¿Alcaldes atornillados en el poder?

La representante a la Cámara Juanita Goebertus, la más votada en Bogotá en las pasadas legislativas, dejó pensando a la Comisión Primera el miércoles pasado. Goebertus presentó una ponencia con la que le encontró salida a un tema con más implicaciones de lo que parece: unificar los periodos de gobernadores y alcaldes con el periodo del presidente de la república y, simultáneamente, los tiempos de los mandatos de diputados, concejales y congresistas.

Los cuatrienios correspondientes a las autoridades de las ciudades, las regiones y la Nación no coinciden desde hace muchos años. El periodo de alcaldes y gobernadores que comenzaron en 2016 terminaría en 2020 y el del presidente, que empezó este año, llegaría a su fin en 2022. Lo mismo pasa con los cuerpos colegiados de cada nivel.

Para muchos mandatarios y analistas, esa discordancia temporal causa dificultades de coordinación entre el ámbito local y nacional. Muchas veces, por ejemplo, lleva a perjudicar la gestión de los alcaldes en las ciudades o a que haya que reversarlas cuando llega un nuevo gobierno nacional que les congela el presupuesto de la Nación porque considera que hay otras prioridades. En el caso de Bogotá, por ejemplo, esa falta de articulación entre la Nación y el Distrito llevó, en épocas anteriores, a ponerles largas a iniciativas tan importantes como el metro.

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Con la idea de corregir ese orden de cosas, un grupo de representantes de La U, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Centro Democrático presentaron un proyecto para homologar las fechas de las elecciones. La idea contó con el respaldo de Asocapitales, entidad no gubernamental que agrupa a las capitales de departamento.

La simultaneidad en los tiempos de gobierno entre mandatarios de instancias locales de elección popular, regionales y nacionales, existió entre 1988 –al establecerse la elección popular de gobernadores y alcaldes– y 2002, cuando se amplió un año el periodo de estos últimos. En términos generales, la idea de articular procesos de planeación y reducir costos al hacer elecciones el mismo año tuvo buen recibo entre la mayoría de los congresistas y el aval de la Contraloría.

A la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, los promotores de la iniciativa suman otro argumento. Sostienen que los alcaldes actuales tendrán problemas de ejecución por cuenta de encontrarse dos veces con la Ley de Garantías en su periodo. Esa ley estuvo vigente varios meses antes de la elección presidencial y volvería a estarlo en 2019 antes de los comicios locales. Ese problema no existió cuando la reelección permitió presidencias de ocho años.

Pero el relativo consenso político alrededor de la posibilidad de hacer coincidir todos los periodos se rompió en la Cámara cuando discutió cómo llevar esa idea a la práctica. Para que todas las elecciones se puedan hacer el mismo año, la iniciativa contempla un artículo transitorio según el cual “los periodos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles cuya elección y designación, según sea el caso, se efectuó antes de la vigencia del presente acto legislativo, así como de los designados con posterioridad a esa fecha, continuarán en sus funciones hasta el 19 de julio de 2022. Sus sucesores se elegirán en el año 2022, para el periodo constitucional que se iniciará el 20 de julio de ese año”.

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Ese artículo implica que, para homologar los periodos, Enrique Peñalosa, Álex Char, Maurice Armitage, Federico Gutiérrez y el resto de alcaldes del país, sumados a los gobernadores, deberían quedarse dos años y medio más en el cargo, para que su ciclo coincida con la próxima elección presidencial. Esa realidad molestó a partidos de la oposición que consideraron que atornillar a los gobernantes locales por dos años más limitaba sus posibilidades de competir en política.

En el caso de Bogotá, por ejemplo, Antonio Navarro, de la Alianza Verde, y Hollman Morris, de los Decentes, vienen trabajando desde hace meses por llegar al Palacio Liévano en 2019. Asumieron su vocería los representantes Inti Asprilla y Germán Navas Talero, quienes aseguraron que el proyecto tenía un mico para prolongar los mandatos de Peñalosa y de Char, que recibieron el apoyo de Cambio Radical en 2015. En conversación con SEMANA, Luz María Zapata, directora de Asocapitales, insistió en que no hay mico alguno, puesto que la intención de la iniciativa se plantea en el título de la misma y en que la entidad que dirige es más técnica que política.

A pesar del ruido que armaron los críticos de la idea de alargar el periodo de los actuales gobernantes, no les fue tan bien en el primero de ocho debates. La representante Ángela María Robledo, excandidata vicepresidencial de Gustavo Petro, escribió una ponencia negativa que salió derrotada por 26 votos contra 7. En esta argumentó que hacer las elecciones de alcaldes, gobernadores y presidente en años diferentes favorece la descentralización política y viola la voluntad de los electores. Esto, asegura, debido a que la gente votó por los alcaldes actuales por cuatro años y no por más. “No quisiera pensar que esto es un intento de atornillar al poder a alguno de estos gobernantes. Si quieren algo así, mejor regresemos a los ochenta, a la Constitución de 1886, cuando desde la Casa de Nariño se nombraban los alcaldes y gobernadores”, dijo en su discurso.

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Juanita Goebertus logró una salida intermedia. Su ponencia respondió a la idea de que la homologación se debe hacer, pero no en 2019, y que las elecciones de todas las autoridades, incluyendo el Congreso, deben realizarse el mismo año, pero no simultáneamente. Su fórmula intermedia propone aumentar un año los periodos del Legislativo y los otros órganos para mantener el equilibrio de poderes previsto en la Constitución, lo cual es razonable si se considera que un cuatrienio puede ser un ciclo muy corto para un mandato. A eso se suman las siguientes propuestas: 1) no extender los periodos de quienes se encuentran actualmente ejerciendo los cargos; 2) extenderlo a cinco años para presidente, vicepresidente, senadores y representantes desde 2022; y 3) extenderlo a cinco años para alcaldes, gobernadores, diputados y concejales desde 2028. Con una diferencia de meses entre los procesos de elección nacional y local, ambos niveles gobernarían desde ese año hasta 2032, y así sucesivamente.

El próximo martes, la comisión deberá votar el articulado de esa ponencia, para que la idea de homologar periodos pueda llegar a la plenaria de la Cámara, en el segundo de ocho debates. No serán discusiones fáciles y en ellas seguramente se medirán las fuerzas de los partidos gobiernistas e independientes, por un lado, y los de centroizquierda, por el otro. No en vano, el proceso electoral que se avecina en los ámbitos local y regional promete ser una puja similar a la de la pasada elección presidencial.