Exrepresentante Argenis Velásquez, en capilla por cartel de la toga

La exrepresentante liberal Argenis Velásquez fue alcaldesa de Orito (Putumayo), cargo del que salió cuestionada por supuestamente dirigir indebidamente millonarios contratos que después no se ejecutaron. Esta culebra quedó viva y para cuando salió electa representante a la Cámara en 2014, amenazó con atravesársele a su carrera de parlamentaria. 

En la Corte Suprema de Justicia se inició una investigación preliminar en su contra, la cual correspondió por reparto al exmagistrado Gustavo Malo. El encargado de sustanciar el caso fue su magistrado auxiliar Camilo Ruiz; y el abogado a cargo para su defensa fue Gustavo Moreno. Hoy todos estos nombres son protagonistas en el cartel de la toga. Los dos primeros incluso están tras las rejas,  Moreno en Estados Unidos a donde fue extraditado. 

Argenis Velásquez fue uno de los nombres que entregó el abogado Gustavo Moreno cuando firmó su negociación con la justicia colombiana. Las declaraciones del abogado fueron confirmadas dos años después por el magistrado auxiliar Camilo Ruiz, quien consiguió un principio de oportunidad por el delito de cohecho propio con lo que accedió a darle su colaboración a la justicia. 

"Yo sabía que Camilo (Ruiz) y Francisco (Ricaurte) habían trabajado juntos, pero no tenían relación íntima, de hecho, cuando quería que tuviera acercamientos me lo decía. Solo fue en esos dos casos (Argenis Velasquez y Nilton Córdoba)", dijo el abogado, quien ya fue condenado en Estados Unidos.

Según la Fiscalía, en los primeros meses de 2016, Moreno tuvo comunicación directa con Camilo Ruiz para preguntarle por el estado del proceso. Este contestó que la situción de la representante Argenis Velásquez era comprometedora y que una vez se abriera instrucción tendría que ordenar su captura por la delicadeza de las pruebas.

En vista de esta situación, Argenis Velásquez y su abogado acordaron el pago de 200 millones de pesos que tenían como propósito frenar las acciones de la Corte Suprema de Justicia. 130 millones iban para el magistrado Camilo Ruiz, quien debía cumplir con engavetar el expediente.

"En este caso estaba lista la captura, había prueba para ello. Francisco (Ricaurte) me dice que si no reestructuramos la capturan. Entonces hicimos lo mismo, demorar, dilatar, practicar unas pruebas para buscar que le resolvieran sin detención", dijo Moreno en sus declaraciones ante la corte.

En consecuencia, Ruiz ordenó la práctica de varias pruebas sin que se pudiera realizar la audiencia, ya que sistemáticamente la defensa solicitó el aplazamiento. En algunas oportunidades, estas dilaciones eran de común acuerdo con la procesada para que coincidiera o se cruzara con otros compromisos de Moreno. Así consiguió tener dos años este caso en indagación preliminar.

"Argenis Velásquez conocía que estaba entregando dinero a un funcionario público con la finalidad de que se retardara la actuación que en su contra se adelantaba y quiso hacerlo", dijo la Fiscalía en su escrito de acusación. Con estas evidencias, Velásquez se enfrenta a una pena hasta de seis años de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer. En caso de ser encontrada responsable se convertiría en la primera exparlamentaria en ser sentenciada por intentar corromper a la justicia en el marco del escándalo conocido como el cartel de la toga.