Extradición 'express'

Al actual gobierno ya le puso el acelerador a la extradición de colombianos. En sólo seis meses ha enviado a 34 nacionales a diferentes países cuando durante los cuatro años de Pastrana fueron extraditados 78. Pero no sólo el gobierno está comprometido con esta política sino que además está haciendo todo lo posible por agilizar el proceso, que actualmente demora cerca de un año. En este sentido el presidente Uribe viene solicitándole a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que aceleren los 45 procesos que tienen en sus despachos. Un claro ejemplo del interés del gobierno fue la prontitud con la que se le dio el visto bueno a la extradición del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, quien fue enviado a Estados Unidos el pasado 6 de diciembre.

Uno de los grandes abanderados de esta política ha sido el ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, quien le pidió a la Corte Suprema despejar el camino para agilizar los trámites. "La extradición es un acto administrativo y la Corte está para otras cosas", dijo Londoño. El Ministro ya había visitado al presidente de la Corte, Germán Gonzalo Valdés, para solucionar el trámite laberíntico de las extradiciones y conseguir de los magistrados el beneplácito para optar por la extradición por vía administrativa. "Después de la visita del Ministro nos reunimos en sala extraordinaria y la conclusión es que no nos oponemos.", advirtió Valdés Sánchez.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, 60 solicitudes de extradición están en trámite ante la Corte, aunque el presidente de la sala de casación penal, Alvaro Orlando Pérez Pinzón, le dijo a SEMANA que tramitan 45: "Todos los martes nos ocupamos de las extradiciones y cada uno de los nueve magistrados que conformamos la sala tramitamos cinco permanentemente". La demora de las extradiciones en la Corte se debe a que los abogados de los narcotraficantes interponen todo tipo de recursos jurídicos, como tutelas y hábeas corpus, e invocan toda suerte de incisos de los códigos con el fin de retrasar los procesos.

Por su parte el abogado penalista Antonio José Cancino, quien se ha negado en múltiples ocasiones a defender a los capos de la droga, aseguró: "Yo estoy en desacuerdo con la extradición por vía administrativa, en la que la valoración jurídica no ofrece las mismas garantías. Para un sindicado es mejor que la Rama Jurisdiccional detecte un mal procedimiento y garantice el respeto al derecho fundamental".

Pero el gobierno piensa otra cosa y para lograr su objetivo necesita el apoyo del Congreso. Tendría que reformarse el Código de Procedimiento Penal de nuevo o utilizar la extradición por vía administrativa a través de un decreto de excepción expedido por el presidente Uribe. Pero este sólo tendría vigencia durante el período de conmoción interior. El Presidente ya envió el primer mensaje cuando anunció, el pasado 8 de enero, que presentará al Congreso en marzo próximo "las bases legales de una política que permita que nuestro país se cure de esa pesadilla que es el imperio de la criminalidad sobre el Estado de derecho". Por su parte el presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos, dijo que apoyaría la iniciativa de Uribe, "que es buena para una justicia colombiana que es lenta", y ve con buenos ojos que los parlamentarios la apoyen. De ser así el gobierno ganaría una batalla jurídica y las 106 personas que están en lista de espera para subirse a un avión se irían en mucho menos tiempo de lo previsto. Según las cifras que maneja el Ministerio de Justicia el año pasado fueron extraditadas 68 personas: 54 colombianos a Estados Unidos; cuatro a Canadá; dos a Perú y uno a Argentina. Además fueron extraditados a sus países de origen dos españoles, un ecuatoriano, un italiano, un brasileño, un francés y un israelí. De esas 68 extradiciones, que venían en trámite de la administración anterior, 34 fueron firmadas por el presidente Alvaro Uribe en seis meses que lleva de gobierno.

La preocupación del gobierno no para ahí. Actualmente existen 260 solicitudes de extradición, de las cuales 80 por ciento son de colombianos acusados de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y secuestro. Esta cifra tiene en alerta a las autoridades de prisiones ya que, según fuentes oficiales, el hecho de que un líder del narcotráfico o de una organización delictiva permanezca cerca de un año en la cárcel, a la espera de una extradición, puede convertirse en una amenaza, sobre todo para algunos representantes del Estado en cuyas manos recae la decisión. SEMANA consultó con un funcionario de alto nivel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien sostuvo que en la mayoría de los casos no saben en dónde recluir a los extraditables, que son personas sindicadas y no condenadas. Por seguridad permanecen en los pabellones de alta seguridad de las cárceles cuando dicho sitio, por ley, es para los condenados. "Esta situación se está volviendo una bomba de tiempo porque los extraditables, sobre todo aquellos que tienen un perfil de alta peligrosidad, continúan con visitas conyugales y familiares, que de alguna manera les ayudan a mantener un contacto con sus organizaciones delictivas", señaló el funcionario. Por lo pronto, el gobierno se la va a jugar toda para resolver este problema.