Nación
Exsenador Álvaro ‘El Gordo’ García pasará Navidad en la cárcel. Corte Suprema le negó la libertad
El acusado por desplazamiento forzado en la masacre de Macayepo había pedido que le suspendieran la medida de aseguramiento.
El exsenador Álvaro ‘El Gordo’ García pasará las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, después de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le negó la solicitud de suspender la medida de aseguramiento que pesa en su contra.
La decisión del magistrado Jorge Emilio Caldas dice: “No conceder la suspensión de la medida de aseguramiento, por las razones expuestas en esta decisión. Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación”.
A finales de julio de este, la Corte Suprema ya le había negado una solicitud para revocar la medida de aseguramiento a ‘El Gordo’ García, considerando que era un peligro para la sociedad. Esta nueva decisión no está tan alejada a la que ya se había emitido hace un par de meses.
En los argumentos del magistrado Jorge Emilio Caldas detalla: “no puede perderse de vista que la propia Sala de Casación Penal, al resolver la situación jurídica en el presente caso, fue enfática en la gravedad del delito que le fue atribuido a García Romero, el cual ha afectado a la colectividad colombiana, concretamente a las comunidades de los departamentos de Sucre y Bolívar, desde la década de los ochenta del siglo pasado”.
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Los hechos por los que García sigue en prisión se dieron entre el 9 y el 17 de octubre de 2020, cuando se produjo la masacre de Macayepo, ejecutada por integrantes del denominado ‘Bloque Héroes de los Montes de María’ de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los municipios del Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre (Sucre).
La Corte Suprema sustentó en su decisión que “en el presente caso no resulta procedente la suspensión de la privación de la libertad a favor de Álvaro Alfonso García Romero al tenor de lo señalado en el numeral 1° del artículo 362 de la Ley 600 de 2000, pues la conducta que se le imputa es de extrema gravedad, por lo que los fines de la detención en especial el que pretende proteger a la comunidad, cobran especial trascendencia”.
La Sala de Primera Instancia también recordó que en casación se enfatizó la gravedad del delito que le fue atribuido al exsenador, y la cual, terminó afectando a 4.000 colombianos que para la época vivían en los departamentos de Sucre y Bolívar.
