“Nada más justo que Andrés Felipe Arias salga de la cárcel”, dice Álvaro Uribe | Foto: Captura de video

NACIÓN

Exministro Arias pide permiso temporal para salir de la cárcel a trabajar

La solicitud se trata de un permiso de 72 horas para estudiar o trabajar. La Corte Suprema revisa impugnación de su condena.

9 de noviembre de 2020

Fuentes cercanas a la Corte Suprema le confirmaron a SEMANA que el exministro Andrés Felipe Arias solicitó un permiso temporal, por ley de 72 horas, para estudiar o trabajar.

Semana conversó con el abogado Jorge Anibal Gómez, defensor de Arias quien en días pasados había revelado que se va a revisar por parte del magistrado Gerson Chaverra, de la Corte Suprema de Justicia la impugnación a la condena por el denominado escándalo de Agro Ingreso Seguro. Explicó que por ley es algo que suelen pedir quienes han sido condenados y llevan cierto tiempo en prisión. El permiso es de 72 horas por mes y se puede usar para temas como estudio o trabajo.

Cabe recordar que el exministro Arias, fue condenado en su momento por parte de la Corte Suprema de Justicia en Colombia a 17 años y cuatro meses de prisión por el escándalo conocido como Agro Ingreso Seguro. Lo que advierte la información de registro de la Rama Judicial, con fecha del 6 de noviembre que es que fue ante el juzgado segundo de ejecución de penas que se hizo la solicitud. Como explica el abogado de quien fuera en su momento ministro del Gobierno de Àlvaro Uribe Vélez, en la cartera de agricultura, este beneficio se permite para personas que se caracterizan por buen comportamiento o que no tienen riesgo de fugarse de prisión. Deben haber cumplido la tercera parte de la pena impuesta.

En dias pasados, de igual manera, la Fiscalía había pedido a la Corte mantener la sentencia proferida contra el exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Cabe recordar que, en su momento, fue la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que condenó a 17 años de prisión al exministro y ordenaba también el pago de una sanción de carácter económico superior a $30.000 millones de pesos, precisamente por la responsabilidad que habría tenido Arias en este caso.

De igual manera, después de que la Corte Constitucional le abrió las puertas a Andrés Felipe Arias para que se convierta en el primer aforado en impugnar su sentencia condenatoria en Colombia, los abogados del exministro presentaron su arsenal de alegatos ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El documento de 460 páginas, conocido por SEMANA en su momento, señalaba que lo que se buscaba es la absolución y libertad inmediata de Arias al considerar que se desconocieron todas las evidencias que libraban de responsabilidad al exministro por las irregularidades que permitieron que subsidios de Agro Ingreso Seguro terminaran en manos de poderosos empresarios y particulares ajenos al agro, como la exreina Valery Domínguez.

Arias fue sentenciado en julio del 2014 por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado a una pena de 17 años de prisión. La defensa del exministro la asumió el abogado y exmagistrado de la Sala Penal de la corte Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien asegura que durante el juicio no se pudo demostrar que el programa se hubiera diseñado de manera irregular ni se probó el dolo del exministro para que los subsidios terminaran indebidamente en manos de particulares.

“Pese a que la abrumadora prueba practicada en el juicio descarta el dolo en el actuar de Arias, ese componente subjetivo de las conductas punibles se presume con base en ejercicios dialécticos contrarios a toda lógica, dando vigencia a una burda forma de responsabilidad objetiva”, señala la impugnación. El apoderado asegura que jamás tuvo acceso a las listas de potenciales beneficiarios que fueron seleccionados por el IICA (Instituto de la Organización de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones) para la entrega de las ayudas, de modo que no era posible que el exministro pudiera detectar si varias propuestas eran presentadas por la misma persona natural o jurídica, o si estas personas reunían los requisitos para obtener el subsidio.