Expresidente Uribe propone consulta popular para reafirmar límites con Nicaragua, tras fallo que le da la victoria a Colombia

El expresidente Álvaro Uribe propuso este jueves una consulta popular con el propósito de reafirmar los límites en el mar Caribe con Nicaragua tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le dio la victoria a Colombia y negó las pretensiones del país centroamericano que buscaba ampliar su plataforma continental.

El exmandatario señaló que los límites con Nicaragua deben mantenerse en el meridiano 82, como estaba establecido hasta el fallo de la misma Corte de 2012, que otorgó al país liderado por Daniel Ortega kilómetros de mar. Uribe subrayó que dicha sentencia no puede aplicarse.

“Debe insistirse en una consulta nacional para reafirmar que los límites con Nicaragua, sean de espacio aéreo, nivel del mar o submarinos, están en el meridiano 82, señalado por el Tratado Esguerra-Bárcenas, de acuerdo con la costumbre de la época. No puede aplicarse la sentencia de 2012. Es mejor una tensión diplomática de 50 años que entregar un pedazo del mar de Colombia”, manifestó Uribe.

“Es la mayor victoria de nuestro país en las últimas décadas”: agente de Colombia tras fallo de Corte de La Haya

Eduardo Valencia-Ospina, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, realizó este jueves un pronunciamiento tras conocerse la decisión del tribunal de no aceptar las pretensiones de Nicaragua, en el caso sobre la delimitación de la plataforma continental entre los dos países más allá de 200 millas marinas.

El jurista afirmó que la determinación de la Corte es “la mayor victoria de nuestro país en las últimas décadas” y, además, pone fin a dos décadas de disputa con Nicaragua sobre los límites de los dos países en el mar Caribe.

“Sin duda alguna, hoy es un día de inmensa celebración para Colombia. Estamos complacidos con la decisión de la Corte de aceptar los argumentos de nuestra defensa jurídica y cerrar definitivamente el tercer y último caso y, con ello, la saga de más de 20 años que ha enfrentado a Colombia con Nicaragua. Esta es la mayor victoria judicial internacional de nuestro país en las últimas décadas. Es un hecho notable, victorias completas son poco frecuentes en la Corte”, dijo.

Valencia subrayó que el tribunal rechazó todas las pretensiones del país centroamericano en el proceso judicial. “La corte ha decidido que Nicaragua no puede reclamar una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas marinas de la Zona Económica Exclusiva. En consecuencia, la Corte rechazó todas las pretensiones presentadas por Nicaragua al final de sus alegatos. Esta es la decisión que Colombia mantuvo durante el proceso judicial y eso significa que no se puede hacer la delimitación propuesta por Nicaragua”, agregó.

“El fallo no solo reivindica la posición de Colombia sobre el fondo de la controversia sino también la política de Estado de Colombia de emplear el derecho como medio idóneo para la solución pacífica de las controversias, privilegiando el imperio de la ley y fortaleciendo los mecanismos judiciales”, sostuvo.

El jurista dijo, además, que el fallo sobre Colombia llena enormes vacíos en el derecho del mar y evitará nuevas e innumerables controversias contra estados un muchas regiones del planeta.

La historia de la demanda

El fallo de este jueves es el último capítulo de un pleito cuya fase final comenzó en diciembre de 2001, cuando el Gobierno de Managua demandó a nuestro país ante el alto tribunal. Los hechos evidencian el afán de Nicaragua de proyectarse hacia el Caribe, en ocasiones impulsada por los Estados Unidos, y la necesidad de Colombia de ocupar su posición en el Caribe occidental, al que durante muchos años desdeñó.

Las razones fundamentales de Nicaragua para demandar a Colombia ante la Corte fueron la negativa de nuestro país de negociar la soberanía del archipiélago de San Andrés y los cayos, y la posición colombiana desde 1969 de que la frontera marítima entre los dos países se había establecido en 1930 por el meridiano 82°.

Nicaragua consideraba además que no era posible que unas islas seis veces más cercanas a su territorio que al de Colombia y frente a su costa no les pertenecieran. Igualmente, creían que aun en el caso de que pertenecieran a Colombia, su jurisdicción marítima solo podría ser de pequeños enclaves de 12 millas de mar territorial alrededor, sin plataforma continental ni zona económica propias.

Con la convicción vendida muchos años atrás de que Colombia era “el adalid de la solución pacífica de las controversias”, ningún mandatario quiso dar el paso de desvincularse de la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Por algo, El Tiempo, cuando Nicaragua presentó su demanda, señaló en un editorial que “Colombia no tiene nada que ganar y Nicaragua nada que perder”.

Finalmente, cuando ya la demanda era inminente, la administración Pastrana retiró la declaración por la que había aceptado la jurisdicción de la Corte en 1936, pero quedó vigente el Pacto de Bogotá en el que también se establecía la misma obligación.

Colombia alegó que la Corte carecía de competencia para pronunciarse sobre la demanda de Nicaragua, ya que la controversia se había resuelto en 1930 con la entrada en vigor del tratado Esguerra-Bárcenas y que esa condición impedía al tribunal asumir la competencia por el Pacto de Bogotá. Nicaragua sostenía lo contrario. El asunto lo resolvió un fallo en 2007.

El fallo de la Corte del 13 de diciembre de 2007 fue netamente favorable para Colombia. Reiteró que el archipiélago era de Colombia y que el tratado de 1928 era válido y estaba vigente. Se reservó para otra instancia la decisión sobre cuáles eran las islas y cayos que hacían parte del archipiélago, así como la delimitación que debía realizarse, ya que rechazó el límite por meridiano reclamado por Colombia y la línea media entre las costas continentales que Nicaragua había invocado.

Al mismo tiempo, el presidente Uribe hizo una hábil presentación que generó optimismo entre la opinión pública. Por su parte, Ortega, también hábilmente, minimizó el grave golpe recibido a las tesis que Nicaragua y que él mismo venía sosteniendo desde muchos años atrás.

Vino luego, en noviembre de 2012, el fallo de la Corte sobre los asuntos pendientes. Este tribunal decidió trazar su propia delimitación de acuerdo con las normas vigentes del derecho internacional. No aceptó la línea media propuesta por Colombia ni el supuesto borde externo de su plataforma continental que Nicaragua pretendía.

Reconoció la soberanía colombiana sobre todos los cayos y asignó al archipiélago una considerable extensión de espacios marítimos. No obstante, enclavó dos de ellos, Serrana y Quitasueño, y afectó tratados que Colombia había concertado con otros Estados.

El entonces presidente, Juan Manuel Santos, armó una curiosa tesis, con respaldos domésticos, en el sentido de que Colombia no podía aplicar el fallo de la Corte hasta tanto no se concertara un tratado bilateral con Nicaragua en el que se incorporara lo establecido sobre la delimitación marítima en el fallo de 2012. Además, inició con su canciller y otros funcionarios del Gobierno una inusitada ola de ataques contra la Corte Internacional de Justicia, lo que llevó a que el presidente del tribunal citara al embajador de Colombia en La Haya y formulara una formal protesta, ya que algo así nunca se había presentado.

Ortega y su combo, después de haber perdido la aspiración fundamental sobre los cayos y la delimitación marítima, y aprovechando el desconcierto colombiano, tiempo después demandó a Colombia nuevamente, reclamando la misma línea que la Corte le había negado en el fallo de 2012.

De ahí en adelante se presentan una serie de incidentes jurídicos que se pueden resumir en que Nicaragua, teniendo enterradas sus pretensiones sobre las islas de San Andrés y Providencia y la totalidad de los cayos, trata de que al menos la Corte Internacional de Justicia le respalde una jurisdicción marítima que penetre en los espacios generados por la costa continental de Colombia.