Expresidente de Medimás es judicializado por presunta corrupción en contratos de suministro de medicamentos

Tras una larga investigación, la Fiscalía judicializó al expresidente de la empresa prestadora de Salud (EPS) Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, y a otras dos personas porque presuntamente habían participado en actos de corrupción. Lo que habría generado desviación de más de 7.105 millones de pesos. Los movimientos ilegales habrán generado afectación en la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.

El fiscal del caso presentó ante un juez de control de garantías al Arenas Fonseca; a la contratista Mercedes Barrera Botía; y al propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonidas Olaya Forero, argumentó que ellos habrían realizado en 2017 dos procesos de contratación de manera irregular.

Los investigadores aseguran tener material probatorio que dejarían en evidencia el direccionamiento de los contratos con los que se pretendía para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para atender pacientes que padecían enfermedades catastróficas, huérfanas y de alto costo.

“En ese sentido, los contratos fueron entregados a una empresa de la señora Barrera Botia, la cual había sido constituida 15 días antes de la celebración de los contratos, no contaba con la capacidad financiera ni experiencia técnica, tampoco tenía las pólizas de garantía para respaldar el cumplimiento de lo acordado y registraba como dirección de funcionamiento la de la sede principal de Medimás en Bogotá”, dijo el ente acusador.

Para los funcionarios, la EPS no prestó a tención de esas anomalías y entregó un anticipo por 263.000 millones de pesos a la empresa. La investigación arroja que los recursos fueron mal utilizados, usando cerca de 7.105 millones de pesos en pagos de arriendos y varias actividades distintas a las que contractualmente fueron pactadas, “a través de dos compañías de las que formaba parte el señor Olaya Forero, también integrante del consorcio propietario de Medimás EPS”, detallan.

Por lo anterior, una fiscal de la dirección especializada contra la Corrupción imputó al expresidente de la EPS, a Barrera y a Olaya, por su presunta participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación. Sin embargo, ninguno de ellos aceptó cargos. La investigación avanza.

Cabe recordar que desde marzo pasado la mayoría de los usuarios de Medimás pasaron a ser atendidos por Nueva EPS en los departamentos de Norte de Santander, Huila, Tolima, Risaralda, Caldas y Boyacá. Tras la decisión del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud de finalizar las operaciones de la liquidada Entidad Promotora de Salud.

Los 481.736 usuarios estaban distribuidos en 14 departamentos del país, siendo Norte de Santander (95.226), Huila (65.729), Tolima (60.426), Risaralda (52.626), Caldas (41.444) y Boyacá (35.866) aquellos donde más personas se recibieron. La población restante está distribuida en otros nueve departamentos.

Otros escándalos del sector salud

En medio de la crisis de la salud que vive el país, se conoció que la Contraloría General de la República abrió una investigación preliminar por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, ubicado en Cali.

Tras realizar una inspección al proceso de contratación que se ejecutó entre los años 2018-2022, el organismo de control fiscal anunció un hallazgo fiscal por 1.307 millones de pesos. Frente a estos hechos, se ordenó la apertura de la indagación para establecer lo ocurrido con 22.644 millones de pesos de ese centro hospitalario.

“Como resultado de una Actuación Especial de Fiscalización al Hospital Universitario del Valle se constituyeron siete hallazgos administrativos”, precisó la Contraloría General en un comunicado de prensa.

Las irregularidades estarían relacionadas con pagos en mayor valor en nueve contratos de suministros de medicamentos suscritos por el Hospital. Por estos hechos, la Contraloría compulsó copias ante la Procuraduría General para que se abra una investigación disciplinaria y a la Superintendencia Nacional de Salud con el fin que evalúa la situación.