Hasta nietos de exprocuradores usaban esquemas de seguridad

Es habitual que el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado suela contrarrestar críticas con frases que quedan resonando en la opinión pública. El viernes, cuando varios sectores cuestionaron el porqué a 57 días de haber dejado el cargo como jefe del Ministerio Público continuaba gozando de un esquema de seguridad de 48 escoltas, Ordóñez dijo que “le importaba un bledo” que le retiraran carros y hombres a su servicio. A Semana.com le dijo que finalmente los comandantes de su esquema son “San Miguel Arcángel y la Virgen María”.

A Ordóñez le reprocharon seguir usando un cuerpo de seguridad que, según la representante a la Cámara Angélica Lozano, cuesta 428 millones de pesos mensuales, incluidos 16 vehículos, gasolina, conductores, escoltas de la Policía, viáticos, peajes y motorizados. Es decir, el mismo servicio que Ordóñez usaba para su protección cuando era procurador.

Nietos, hijos y esposas

Sin embargo, un vistazo a las resoluciones que han regulado durante los últimos años la protección de los exfuncionarios de esa entidad muestra que al menos dos exprocuradores generales de la Nación mantuvieron los vehículos y escoltas durante siete años después de dejar el cargo. El primer caso es el del reconocido jurista Carlos Gustavo Arrieta, quien estuvo al frente de la institución de 1990 a 1994.

Según se puede leer en la Resolución 075, la Procuraduría decidió retirarle el esquema de seguridad el 22 de marzo del 2001, es decir, siete años después haber terminado su periodo. La decisión fue tomada por el entonces procurador, Edgardo Maya Villazón (quien a su vez tuvo esquema de la Procuraduría por cuatro años más después de retirarse), basándose en estudios de seguridad.

"El estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza del doctor Arrieta Padilla, realizado por el Departamento de Seguridad (DAS) el 15 de mayo del 2000, concluyó: "En la actualidad presenta un nivel de riesgo bajo, por no existir ningún tipo de amenaza contra la integridad personal o la de su familia, por lo que se recomienda adoptar las medidas de autoseguridad. Además, una vez concluida su labor como procurador general de la Nación, no se han presentado hechos o actos en contra de su integridad física o la de su familia‘", dice en la resolución.

Pero, según se lee en documentos de la época, Arrieta Padilla había solicitado esquema incluso más tiempo de los siete años. Así se evidencia en una carta que le dirigió al viceprocurador general el 28 de febrero del 2001. “El peticionario ha manifestado que si bien el estudio realizado por el DAS indica que su nivel de riesgo es bajo, ello no significa que no existe”, decía el documento.

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Consultado sobre el tema, Arrieta dice que los esquemas de seguridad no se asignan porque el protegido lo quiera, sino porque hay entidades que de manera profesional determinan el riesgo. "No es porque uno diga, sino por un asunto objetivo. En mi caso, yo salí de la Procuraduría, me fui del país y dos años después, me asignaron un modesto carro blindado con un conductor y un escolta. Luego sólo fue el vehículo. Cuando consideraron que ya no lo necesitaba, pues simplemente me lo retiraron".

El otro caso que se advierte en los últimos años es el de Jaime Bernal Cuéllar, procurador entre 1997 y el 2000. Dos años después de terminar su gestión, la Procuraduría tomó la decisión de retirar un esquema que estaba al servicio de sus nietos: dos mujeres y dos hombres. Eso dice el contenido de la Resolución 048, del 2 de febrero del 2002. Estos familiares de Bernal tenían a su disposición dos escoltas, dos conductores y dos vehículos.

Dos años y seis meses después de terminada la era de Bernal en la institución, su esposa y dos hijas todavía conservaban dos conductores, dos escoltas y dos vehículos. Pero, a través de la Resolución 278 del 28 de agosto del 2002, la Procuraduría solicitó el reintegro, tanto del personal como de los carros.

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Y sólo el 18 de mayo del 2007, el Ministerio Público le notificó a Bernal Cuéllar que ya no podría usar más protección de la entidad. Según la Resolución No. 126, el jurista seguía usando para su servicio un agente de seguridad, un conductor, una camioneta Rodeo con blindaje nivel III y una motocicleta. “Los bienes deberán ser reintegrados a la entidad  una vez la Policía haya asumido la seguridad personal del doctor Bernal Cuéllar, acorde al nivel de riesgo clasificado”.

Al respecto, Bernal asegura que contó con un esquema sencillo: “dos carros viejos porque ni siquiera quise cambiarlos, y una moto. Tenía asignadas cinco personas. Después que salí le quitaron a mi familia la seguridad y a mí me dejaron una persona y un carro. Posteriormente, me dijo Edgardo Maya que si le podía devolver el carro, así que lo hice. Compré una camioneta y la Policía me mandó un agente de civil y el chofer lo pagaba yo. El agente no lo tuve más de ocho meses. No es cierto que yo haya tenido esquema de seguridad siete años, yo soy de los exfuncionarios que menos seguridad tuvo. Creo que a uno le deben medir el nivel de riesgo de acuerdo al cargo que ocupa. Pero es un poco exagerado para cualquier funcionario, que dure cuatro años con 20 carros, es exagerado”, dijo.

Las decisiones de Ordóñez

El sustento legal que ha regulado los esquemas de seguridad de los exfuncionarios de la Procuraduría se puede hallar en las resoluciones. Las últimas dos las ha emitido Alejandro Ordóñez. La primera tiene fecha del 3 de abril del 2009. En ella se contempla que, “salvo el caso de los exprocuradores, exviceprocuradores y sus familias, a quienes se les prestará el servicio después de haber dejado el cargo”, la división de seguridad no podrá hacerse responsable de la seguridad de funcionarios que ya no estén en la entidad. La razón –decía en el documento- es que la Procuraduría no contaba con el recurso humano ni la estructura logística.

Hasta ahí no había límite de tiempo para el servicio de escolta y vehículos a exprocuradores generales y ex viceprocuradores. Pero el 9 de agosto del 2013, mediante la Resolución No 323, Ordóñez decidió limitar esa protección que antes no tenían fecha de caducidad. “Bajo ninguna circunstancia dicho beneficio puede superar los cuatro (4) años antes señalados”, dice la resolución.