Expediente del contrato entre MinTic y Centros Poblados bajo inspección de la Procuraduría

En el documento en el que la Procuraduría abre investigación contra la ministra Karen Abudinen por el polémico contrato por más de 70.000 millones con la Unión Temporal Centros Poblados, para llevar internet a las zonas más apartadas del país, se lee como parte de la etapa de práctica de pruebas que la Procuraduría revisará el expediente en detalle.

“Practicar inspección al expediente relacionado con el contrato estatal de aporte entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Centros Poblados Unión Temporal, para el esclarecimiento de los hechos”, señala uno de los primeros puntos de las decisiones.

El objetivo, se lee, es “trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.

La Procuraduría indaga precisamente la responsabilidad que tiene la ministra en el caso. El documento señala que se está evaluando si es procedente ordenar o no suspensión provisional de la ministra Abudinen, titular de la cartera TIC, conforme a lo solicitado en la queja presentada por la Red de Veedurías Bien Común”.

¿En qué va la investigación de la Procuraduría?

Lo más reciente del caso es, en primer lugar, la apertura de la investigación contra la ministra. Hace una semana, la Procuraduría advirtió a las entidades que están ejecutando contratos con los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados, para que inicien el proceso de cesión de los mismos.

Esta advertencia, según la Procuraduría, fue realizada durante las visitas ordenadas por la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en virtud de la competencia preventiva ejercida al proyecto Centros Digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTic.

El órgano de control identificó ocho contratos que están en ejecución con un alto riesgo de verse afectados por la declaratoria de caducidad del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020, celebrado con la Unión Temporal Centros Poblados.

Pero no solamente la Procuraduría le puso la lupa al tema. La Contraloría General también anda en busca de cada pieza necesaria para descifrar el entramado alrededor del contrato firmado entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), por un valor de 1,07 billones de pesos, para instalar centros digitales y conectar a más de 14.000 escuelas de zonas apartadas.

En este caso, el ente de control dice que había hecho alertas previas y, ahora, en el curso de las investigaciones que se adelantan, está verificando in situ cada peso invertido luego del desembolso por 70.000 millones de pesos, que ya el MinTIC le hizo al contratista. De igual manera, les siguen la pista a los recursos financieros con los que cuenta la UT, después de que se destapara que hasta las garantías bancarias presentadas para obtener la licitación eran falsas.

El escándalo de la entrega del contrato por más de un billón de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados ha estado plagado de dudas. Van desde cambios en las actividades económicas de las empresas a pocos días de ganar la licitación, la participación de recordados protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá y hasta el giro de 70.000 millones de pesos sin las garantías necesarias. Pero lo que nadie se explica es cómo, en medio de tantas dudas, no hubo una vigilancia adecuada de los recursos y cómo se iban a invertir.