Exministro Sabas Pretelt de la Vega alega la vulneración de sus derechos tras fallo que confirmó su condena por la ‘yidispolítica’

Este viernes, 27 de septiembre, tras nueve años del fallo que lo condenó por su participación en el denominado escándalo de la ‘yidispolítica’, el exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Alberto Velásquez recibieron otro golpe por parte de la justicia.

Pese a las insistencias y pruebas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años de prisión por el delito de cohecho por dar y ofrecer, vinculado a ofrecimientos ilegales a congresistas para lograr la aprobación de la reelección presidencial en 2004.

Víctor Mosquera Marín, abogado del exministro y exdirector del Dapre, cuestionó la figura que existe en Colombia frente a los aforados constitucionales, asegurando que después de una larga batalla se les permitió presentar un recurso para que se revisara el fallo de única instancia.

“Cabe señalar que el recurso de impugnación especial, tal como es aplicado en Colombia, no cumple con las garantías de revisión plena que establecen los tratados internacionales de derechos humanos”, precisó el jurista por medio de un comunicado.

En otro de los apartes de sus cuestionamientos, el abogado señaló que estos recursos “funcionan más como un recurso de reposición que, lejos de permitir una verdadera revisión del caso, perpetúa la decisión inicial sin ofrecer una evaluación imparcial y exhaustiva de las pruebas y argumentos presentados”.

Por esto, catalogó la situación de sus defendidos como una “violación a los derechos humanos”, reclamando la necesidad de modificar la forma como se revisan las sentencias en contra de los aforados constitucionales.

Por esto, aseguró que ya el caso se encuentra en conocimiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya emitió un pronunciamiento a favor del exministro y exdirector del Dapre para que se revisara su caso.

La decisión que les fue notificada este viernes –insiste– va en contravía de ese fallo, por lo que no se descarta presentar un nuevo recurso internacional.

“Ese fallo continúa vulnerando los derechos representados a una revisión efectiva de sus condenas y refuerza la necesidad de que el sistema judicial colombiano se ajuste a los estándares internacionales que protegen los derechos fundamentales de todas las personas”, agregó.

En el fallo de la Sala Penal se determinó que para 2004, el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, junto al ministro de Salud, Diego Palacio Betancourt, ejercieron presiones para que los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño apoyaran con su voto el proyecto que buscaba crear la figura de la reelección presidencial inmediata en Colombia.

Los dos congresistas, que no habían decidido su voto frente a este proyecto, se reunieron con los ministros. En dichos encuentros pusieron sobre la mesa dádivas, cargos en entidades públicas para sus familiares y conocidos, así como otros beneficios para que apoyaran favorablemente el último debate.

La Sala Penal consideró que la declaración de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina –quien fue la primera condenada por estos hechos– y todos los hechos que sirvieron a manera de indicio, “acreditan que los tres acusados, por virtud de la mediación de un acuerdo, actuaron de consuno, con división de trabajo y que el aporte de cada uno fue significativo en orden a la obtención del ingrediente subjetivo, tanto que fue solo de esa manera que se logró que por la acción y omisión respectivas de los dos congresistas, el proyecto de acto legislativo siguiera su curso”.

En el fallo se señala que los dos exministros tuvieron el dominio del hecho “en la medida en que contaban con la capacidad de persuadir y disuadir respectivamente a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño para que a través del ofrecimiento de prebendas burocráticas se lograra que, con su voto o abstenerse de emitirlo, el proyecto de reelección siguiera su curso, como en efecto sucedió”.