Expresidente Samper dijo que no fue invitado a la comisión asesora, pero Cancillería lo desmintió

Un fuerte choque se registró entre el expresidente Ernesto Samper y la Cancillería por la citación a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para discutir el litigio que tiene Colombia con Nicaragua.

Todo empezó porque el viernes de esta semana, por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario Samper dijo que no fue invitado de manera oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al encuentro que se desarrolló de manera virtual.

Samper, además de expresar su molestia por no ser invitado, señaló que el presidente Duque no debería tener miedo a debatir los temas de fondo que tiene Colombia con Nicaragua.

“Como el expresidente Gaviria, tampoco asistiré a la Comisión de Asesora de Relaciones Exteriores, entre otras razones, porque no fui invitado. Duque no le debe tener miedo a debatir en la Comisión temas de fondo como el de Nicaragua así le toque saludar de mano a Juan Manuel Santos”, dice el trino de Samper.

Pero el reclamo del expresidente no fue ajeno a la Cancillería. Horas más tarde de ese trino de Samper, por la misma vía la entidad reveló un documento con fecha del 3 de marzo en el que le extendía la invitación al exmandatario para que participara en la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

“Expresidente @ernestosamperp sí fue invitado a la sesión informativa de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que tuvo lugar hoy de forma virtual. La @CancilleriaCol envió carta al mismo correo de contacto de la citación anterior”, sostiene la Cancillería.

Cabe recordar que la tradicional Comisión Asesora de Relaciones Exteriores la conforman expresidentes, congresistas de oposición y dos delegados del presidente Iván Duque: el exministro Alfonso Gómez Méndez, cuya suplente es la exministra María Consuelo Araújo, y la exministra Noemí Sanín Posada, cuyo reemplazo es el politólogo y analista Fernando Cépeda Ulloa.

¿Qué pasa con Nicaragua?

No obstante, la Cancillería informó hace varias semanas que había enviado una enérgica nota de protesta a las autoridades de Nicaragua por la decisión que adoptó la Asamblea Nacional de ese país centroamericano de aprobar una normativa en la cual establece unilateralmente la llamada Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense.

Sobre ese tensa situación con Nicaragua, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la alerta está prendida por ese panorama, al argumentar que, bajo esa figura, el país centroamericano está incluyendo y calificando porciones del mar Caribe que serían de Colombia, como si fueran parte de su territorio.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno nacional, informa que hoy presentó ante Nicaragua su enérgica protesta frente a la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de ese país, mediante la cual se establece unilateralmente la llamada Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”, emanaba de uno de los puntos de la Cancillería.

La entidad agregaba en un documento ampliamente difundido que “Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y los logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco”.

Colombia fue más allá y expuso en su nota de protesta: “Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”.

También anotaba que “la declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medioambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”.