Tras varios años de juicio, se determinó que el exjefe de finanzas de los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil no tuvo participación en el crimen de estos funcionarios del CTI, hecho por el cual fue absuelto y se ordenó su libertad inmediata. “No obró prueba directa o indicio que nos permitiera evidenciar en grado de certeza racional que existió un acuerdo previo entre Jacinto Alberto Soto Toro y otras personas para ocasionar la muerte de los exagentes del CTI”.

En este sentido, se señala que no se aportó una prueba documental y suficiente consistente que demostrara la participación de Lucas en este triple homicidio. “Si bien los indicios y premisas acusatorias cuentan con respaldo o se cimientan en material probatorio, las deducciones que se hacen respecto de esas carecen de fuerza lógica, de probabilidad, seriedad y razonabilidad, partiendo de las reglas de la sana crítica, pues solo se trata de probabilidades o meros criterios de quien ostenta la pretensión punitiva, argumentos que en suma no pueden ser acogidos para fundar una condena, dado que apenas perviven en el campo de la incertidumbre o la especulación”.

| Foto: Natalia Botero

El exjefe de finanzas de las AUC fue capturado en abril de 2021 dentro del proceso penal por la masacre de Coredó, Chocó, registrada el 11 de mayo de 1996, ejecutada por paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En esa oportunidad, llegaron hasta el corregimiento, ubicado en Juradó, y asesinaron a nueve campesinos, a quienes señalaron de ser colaboradores de la guerrilla de las Farc. Por su vinculación con esta masacre, Lucas no podrá recuperar su libertad.

La Fiscalía General citó, en la acusación presentada en agosto de 2022, que existían testimonios y otros elementos de prueba que dan cuenta de que alias Lucas, como supuesto administrador de los dineros de la llamada ‘Casa Castaño’, habría asumido la logística, el transporte y los recursos para que se ejecutara la acción criminal que dejó ocho jóvenes muertos y un menor de edad herido.

Al parecer, coordinó el desplazamiento terrestre de un grupo paramilitar de Turbo a Santa Fe de Antioquia, y dispuso de un helicóptero para que lo trasladara al caserío Coredó, en Juradó (Chocó). En este punto, los hombres armados interceptaron a nueve personas, las llevaron a la playa y les dispararon a quemarropa. Posteriormente, escaparon en una lancha por el Pacífico.

Las bacrim son distintas en cada región y mutan permanentemente. Son la mayor amenaza para la construcción de paz y se salieron de madre. | Foto: León Darío Peláez

En el curso de la investigación, que se sigue de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), se estableció que las víctimas hacían parte de la población civil. Las entonces AUC las asesinaron, supuestamente, para demostrar capacidad y control sobre otras estructuras ilegales que delinquían en la región.