Isabel Jaramillo, directora del doctorado de la Universidad de los Andes. | Foto: Carlos Julio Martínez

SOCIEDAD

“En Colombia hay gran desprecio por las mujeres y los niños”

Isabel Jaramillo, directora del doctorado de la Universidad de los Andes, asegura que el caso de Rafael Uribe Noguera es excepcional en medio de miles de registros en donde el agresor es de la familia. Asegura que la violencia sexual en el país es alarmante.

8 de diciembre de 2016

Cada detalle que se revela del crimen de Yuliana Samboní estremece al país. Expertos aseguran que este hecho debe trascender para examinar una sociedad en la que la tercera causa para que una persona vaya a la cárcel es el abuso contra menores de 14 años.

Isabel Cristina Jaramillo Sierra, doctora de Harvard en historia del derecho de familia, y experta en derecho y género de la Universidad de Los Andes, asegura que es un error pensar que el derecho penal puede resolverlo todo. Cuestiona ideas cristianas que creen que hay que salvaguardar la familia por encima del bienestar de las mujeres.

Semana.com: ¿Cómo entender lo que pasa en Colombia con casos tan aberrantes como este?

Isabel Jaramillo: El desprecio hacia las mujeres y contra los niños es muy alto y eso hace que sean víctimas de muchas agresiones. Con lo que sabemos podemos decir que es excepcional que un extraño le cause daño tan severo a un niño. Habitualmente ocurre que son sus propios padres los que los matan y los abusan sexualmente. ¿Por qué pasa esto en sociedades contemporáneas? Algunos estudios revelan que tiene que ver con que no se aprecia suficientemente el valor de vida de los niños y niñas. Ideas antiguas soportan esa idea: durante mucho la iglesia católica consideró que las personas solo eran personas hasta 15 o 20 días después de nacer, que el alma llegaba después de eso. Hay otras culturas en que se cree que los niños solo merecen una verdadera atención hasta los 12 o 14 años. Entonces todo ese lastre histórico de desprecio, hace que la violencia se normalice y no se haga lo suficiente para cambiar.

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Semana.com: ¿Es suficiente con aplicar la sanciones penales que hoy existen para castigar casos como este?

I.J.: Es un error pensar que el sistema penal puede resolver este problema. En Colombia más o menos el 15 por ciento de las mujeres son abusadas sexualmente, y esto es solamente lo que llega al sistema. Entonces imagínese el 15 por ciento de los hombres en la cárcel por este delito. Y eso sin contar que ese número podría llegar al 30 y al 40 % fácilmente si se denunciara más. Entonces, pensar que la manera que lo vamos a resolver es diciendo que nos vamos todos a la cárcel es un error. En este momento, el tercer delito por el que más personas van a prisión es el abuso sexual en menor de 14 años. Y eso no está realmente resolviendo mucho el asunto de fondo. El Sistema Penal tiene una serie de sanciones, y la Fiscalía está muy juiciosa en entrenar y capacitar a los funcionarios en la forma en que se recaudan las pruebas. Las organizaciones de mujeres han estado muy juiciosas en desarrollar toda la dogmática penal para que haya más efectividad en la sanción de este crimen. El problema es que el derecho penal no puede ser ni la única ni la más importante sanción.

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Semana.com: ¿Cómo abordar entonces la problemática?

I.J.: En ese punto tengo una gran divergencia con lo que hacen los movimientos de mujeres y feministas, yo sí creo que la alternativa penal es un error. Esas medidas que se están adoptando no tienen la potencialidad de reducir el fenómeno. Pueden tener importancia pero no el impacto que se esperaría en el mundo. Lo que está probado que bajan los índices son dos cosas: mayor equidad para las mujeres, es decir, igual salario, oportunidades de empleo, no acoso sexual y educación sexual desde edades tempranas y para toda la vida. Estos son los proyectos más importantes y los que han estado más desatendidos. Entre otras cosas, de toda esta movilización cristiana conservadora en Colombia los resultados se traducen en más violencia contra la mujer. Es un mundo donde los cristianos creen que hay que salvaguardar la familia por encima del bienestar de las mujeres. Soy muy pesimista porque las acciones que deberíamos estar emprendiendo son acciones que se están viendo obstaculizadas y la gente cree que se pueden negociar, el problema es que no se resuelve con sanciones penales altas ni siquiera con sanciones penales altas en donde a todos los hombres los metan a la cárcel.

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Semana.com: Mucho se cuestiona el papel de la familia en el caso de Uribe, ¿cómo analiza usted este aspecto?

I.J.: Que uno proteja a la familia es una reacción tan normal que por esto mismo el derecho penal excluye y uno no está obligado a declarar contra uno o contra la propia familia. Y no se puede hablar de encubrimiento si un familiar se abstiene de declarar cuando ha conocido los hechos. Ahora, cosa distinta es que haya encubrimiento activo, como una alteración de la escena del crimen para intentar obstruir la acción penal. Ahí sí digamos que hay sanciones porque sobrepasa la protección que se les da a los miembros de la familia. Ese tipo de actuaciones ya las habíamos visto en el caso de Colmenares, y es una idea como que las personas pueden estar por encima de la ley. Personas que pertenecen a una élite social, económica, piensan que la acción de la ley es para otros, que no es para ellos, ese es un rasgo cultural que ha sido estudiando pero toca estudiarlo más porque es un problema para la base de la sociedad. Está bien que la familia sea importante pero no que la familia esté por encima de la legalidad.

Semana.com: Por qué logran ser llevados a un hospital en vez de una cárcel ¿no debe esto cuestionar nuestro sistema penitenciario?

I.J.: Lo que parece que quieren alegar en este caso es una demencia transitoria y eso se hace como una estrategia de las élites, eso no se usa en los más pobres, en este país los pobres no se pueden enloquecer. Se utiliza para librar esta sanción, pero la dogmática penal está concebida de tal manera que esa excusa puede llevar a una exoneración completa del castigo. Sin embargo, en este caso muchas personas han dado información suficiente en otra dirección. Lo otro que ocurre es que alegan un trastorno inducido, una crisis por el uso de drogas, una sobredosis, sea verdad o mentira, pero esto no exonera porque es una situación inducida mental por el mismo sujeto.

Semana.com: ¿Qué reflexión debe hacer la sociedad ante este hecho?

I.J.: Es un caso impactante y triste. Y se vuelve en un escándalo, pero en realidad hay muchas preguntas. Quiero llamar la atención en que todo esto probablemente pudo ocurrir no solo porque era una persona con trastorno mental, sino porque había una serie de personas que no hicieron nada para impedirlo. El señor llega a un barrio, se lleva a una niña, no sabemos por qué no se hizo nada. Puede ser que nadie pudo hacer nada, pero necesitamos entender mejor por qué no protegemos a los niños. Después llega a un edificio, entra, el celador lo deja entrar con una niña de 7 años y siendo que no es su familia. Hay una cantidad de preguntas de por qué ningún tercero avisó.