José Elías Melo, culpable en coima de 6,5 millones de dólares por contrato de Ruta del Sol II

José Elías Melo, el único exdirectivo del Grupo Aval procesado por el caso Odebrecht, fue declarado culpable por un juez de Bogotá. La denuncia que hace dos años hicieron los empresarios brasileños Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha Soares, terminó este lunes en una sentencia condenatoria contra Melo por haber "conocido" y "avalado" una coima de 6,5 millones de dólares para que el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales interviniera en favor del Consorcio Ruta del Sol SA cuyos socios mayoritarios Odebrecht y Episol, filial de Corficolombiana, consiguieron quedarse con las megaobras del tramo dos. 

El juez 14 penal de Conocimiento de Bogotá dio plena credibilidad al testimonio de Luiz Antonio Bueno, testigo estrella de la Fiscalía para este caso. "Es un hecho que Melo conocía el pago de la coima a Gabriel García Morales, mostró anuencia y permitió que su socio Odebrecht asumiera el pago. Hizo gestiones pertinentes para el reembolso a través de la cesión de un contrato que para el juez es inexistente, ficticio e irreal. Solo fue el vehículo para el pago de la coima", manifestó el funcionario judicial quien subrayó que las pruebas enseñan el conocimiento que Melo tenía del acto irregular.

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En respuesta a la defensa de Melo, el juzgado aseguró que no puede decirse que Odebrecht actuó solo. "Las pruebas de la defensa no logran derruir la acusación, mostrarlo como ajeno al acto corrupto se desdibuja con varios testigos presentados", dijo el juez. Siendo una compañía internacional y estando interesada en la adjudicación buscó una alianza con un socio que le abriera camino en el sector. "Buscó al mejor aliado para entonces, a Corficolombiana", subrayó. 

Además de las versiones entregadas por los tres Luises y de García Morales, el juez acreditó la versión de Enrique Ghisays Manzur, quien aceptó cargos por haber recibido la coima del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, mediante una telaraña de operaciones que incluyó la banca privada de Andorra, en Europa. 

El reembolso de la coima a Odebrecht, señaló el juzgado, se hizo a través de un contrato de papel con la firma española DCS Managment. Según Bueno, se reunió directamente con Melo quien le manifestó tener una seria dificultad con la compañia por lo que se pactó, que Odebrecht asumiría la totalidad del pago de 6,5 millones de dólares. "Después dividirían los costos a lo largo del proyecto, lo cual tendría lugar únicamente entre Episol y Odebrecht, sin dar participación a CSS Constructores, el grupo de Carlos Solarte, quien no tenía conocimiento del acuerdo”, manifestó el ejecutivo brasileño.

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El juez encontró veraz la declaración de Bueno, en donde asegura que recibió de Melo la autorización para finiquitar el pago de la coima y de la anuencia para que Odebrecht asuma el pago total. "Las reuniones entre Bueno y Melo tenían como fin específico  corromper para conseguir el contrato, como en efecto lo hicieron", aseguró el juez.

En la lectura del sentido del fallo, el juez llamó la atención a la Fiscalía porque la imputación de cargos a Melo fue una lectura deshilvanada, farragosa y antitécnica de los hechos. En la mencionada audiencia, incluso, se transcribieron detalles de la denuncia hecha por los tres brasileños que dieron origen al caso Odebrecht en Colombia sin el debido contraste de información. No obstante, estos vacíos de la imputación fueron subsanados durante la acusación, según señaló el juez.

Para el funcionario judicial, Melo ha cumplido con todas las audiencias, ha concurrido a las diligencias a las que se le ha citado. De modo que no dispuso la detención inmediata hasta que no cobre ejecutoria la sentencia. Sin embargo, sí tomó como medida preventiva impedirle la salida del país.

En la audiencia, la Fiscalía pidió que le aplicaran todos los agravantes teniendo en cuenta su hoja de vida de alto exdirectivo del Banco de la República y exministro de Trabajo. Para el ente de control debe pagar 133 meses (11 años) de prisión. Y una multa de 181 salarios mínimos legales vigentes (150 millones de pesos). La defensa pidió que la ejecución de la sentencia se haga en la cárcel La Picota, pabellón Ere Sur, mejor conocido como el pabellón de los parapolíticos. La tasación de la pena se conocerá el 29 de abril.