Santrich y Martínez: el camino por el que uno salió de la cárcel y el otro de la Fiscalía

Trece meses después de la captura de Jesús Santrich en el barrio Modelia de Bogotá, el caso dio un giro inesperado. En la misma mañana, el país supo que el excomandante de las Farc saldrá de su celda en la cárcel La Picota, y el fiscal general Néstor Humberto Martínez abandonará su despacho en el búnker de la Fiscalía. Esos hechos marcan un hito determinante en un caso ya bastante cargado de enredos y controversias.

La historia comenzó su fase pública luego de que, a comienzos de abril del año pasado, una corte del distrito sur de Nueva York emitió orden de captura contra cuatro personas: Santrich, Armando Gómez, Fabio Younes y Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. La solicitud se enmaracaba en una investigación por un supuesto negocio para enviar 10 toneladas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos, con intermediación del cartel de Sinaloa.

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En las pesquisas participaron dos agentes encubiertos de la DEA que recaudaron evidencias de reuniones realizadas por los involucrados entre 2017 y 2018, es decir, luego de la firma del acuerdo de paz. En esos encuentros, supuestamente, Santrich tomaba parte del entramado delincuencial. El negociador de las Farc en La Habana se defendió diciendo que lo que le habían planteado era el trabajo en proyectos agropecuarios.

Desde la captura comenzó la polémica. Miembros del partido Farc catalogaron el operativo como un montaje entre la DEA y la Fiscalía para atacar el acuerdo de paz. El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo entonces: "Los detenidos traicionaron los valores y principios de los acuerdos de paz. A todos los reinsertados que permanecen en la legalidad los invito a perseverar en la democracia y en el cumplimiento del orden legal". Desde el momento de la captura, Santrich entró en una huelga de hambre que se alargó por 40 días.

Tras la polémica comenzó el debate. Como la captura era con fines de extradición, se tenía que definir la competencia para decidir si Santrich podía ser enviado a Estados Unidos, o si lo pactado en La Habana lo impedía. Por un lado estaban los que creían que la extradición debía ser evaluada por la justicia ordinaria porque el delito ocurrió luego de la firma del acuerdo. En la otra orilla señalaban que la JEP era la encargada de definir si Santrich conservaba su garantía de no extradición, la misma que recibieron todos los excombatientes con la suscripción del acuerdo, y que solo se les puede revocar si reinciden o cometen nuevos delitos tras la fecha de firma de la paz.

En un primer momento, la JEP asumió la función y suspendió el trámite de extradición, mientras los involucrados en el caso le hacían llegar las pruebas para determinar si ésta procedía. La decisión causó polémica y escaló hasta la Corte Constitucional. El alto tribunal decidió finalmente, en medio de duras controversias, que la JEP debía conocer el expediente para determinar la fecha en la que ocurrieron los supuestos delitos, y con esto establecer si Santrich podía ser extraditado o no. También determinó que el tribunal transicional podía decretar pruebas para ese mismo fin.

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Para determinar la fecha, la JEP le pidió las pruebas del caso a la justicia de Estados Unidos. Y ahí se armó todo un embrollo. La solicitud se hizo a través del Ministerio de Justicia en diciembre del año pasado. La cartera envió la petición al Departamento de Justicia a través de 4-72, la empresa de correos del Estado. Sin embargo, el documento nunca llegó a su destino, se extravió en Panamá. Y el ministerio solo lo supo de eso hasta casi dos meses después de lo ocurrido.

A finales de enero, Gloria María Borrero, la ministra de Justicia, le notificó la pérdida de la carta a Patricia Linares, la presidenta de la JEP. El caso pasó a ser investigado por los organismos de control. El 1 de marzo finalmente llegó la respuesta de las autoridades gringas, diciendo que no enviarían ningún material del caso que compromete a Santrich, pues hacerlo afectaría la autonomía de su aparato judicial. Así, la JEP decretó cerrar el periodo de recolección de pruebas y se puso a la tarea de definir lo que pasaría con la extradición.

Mientras se tomaba esa determinación, estalló otro escándalo que en un principio golpeó al caso Santrich. El 1 de marzo, la Fiscalía capturó al exsenador Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica, y a Carlos Bermeo, el fiscal de la JEP, luego de recibir fajos de dinero por parte de un agente encubierto que los grabó. En un inicio, la Fiscalía aseguró que esa plata hacía parte de un soborno de medio millón de dólares pactado para incidir a favor de Santrich en el proceso de extradición.

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Sin embargo, esa relación del soborno con el caso Santrich no fue evidente en las audiencias de legalización de captura de Bermeo y Gil. Tanto así que la Procuraduría se encargó de dejarlo manifiesto en las diligencias, cuando su delegado aseguró que “no hay ninguna evidencia que permita ligar a Santrich”. Ese episodio puso en la palestra a la Fiscalía por sus declaraciones iniciales.

En todo este recorrido, el caso Santrich adquirió un trasfondo político determinante. Cuando la JEP empezó a solicitar la comparecencia de los altos mandos guerrilleros, algunos de ellos, como El Paisa, Iván Márquez y Romaña, aseguraron que no había garantías jurídicas para presentarse. Y como ejemplo de esa situación siempre señalaron el controversial proceso del que fue su compañero en armas. Del lado del uribismo, por ejemplo, se señaló que la injerencia de la JEP atentaba contra el recurso de la extradición y, por los mismo, contra la lucha contra el narcotráfico. El caso también se convirtió en un pulso entre la justicia ordinaria y la especial.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala de Revisión de la JEP se pronunció finalmente este miércoles. El tribunal negó la solicitud de extradición de Santrich y además ordenó su libertad. La JEP le mantuvo la garantía de no extradición porque con los pocos elementos probatorios que tenía en su poder, no pudo determinar que el supuesto negocio narco del que señalan a Santrich, haya ocurrido luego de la firma de la paz.

La JEP, además, envió copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue la actuación de la Fiscalía dadas las "irregularidades advertidas". En el auto que resuelve la situación del exjefe guerrillero, los magistrados cuestionaron duramente la actuación de la DEA y señalaron que los agentes adscritos a esa agencia estadounidense habrían delinquiendo en Colombia.

Ese paquete de decisiones ya había desatado un avispero político en la mañana de este miércoles. Pero lo más sorprendente estaba por llegar. Apenas habían pasado dos horas de conocerse la decisión de la JEP cuando el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció su renuncia irrevocable, acompañándola de una dura carta. En esta, calificó la decisión de la JEP como "un desafío al orden jurídico" que "abrió una puerta falsa para restringir la extradición". Remató haciendo un llamado a la ciudadanía "a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz".

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Este no será el último episodio de este caso. Falta ver qué rumbo tomará Martínez Neira tras su salida de la Fiscalía. Y muy pronto, seguramente, se verá a Santrich entrar al Capitolio, luego de pasar trece meses en una celda de La Picota, para fungir como congresista. Entre tanto, las acusaciones hechas contra el excomandante guerrillero están lejos de resolverse.