Exministros de Educación piden respetar autonomía en la Nacional ante crisis que no tiene justificación jurídica, ni ética, ni académica

La tensa situación que atraviesa la Universidad Nacional debido al rechazo por la elección del rector, José Ismael Peña, por parte de la comunidad académica y el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, continua y una decena de exministros y ex viceministros de Educación junto a otros notables del sector, calificaron la situación como “un precedente inédito desafortunado para todo el sistema de educación superior público del país” llamando a respetar la autonomía universitaria.

En un comunicado firmado por distintas personalidades del ámbito académico y educativo señalaron que lo que está ocurriendo en la institución educativa no solo afecta la autonomía, sino también la orden al Consejo Superior Universitario de nombrar un rector encargado.

“No tiene justificación jurídica, ni ética, ni académica”, afirmaron en el documento y por esa razón, defendieron la facultad de cada Consejo Superior (de cada universidad) para “determinar la forma en que designa a su rector y demás directivas”.

Los firmantes se pronunciaron respecto a respecto a la orden de nombrar un rector encargado y afirmaron la Resolución No. 7480 del 15 de mayo de 2024 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, que ordena al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, que en el término de veinticuatro (24) horas convoque a sesión extraordinaria con un único punto del orden del día para encargar a un rector “es violatoria de la autonomía universitaria, del orden Institucional y de la autoridad del CSU”.

“Constituye un desconocimiento de la transformación de la Universidad Nacional de Colombia de establecimiento público a ente autónomo universitario”, sostuvieron.

En el comunicado firmado por los exministros Cecilia María Vélez, Francisco José Lloreda Mera, Germán Alberto Bula Escobar, María Fernanda Campo, María Victoria Ángulo se afirmaron en sus argumentos al mencionar el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia que dice que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.

Además, indicaron que esa garantía constitucional de autonomía universitaria se desarrolló en la Ley 30 de 1992, norma que regula y organiza el servicio público de la educación superior, y determinó que “el Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria, y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior”.

También mencionan que respecto a los mecanismos de participación de los diferentes estamentos de la universidad “se debe garantizar una composición pluralista que tenga en cuenta a los distintos grupos de interés internos y externos”.

“Se trata de garantizar la toma de determinaciones autónomas, objetivas, multifactoriales y con visión de futuro, teniendo en consideración las miradas de otros grupos de interés y de la sociedad como un todo. Se trata de lograr que una amplia comprensión y un excelente juicio fundamenten las mejores decisiones en pro de los intereses superiores de la universidad, lo cual implica experiencia gerencial, excelencia académica, plan de administración, y una macro visión que se presenta ante todos los estamentos y ante el propio consejo superior”, resaltaron en el documento.

Desde que se confirmó la posesión de Peña Reyes como rector, el Gobierno de Petro ha mostrado su inconformidad y ha buscado que el Consejo Superior Universitario (CSU) eche para atrás esa decisión y se pueda nombrar a otra persona, lo que ha generado una disputa entre las partes.

De hecho, el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, emitió la resolución N.° 7480 del 15 de mayo de 2024 en la que ordenó al CSU convocar a una sesión extraordinaria “para que se elija rector(a) encargado(a) y supere la vacancia de la representación estudiantil”.

El documento aumentó la controversia y por ello el rector José Ismael Peña decidió interponer una demanda de nulidad por inconstitucionalidad. El Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá emitió el fallo en las últimas horas y le dio un duro ‘golpe’ al Gobierno Petro.

El profesor solicitó que se tumbe la resolución del Gobierno y se ordene a la Presidencia de la República abstenerse de “violar la autonomía universitaria de la Universidad Nacional”. En la acción precisó que con esta decisión presuntamente se vulneraron algunos derechos fundamentales como al debido proceso, la autonomía universitaria, derecho a la participación y a la igualdad.

El juzgado le dio la razón al accionante y este jueves, 30 de mayo, ordenó dejar sin efectos jurídicos la respectiva resolución del Ministerio de Educación.

“Tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado por el accionante José Ismael Peña Reyes, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia”, señaló en la decisión.