Judicial
Exsenador Ciro Ramírez contra las cuerdas. Procuraduría pidió acusar al senador por actos de corrupción
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema deberá definir en los próximos días la situación jurídica del excongresista por presuntamente exigir un soborno de mil millones de pesos para la entrega de contratos en el Departamento de Prosperidad Social.
La situación jurídica del senador Ciro Ramírez está ad portas de resolverse. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió un concepto clave en medio del proceso que se adelanta contra el congresista del Centro Democrático por presuntamente haber exigido sobornos y puestos a cambio de librar la entrega de millonarios contratos de infraestructura en por lo menos cinco departamentos.
Hace poco, al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto llegó un extenso documento de la Procuraduría General en el que solicita directamente que se emita resolución de acusación en contra del dirigente político, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Esto por considerar que existe una gran variedad de testimonios que indican que Ramírez habría aprovechado sus nexos e influencias políticas para direccionar la entrega de contratos en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en los departamentos del Tolima, Santander, Quindío y Caldas, para así “afianzar su proyecto político”.
El senador, quien fue capturado el pasado 15 de diciembre, le solicitó por intermedio de su defensa a la Corte Suprema rechazar las declaraciones de los dos testigos principales en su contra asegurando que han emitido este tipo de acusaciones sin sustento y en el marco de un principio de colaboración con la Fiscalía General para cesar la persecución penal en su contra por estos actos de corrupción.
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Sin embargo, para la Procuraduría General, existen también evidencias documentales que reseñan reuniones injustificadas en la sede del DPS, en el centro de Bogotá; así como encuentros políticos en varios departamentos en los que se ponía como contraprestación la entrega de estos contratos a cambio de apoyo a candidaturas.
En la resolución que definió la medida de aseguramiento contra Ramírez, y que fue revelada en exclusiva por SEMANA, se precisó la exigencia de un soborno por mil millones de pesos; así como miles de interceptaciones telefónicas demostrarían la manipulación de 15 contratos entre los meses de noviembre de 2020 y diciembre de 2022.
Igualmente, se tuvo en cuenta un certificado de ingresos a la cárcel La Picota, de Bogotá, en el 2022 cuando Ciro Ramírez visitó como abogado a Pablo Cesar Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, y quien para ese momento negociaba con la Fiscalía General un preacuerdo para entregar información sobre estos actos de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social.
“Lo vi muy preocupado, muy consternado, preguntándome que qué había pasado, ofreciéndose su ayuda y su apoyo, insistentemente me preguntaba si necesitaba algo, yo sentí que me estaba ofreciendo dinero”. La declaración de Correa fue clave para determinar que estando en libertad el senador podía afectar la integridad de la investigación presionando potenciales testigos y alternando las pruebas.
El 31 de octubre de 2023, la Procuraduría General abrió una investigación preliminar en contra de Ciro Ramírez por presuntamente participar en el direccionamiento de contratos por un valor cercano a los 9 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta el sol de hoy, la Sala de Instrucción de la Procuraduría no ha determinado si existen méritos o no para abrirle una investigación formal.
