NACIÓN
Expertos denuncian que zona de hallazgo del Galeón San José fue alterada
Desde el año 2015 arqueólogos aseguran que se ha retirado sedimento en la zona del descubrimiento, en aguas de Cartagena, lo que sería totalmente ilegal.
La semana pasada una veeduría ciudadana radicó una denuncia penal ante la Fiscalía por la supuesta “violación del contexto arqueológico” del Galeón San José, hundido en aguas de Cartagena en 1708, descubierto en noviembre de 2015 por parte del ICANH y la Armada Nacional, y posteriormente declarado como bien de interés cultural por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
La Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia (Vnpcs), dirigida por el historiador Francisco Hernando Muñoz, advierte que los restos del barco habrían sido alterados desde su descubrimiento, que en su momento fue anunciado con bombos y platillos por parte del Gobierno nacional.
Muñoz le explicó a SEMANA que la presunta violación del sitio del naufragio fue advertida por un experto que analizó las únicas fotografías que se conocen hasta el momento del galeón y que fueron presentadas por la Presidencia de la República en diciembre de 2015.
Se trata del arqueólogo mexicano Rodrigo Pacheco Ruiz, PhD. en arqueología subacuática, quien en diciembre hizo la denuncia pública en una conferencia que presentó la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla.
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“Este arqueólogo trabaja en este momento con la Universidad de Southampton en Inglaterra y analizó las imágenes que se publicaron por parte del gobierno cuando se anunció el hallazgo del galeón en 2015. También estudió las imágenes que fueron publicadas en 2018, pero capturadas entre el 17 de mayo y el 1 de junio de 2016”, explica Muñoz.
Según indicó el especialista a este medio, ese arqueólogo “hizo un estudio muy serio de estas imágenes, con equipos muy sofisticados, y demuestra que el contexto arqueológico del galeón se encuentra activo, es decir, ha sido objeto de intrusión, hecho que está explícitamente prohibido en nuestra legislación, a la luz de la Ley 1675 de 2013”.
Desde el primer momento en que se conocieron las imágenes del galeón y se anunció ante el mundo su descubrimiento, varios expertos en arqueología se habían pronunciado frente a este hecho.
Por ejemplo, arqueólogos subacuáticos consultados por diarios en España, como Miguel San Claudio de la empresa Archeonauta, y Javier Noriega, de Nerea Arqueología, afirmaron que “las fotos revelan que el yacimiento presentado en la rueda de prensa celebrada en Cartagena de Indias, ha sido objeto de una intervención previa típica de un pecio a profundidad”, según publicó el diario ABC en su momento.
En la misma línea de las denuncias hechas por la Veeduría, tras el estudio del arqueólogo Rodrigo Pacheco Ruiz, el español Miguel San Claudio advirtió desde hace seis años que “en la fotografía de los cañones se observa una importante retirada de sedimentos”.
“Las zonas donde la arena del fondo aparece más oscurecida es porque allí el sedimento ha sido retirado. Además, en esas zonas aparece una concentración mayor de conchas compatible con esa retirada de materiales”, señaló a la prensa española.
“No creo que los encontraran así de limpios de sedimento, en mi experiencia eso no es posible”, amplió.
La denuncia de la veeduría ante la Fiscalía, dijo Muñoz a SEMANA, se adelantó para que “el ente investigador determine la responsabilidad que puede caberle a las personas que estuvieron involucradas en toda esa operación que se llevó a cabo en aguas de Cartagena, en 2016 y vamos a llevar esa denuncia ante el Consejo de Estado”.
“En ese tribunal cursa en este momento la apelación a la acción popular que pretende la cancelación de la APP del Galeón San José. Esta solicitud de medidas cautelares ante el Consejo de Estado pretende proteger el contexto arqueológico del galeón, solicitando unas medidas que buscan la protección del bien arqueológico y evitar que el Gobierno pueda actuar tomando alguna decisión al respecto”, afirmó el historiador.
Según conoció este medio, tras el trámite de la denuncia el Gobierno debería esperar a que la Fiscalía se pronuncie para que el Consejo de Estado, partiendo de los resultados de la investigación de la entidad, determine qué se hará con el hallazgo, que desde primer momento ha representado un dolor de cabeza para el Estado colombiano.
