Expresidente Álvaro Uribe advierte sobre desigualdades y compara su caso con las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

Casi una semana después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejara en firme, por unanimidad, el fallo que negó la preclusión de la investigación que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez, la defensa del expresidente prepara y evalúa una nueva estrategia para reclamar su protección de los derechos fundamentales que ha considerado vulnerados durante la investigación por la presión a testigos.

El abogado Jaime Granados Peña, quien hace parte del equipo de penalistas que representa al exmandatario, manifestó que no comparte varias de las conclusiones que emitió el pasado viernes el Tribunal Superior, entre estos, el hecho de que no se hiciera mención alguna a los cuestionamientos por las interceptaciones que adelantó en su momento la Corte Suprema y en las que se registró una charla entre Uribe y el abogado Diego Cadena.

La defensa de Uribe sostiene que las interceptaciones, que se extendieron por casi un mes –entre el 7 de marzo y el 9 de abril de 2018–, fueron evidentemente ilegales, ya que se entregó información errónea sobre el titular de la línea que iba a ser “chuzada”, en medio de la investigación que se adelantaba contra el excongresista Nilton Córdoba Manyoma.

Pese a que el mismo alto tribunal –en voz del magistrado José Luis Barceló– advirtió sobre el “error” y se suspendió la interceptación, lo consignado en esa conversación entre Uribe y Cadena fue clave para que, en agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión sin precedentes, ordenara la medida de aseguramiento en contra del expresidente.

Frente a estos hechos, se advierte que la Corte y, posteriormente, los juzgados de conocimiento y el Tribunal Superior, no hicieron evaluación y mención alguna sobre la violación de las garantías procesales del exmandatario y omitieron por completo el hecho de que se trataba de una conversación entre abogado y cliente, lo que está protegido por la Constitución.

La defensa de Uribe reiteró que las autoridades judiciales no han actuado con el mismo racero, citando el hecho de que, en poco tiempo, fueron identificados y judicializados los agentes de la Policía y Fiscalía que participaron en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, quien fuera la niñera de Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas del presidente Gustavo Petro.

Sobre este caso, asegura que tiene más coincidencias de lo que se cree, porque también se manipuló la información para que las conversaciones de Marelbys Meza fueran interceptadas, vinculando su línea telefónica a una investigación que se adelantaba contra el temido Siopas, heredero de Otoniel en el Clan del Golfo.

De esta forma, en agosto, cinco agentes de la Sijín de la Policía y un supuesto informante fueron vinculados a un proceso por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Los procesados fueron enviados a la cárcel por representar un peligro para la sociedad y el proceso en sí.

De esta forma, reclaman que no se hayan tomado medidas efectivas frente a las interceptaciones ilegales que se adelantaron contra el exmandatario, pese a que tienen un modus operandi similar.

Incluso, va más allá y reitera que “hay una inconsistencia” en la forma como se ha aplicado la ley, resaltando las omisiones que se presentaron para la protección de los derechos fundamentales y procesales de Uribe Vélez.

En los próximos días, la Fiscalía General tomará una decisión frente al caso contra el exmandatario. Esto es, la designación de un nuevo fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que deberá definir si recolecta nuevas pruebas documentales y testimoniales.

De esta forma, podrá presentar una nueva solicitud de preclusión, si considera que existen los elementos necesarios, o, por el contrario, presentar el escrito de acusación (llamado a juicio) por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.