NACIÓN
Extinción de dominio a bienes de Blanca Yazmín Becerra, cerebro del desfalco a la DIAN
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los inmuebles, vehículos, sociedades y productos financieros afectados ascienden a 30 mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación anunció la extinción de dominio a Blanca Yazmín Becerra, conocida como el cerebro del desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Becerra Segura fue condenada por el juez séptimo especializada de Bogotá a pagar 26 años y cuatro meses de cárcel. Sin embargo, en 2013 fue favorecida por la revisión del Tribunal del fallo de primera instancia y terminó por ser sentenciada a 16 años y nueve meses de cárcel.
El Juzgado Tercero Penal Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá avaló los argumentos y procedimientos realizados por el ente acusador, con los que demostró la existencia de un patrimonio ilícito producto de una millonaria defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En las investigaciones se constató que, mediante solicitudes irregulares de devolución del impuesto al valor agregado (IVA), se obtuvieron recursos de manera ilegal que sirvieron para que una de las principales articuladoras del fraude, Blanca Yazmín Becerra Segura, adquiriera bienes.
Estos aparecían a su nombre o fueron titulados a 28 integrantes de su núcleo familiar. En ese sentido, el juez declaró la extinción de dominio de todos los derechos reales principales y accesorios sobre 26 inmuebles ubicados en Bogotá, Ibagué (Tolima), Madrid, Fusagasugá, La Vega y Apulo (Cundinamarca), 14 sociedades, 22 vehículos y 68 productos financieros, entre CDT, cuentas bancarias, fiducias y acciones.
Los bienes afectados, cuyo valor es cercano a los 30 mil millones de pesos, quedaron a disposición de la nación y serán administrados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En contexto, la investigación penal calculó la defraudación a la DIAN por concepto de devoluciones fraudulentas del IVA en aproximadamente 300 mil millones de pesos.
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El material probatorio puso en evidencia un engranaje delincuencial, conformado por funcionarios y particulares, en el que se crearon empresas fachada y sociedades que hicieron las veces de proveedoras de materiales de chatarra con supuestos fines de exportación. De esta forma, fueron sustentadas las peticiones de devolución del IVA y se consumó el desfalco. Entre los condenados por estos hechos está Blanca Yazmín Becerra Segura, quien es la afectada con el fallo de extinción de dominio.
El fraude, cuya investigación se denominó el desfalco a la DIAN, consistió en la creación de empresas ficticias exportadoras, que posteriormente solicitaban la devolución del impuesto al valor agregado, IVA, sin tener derecho a tal beneficio.
Según se informó en 2013, Blanca Jazmín Becerra llegó a crear 10 empresas de papel desde el año 2003 para el ilícito. También llegó a tener un patrimonio cercano a 20.000 millones de pesos, dinero con el que adquirió ocho casas, tres apartamentos, cinco parqueaderos, siete lotes, tres oficinas, un local comercial, 12 vehículos y una finca en Anapoima (Cundinamarca), donde se deleitaba cabalgando caballos de paso.
Por el desfalco a la DIAN, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación elevaron en su momento múltiples sanciones disciplinarias y penales. Desde 2013, el Ministerio Público formuló cargos a varios funcionarios y el ente acusador mandó a prisión a varios funcionarios por las múltiples irregularidades cometidas.
En 2012, aparte de Blanca Yazmín Becerra fue condenado a 21 años de cárcel José Norvey Garzón Fierro, escolta de Becerra, a quien se le ordenó el pago de una multa de 18.120 salarios mínimos mensuales legales vigentes por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento de particulares, mientras que María Delia Segura de Becerra, madre del cerebro de desfalco a la DIAN, fue condenada a seis años de cárcel y se le impuso multa de 970 salarios mínimo mensuales legales vigentes por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.